En nuestro país hay poca concordancia entre los grandes partidos políticos, por eso es tan difícil establecer pactos de Estado sobre la educación, el empleo, la sanidad, la vivienda, la inmigración, etcétera. En Alemania los dos principales partidos han gobernado juntos y nadie se rasgó las vestiduras, aquí eso es imposible. Porque primero están los intereses electorales.
Ahora mismo la inmigración es un tema conflictivo y la extrema derecha la combate agresivamente tras los argumentos del aspirante a dictador Donald Trump, que han sido jaleados en determinados países. Pero ni los migrantes se comen gatos ni son delincuentes habituales, ni son los que más roban o los que más violan. Muchos vienen tan solo a trabajar, igual que los canarios fueron a América.
Sucede que estas islas están rodeadas por países pobres como Marruecos, Mauritania, Gambia, Senegal, etcétera. Y que los jóvenes de esos países se arriesgan a subirse a una patera porque confían en encontrar algo aquí. Pues, pese a todo, hay un abismo económico entre Canarias y esos países. Tan solo hay que consultar los informes internacionales sobre renta per cápita, educación, sanidad, etcétera.
Sí, la inmigración es considerada necesaria en muchos lugares, como España, por motivos demográficos, económicos y sociales. Los expertos estiman que contribuye a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y servicios sociales, cubre puestos de trabajo en sectores clave y fomenta la diversidad cultural y la innovación. En España los últimos años la población se ha disparado, y ahora mismo vamos camino de los 50 millones de habitantes gracias al gran aporte de inmigrantes. En la Comunidad de Madrid, de los siete millones de residentes un millón son inmigrantes. Los países latinoamericanos y Marruecos son ahora mismo los que proporcionan mayores cifras.
Los partidos de izquierda sostienen que este fenómeno es positivo porque contrarresta el envejecimiento de la población, ya que la llegada de población joven ayuda a paliar los efectos del envejecimiento demográfico. También ayuda al sostenimiento de las pensiones, ya que los inmigrantes contribuyen a financiar el sistema, aunque la inmigración también requiere políticas especiales para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
Canarias tiene una larga experiencia con la inmigración. Tras la conquista, la Corte obligaba a cierto número de familias canarias a establecerse en los territorios de ultramar, así sucedió en Yucatán (México), San Antonio de Texas, Montevideo, Cuba, Venezuela, República Dominicana, etcétera. Las islas occidentales, en particular La Palma, fueron lugares donde en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado la gran mayoría de los hombres partió rumbo a Venezuela. La emigración a Venezuela en el siglo XX estuvo cifrada entre los 120.000 y los 200.000 canarios, y contribuyó a la mejora de las condiciones de vida en las islas. Actualmente en Venezuela residen 62.000 canarios, lo que todavía es una cifra significativa. Pero Cuba y Venezuela están ahora en la miseria, hace tiempo que se acabó el sueño porque –aparte las consideraciones políticas que me merecen las dictaduras de extrema izquierda– poca calidad de vida existe hoy en estos dos países, y hoy en día esa emigración hacia allá vuelve en la figura de los retornados.
Entre los aspectos positivos de la inmigración figura el hecho de que sectores como la hostelería o el servicio doméstico dependen de ella. Los inmigrantes suelen ocupar trabajos que los locales no quieren. También se impulsa la economía y se beneficia a los países de origen con las remesas. La inmigración favorece la diversidad, la cohesión social y la participación laboral. El cuidado de niños y casas por parte de inmigrantes permite a las mujeres del país de acogida reintegrarse o trabajar más horas en el mercado laboral.
Claro que hay asuntos conflictivos, por ejemplo la falta de una gestión adecuada genera desafíos en el ámbito habitacional: alquileres caros como en Ibiza como efecto directo de la masificación turística. Este es un asunto caliente que habrá que abordar por parte de un plan estatal de vivienda.
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