El Partido Popular (PP) continúa con su ofensiva por el caso Ábalos, sobre todo después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente haya citado a declarar como testigos para la semana que viene al ex gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón y a Celia Rodríguez, una trabajadora de la Secretaría de Organización al frente de la cual estuvieron primero el ex ministro de Transportes y luego Santos Cerdán. Los populares ven ya la financiación irregular «sobrevolando» por el PSOE, como verbalizó este martes, durante su rueda de prensa semanal, la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz, quien argumentó, como llevan semanas haciendo los conservadores, que no hay trazabilidad o prueba, por ejemplo extractos bancarios, que justifiquen los miles de euros que recibieron en sobres tanto Ábalos como su íntimo colaborador, Koldo García.
La portavoz del Grupo Popular aseveró que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, dejó «una puerta abierta a que había una parte de la financiación que no estaba acreditada», y aludiendo a la citación de Moreno y de la trabajadora de Ferraz, afirmó que «no ha quedado acreditado ante el Tribunal de Cuentas que todo ese dinero estuviera acreditado». Muñoz remató su diatriba asegurando que «hace algunas semanas dudar de la financiación del PSOE era fango, y ahora es el Tribunal Supremo es el que dice que no están claras y que por eso tienen que declarar algunas personas».
Muñoz, preguntada por la nueva aparición mediática del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, en una entrevista en Telemadrid el lunes por la noche, evitó restarle credibilidad o dársela, pero aseguró que «lo que sí sabemos es que miente menos que el señor Ábalos, o que el señor Bolaños», señaló en referencia al ministro de Justicia y Presidencia. No es labor del Partido Popular decir si creemos o no al señor Aldama», sentenció.
El Gobierno ironiza
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ironizó este martes sobre las acusaciones de financiación irregular por parte del Víctor de Aldama, el presunto “nexo corruptor” de la trama Koldo, para no entrar a valorar su fondo. “No veo ficción por las noches”, arremetió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros respecto a la entrevista que ofreció este lunes en la cadena pública de Madrid. Sobre la decisión del juez Leopoldo Puente de citar a declarar como testigos a exgerente y una exsecretaria de Ferraz descartó cualquier tipo de preocupación en el Gobierno, informa Iván Gil. De forma protocolaria apeló a la colaboración y la transparencia, para asegurar que “si ha llamado a una persona a declarar, en calidad de testigo, por supuesto acudirá y aclarará y responderá con la verdad y la máxima transparencia”.
Precisamente fuentes del PP en el Senado, donde el próximo día 30 comparecerá Pedro Sánchez en la comisión sobre este escándalo -la primera comparecencia de un presidente del Gobierno en una comisión de investigación en la Cámara Alta- aseguran que son varios los dirigentes socialistas, entre ministros y exministros, y también el propio Cerdán, en prisión preventiva desde el verano, quienes habrían faltado a la verdad en la comisión de investigación, algo que, recuerdan, está tipificado como delito.
«El convocado ante una comisión parlamentaria de investigación que faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses», reza el artículo 502.3 del Código Penal. Una conducta que el PP atribuye a los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, titulares de Interior, Transportes y Política Territorial, respectivamente, así como a la exministra Reyes Maroto, hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, o a la presidenta del Congreso y líder del PSOE de Baleares, Francina Armengol, quien también compareció en la comisión parlamentaria de marras.
Los populares recuerdan que ya en el primer plan de trabajo de la comisión se incluyó esa eventualidad, al establecer que «el Pleno del Senado podrá acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Senado dé traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes».
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