El intenso conflicto laboral que mantenían los cerca de mil trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal con el Govern balear ha alcanzado un acuerdo crucial. Tras seis días de huelga indefinida con un seguimiento masivo, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicato mayoritario, ha anunciado este martes la suspensión temporal del paro gracias a un preacuerdo que desbloquea la principal exigencia del colectivo: la dignificación de sus condiciones salariales.
La decisión ha sido tomada por el Comité de huelga como una «muestra de buena voluntad» después de que la Administración haya aceptado la reivindicación clave: la mejora salarial para la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación para la Dependencia, equiparando finalmente sus retribuciones con las del personal de organismos similares, como el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Esta brecha salarial, que se había convertido en el motor del conflicto, implicaba que la plantilla cobrase entre 200 y 500 euros menos al mes que otros empleados públicos que desempeñan las mismas funciones, una situación de precariedad que, según denunciaban, se arrastraba desde 2019.
Desde el 1 de enero de 2025
Según el comunicado oficial de CSIF, el preacuerdo establece que las mejoras económicas se aplicarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, lo que supone un reconocimiento al esfuerzo y a la movilización de los profesionales que atienden a unas 450 personas usuarias en doce centros de Mallorca e Ibiza. La presidenta del Comité Intercentros y responsable del Sector Público Instrumental CSIF Illes Balears, Marina Martínez, ha valorado positivamente el pacto, destacando que “supone la dignificación de la atención de la Dependencia”, un servicio esencial cuya calidad, en palabras de los propios trabajadores, «está recayendo únicamente en la vocación y profesionalidad de unos trabajadores cada vez más escasos debido a la precariedad”.
El inicio de la huelga indefinida, que arrancó el pasado 15 de octubre, se había producido ante lo que los sindicatos calificaron de «situación insostenible» y la falta de una «propuesta real y concreta» por parte de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. La protesta se consideró la única vía para forzar un cambio después de años de promesas incumplidas y una alarmante fuga de profesionales, con 173 renuncias registradas solo en el primer semestre de 2025. Los trabajadores denunciaban que la alta rotación impedía garantizar una atención estable y de calidad a las personas más vulnerables.
Calendario de abono de subidas salariales
No obstante, a pesar de este importante avance, la suspensión del paro es meramente temporal. El elemento de máxima tensión en el acuerdo es el calendario de abono de las subidas salariales, un punto que ha quedado aplazado para una segunda reunión de negociación. El Govern se ha comprometido a concretar la fecha y la forma de pago en un encuentro programado para el próximo 30 de octubre.
La advertencia de Marina Martínez es un claro mensaje de que la Administración se encuentra bajo máxima vigilancia: “Desde CSIF nos mantendremos vigilantes porque el preacuerdo asumido hoy se materialice tal como hemos acordado. Si el 30 de octubre la Administración no cumple su palabra, volveremos a reactivar la huelga indefinida”. El sindicato exige que, en esa próxima reunión, la Administración concrete no solo la fecha de pago, sino también los mecanismos que garanticen que Función Pública avalará la equiparación salarial pactada.
La negociación, desarrollada en el TAMIB con la participación de las consellerias de Familias, Bienestar Social, y Trabajo, supone un paso importante para un colectivo que gestiona residencias fundamentales como Son Llebre, Son Tugores, Son Güells, Can Raspall, Can Blai y Sa Serra. La plantilla, que ha contado con el apoyo de usuarios y asociaciones a lo largo del conflicto, espera ahora con máxima expectación la reunión de la próxima semana, la cual determinará si el preacuerdo se consolida como un triunfo definitivo o si, ante un incumplimiento, los profesionales se ven obligados a retomar el paro para conseguir la «dignidad laboral» que llevan años persiguiendo.
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