Dos universidades públicas madrileñas han lanzado un SOS económico al gobierno regional: la Complutense, que no puede ni pagar las nóminas, y la Rey Juan Carlos (URJC), cuyo déficit no es tan grave pero podría serlo en el futuro. La Consejería de Educación ha anunciado un préstamo de 34,5 millones de euros a la Complutense a cambio de que el campus presente un plan de ajuste. Mientras, la URJC está negociando una contención del gasto con los responsables de la consejería, que aseguran que la universidad ha emprendido una “contratación excesiva” de docentes.
Por cada 100 euros de inversión pública en los campus, se logra un retorno de 812 en Catalunya y 652 en Madrid
¿Cómo es posible que la mayor universidad de España entre en números rojos? Contestamos ambas preguntas en cuatro claves. Vaya por delante un ‘spoiler’: la asfixia económica de la Complutense es una crónica anunciada desde hace mucho tiempo y es totalmente improbable que un campus catalán se vea en semejante brete.
Experto en gestión pública y autor del ensayo ‘La privatización de la universidad’, el catedrático Carles Ramió califica la situación de la Complutense de “inexplicable”. En su opinión, la interpretación de su quiebra solo se puede encontrar en un «interés político en erosionarla» dado que el campus fue, en su día, el germen del movimiento político de izquierdas del 15-M. “Un campus es, simplemente, el reflejo de la sociedad. En aquella época reinaba esa sensibilidad y ahora reina otra, pero Isabel Díaz Ayuso [presidenta madrileña] no se lo perdona”, añade el profesor.
La situación de la Complutense es tan crítica que en junio de 2024 la gerencia de la universidad exigió recortes inmediatos de un 30% en el gasto de las diversas facultades. En otoño de ese mismo año se hizo público el plan de financiación que la Comunidad de Madrid destinó a sus universidades públicas en materia de obras y mantenimiento de infraestructuras. El presupuesto previsto era 12 veces inferior al de hace 17 años. Para estos fines, Madrid va a invertir el próximo año solo 7,6 millones de euros, a repartir entre sus seis universidades púbicas, cuando el País Vasco tiene previsto destinar 32 millones a su única universidad pública.
“La subfinanciación de las universidades públicas madrileñas es especialmente grave, ya que se trata de centros con una elevada intensidad investigadora, mucho más caros y dependientes de la financiación pública adicional. Además, poseen grandes campus, aprobados, en su momento por la propia Comunidad, con costes elevados de mantenimiento”, destaca Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institución en la que ha sido vicerrector durante 14 años.
La futura ley autonómica de enseñanzas superiores, universidades y ciencia destinará 10 millones de euros extra a la financiación por objetivos de los seis campus públicos madrileños. El consejero del ramo, Emilio Vicinana, ha asegurado que el texto estará aprobado en la primavera de 2026. “Es previsible que haya cambios en el texto, seguimos hablando con los rectores», ha explicado.
“La situación de Madrid no es comparable a la de Cataluña”, tranquilizan fuentes oficiales del Govern. Ramió se muestra completamente de acuerdo y deja claro que, a pesar de que la financiación siempre es mejorable, ni el anterior Govern ni el actual asfixian los campus. Los únicos territorios que pueden compararse con Madrid son, asegura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias.
“Es obvio que la asfixia económica de las universidades públicas va a implicar a medio plazo una merma inevitable en su calidad docente e investigadora. La paulatina pérdida de calidad de las universidades públicas puede generar desconfianza social y estimular a que las clases medias contemplen como mejor opción matricular a sus hijos en alguna universidad privada”, destaca Ramió.
“Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga serían motores metropolitanos averiados sin la contribución de sus grandes universidades»
Las universidades públicas españolas no son solo aulas donde se imparte la enseñanza sino que tienen un rol central en el desarrollo educativo, social y económico del país. “Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Málaga serían motores metropolitanos averiados sin la contribución de sus grandes universidades”, recuerda Ramió. Todo lo que se invierte en los campus, ‘se recupera’ en forma de puestos de trabajo o riqueza. Por cada 100 euros de inversión pública, se logra un retorno de 812 en Cataluña y 652 en Madrid (frente a los 336, 312 y 276 euros de Murcia, Cantabria y Asturias).
Las universidades públicas españolas representan, con diferencia, el agente más importante del sistema científico-técnico español. Sin embargo, no reciben financiación específica para investigar, al contrario de lo que sucede con otros organismos, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que goza de financiación propia que cubre los sueldos y muchos otros gastos.
Según el informe de la Fundación CYD ‘Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024’, Madrid es la autonomía donde las universidades públicas reciben menos transferencias económicas recibe por parte de la comunidad autónoma: 4.779 euros por alumno frente a los 6.118 de la media española. Después de Madrid, se sitúan Cataluña (5.341 euros) y Murcia (5.873 euros). Las comunidades más generosas económicamente con sus campus son La Rioja (9.397 euros por alumno), Euskadi (8.825 euros) y Navarra (8.607 euros).
Las tasas que pagan los estudiantes son la otra gran vía de financiación de los campus, además de las transferencias autonómicas. Madrid es la comunidad con los precios públicos por alumno más elevados (1.723 euros frente a 1.195 euros de media española). A Madrid le siguen Catalunya (1.595 euros) y Aragón (1.233 euros) mientras que Galicia (721 euros) y Andalucía (805) son las tienen tasas más bajas.
En cuanto a los gastos de personal, Madrid no está entre los territorios con cifras más altas. Si la media española es 35.688 euros por empleado, los campus ubicados en la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso tienen un gasto por empleado de 34.738 euros. Seis posiciones por debajo se ubican los campus catalanes, con 32.334 euros por empleado. Solo dos territorios tienen cifras más bajas: Castilla-La Mancha (30.969 euros) y Baleares (27.567 euros).
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