Bustinduy reivindica desde Zamora el papel social del programa de viajes del Imserso, a la vez que desgrana las principales medidas que han presentado desde Sumar para intervenir el mercado de la vivienda, sin olvidar hacer un repaso por las reformas que plantean para defender los derechos de los consumidores
¿Qué mensaje ha querido lanzar optando por Zamora para presentar la nueva temporada de viajes del Imserso?
Hemos querido presentar esta temporada de los viajes en Zamora para animar a los usuarios y usuarias del programa a que conozcan y participen de toda la diversidad de oferta que hay. Siempre se ha asociado los viajes del Imserso a la playa, a las islas y las costas, que está muy bien y tenemos una oferta excelente, pero en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande por la diversificación; por el turismo de naturaleza, el turismo cultural, el turismo gastronómico, las capitales de provincia y las plazas en Castilla y León y en Zamora se han incrementado de manera muy significativa. También, después de los incendios de este verano, queríamos presentarlo aquí para animar a la ciudadanía a que venga a conocer esta tierra sensacional.
Por primera vez se han reservado más de 7.400 plazas a 50 euros para personas con menos recursos. ¿Qué criterios se aplican?
Los requisitos no son más que el umbral de ingresos y se puede optar a todos a todos los destinos por una tarifa plana de 50 euros para que todos y todas las jubiladas puedan gozar de este derecho.
Otra novedad es el poder viajar con animales de compañía
Es un problema recurrente que tenían muchas personas porque cuando se está a cargo de un animal, irte de viaje puede ser un problema. Entonces, este año, hay varias miles de plazas en las que se puede viajar con animales.
El Ministerio que usted dirige ha anunciado esta semana que pondrá en marcha la Ley Jane Goodall, ¿en qué va a consistir?
Es una ley de vanguardia a nivel mundial por la que peleó mucho la doctora Jane Goodall, icono de la lucha por los derechos de los animales y, en específico, de los grandes simios. Es una ley que va a regular las condiciones mínimas de bienestar de estos animales que comparten con los seres humanos gran parte de las capacidades. No estamos hablando de muchos animales, son apenas un par de centenares, pero sí queremos que los que están en España reciban un trato correcto.
Zamora. Entrevista al ministro Pablo Bustinduy / Alba Prieto / LZA
Tras la reciente sanción a Ryanair por imponer tarifas al equipaje de mano, usted ha expresado su satisfacción. ¿Esta sentencia marca un antes y un después?
Hay muchas sentencias en tribunales de toda España que dan la razón a los viajeros y que han obligado a las compañías low cost a devolverle lo que le han cobrado por la maleta de mano porque la ley en España dice que es ilegal y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también lo estableció así. Entonces hemos aplicado la ley, hemos sancionado con unas multas históricas de 180 millones de euros a las compañías que incurren en estas prácticas que son ilegales y abusivas. Es verdad que las compañías han montado una campaña feroz contra esta acción del Ministerio de Consumo y han conseguido que la Comisión Europea se posicione de su lado, pero yo no voy a ceder un milímetro porque es un caso en el que chocan el modelo de negocio y los beneficios de un puñado de multinacionales que ganan muchísimo dinero y los derechos de los consumidores. En este ámbito, como en otros, parece que tenemos que resignarnos a que las grandes empresas hagan lo que quieran con nosotros y mientras yo esté en el Ministerio de Consumo no va a ser así.
Otro tema que afecta directamente a los ciudadanos es la futura Ley de Servicios a la Clientela, ¿qué va a significar?
Es un cambio de paradigma para que no tengamos que someternos y adaptarnos al modelo de negocio de cada gran empresa, sino que las grandes empresas tengan que respetar los derechos de los consumidores que va a incluir esta ley. Entre ellos, por ejemplo, la obligación a que te atiendan cuando haces una reclamación por teléfono en un plazo máximo de tres minutos; que te atienda una persona y no una máquina, si lo deseas así; que tengan que resolver una reclamación en un plazo máximo de 15 días; y la prohibición de las llamadas spam. También vamos a regular la renovación automática de las suscripciones y obligar a que con 15 días de antelación te avisen de que se va a renovar. Una serie de medidas que buscan que la experiencia de los consumidores no sea la de verse maltratado o sometido a cosas que uno no entiende, sino que se respete a la gente.
Sumar acaba de presentar un Real Decreto Ley de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda, ¿por qué?
Porque es el principal problema que hay en nuestro país. Es la principal dificultad que tienen las familias y los jóvenes para emanciparse, que no es una tormenta natural, es el resultado de un mercado que está secuestrado por prácticas especulativas. En España, el año pasado 6 de cada 10 casas se compraron sin hipoteca y eso nos dice que no las están comprando familias ni gente joven, las están comprando fondos internacionales especuladores y grandes empresas que están acaparando la vivienda y estamos viendo que los incrementos de precios son insostenibles y todas las mejoras que se ha conseguido como el aumento del salario mínimo, el aumento de las pensiones o el ingreso mínimo vital se está yendo por una aspiradora de riqueza que es la vivienda, que hace que un puñado de gente esté ganando unas cantidades increíbles de dinero a costa de que la gente tenga que entregar hasta la mitad de sus ingresos para tener un techo en el que vivir.
¿Cuáles son los ejes principales?
Hemos planteado una serie de medidas de aplicación inmediata para neutralizar esta lógica que incluyen la prórroga obligatoria de los alquileres durante un periodo de tres años para que a la gente no le venza el contrato y se lo suban un 40 o un 50%; que los propietarios de cuatro o más viviendas pasen a pagar el impuesto de las grandes fortunas; prohibir la compra especulativa de vivienda, si se va a comprar para alquilarla que sea obligatoriamente a los precios asequibles que marcan los índices de referencia de la Ley de Vivienda; y una regulación de los pisos turísticos que en muchas zonas de España están saturando barrios enteros y echando a las familias de sus casas.
¿Esta propuesta ha generado tensión dentro del Gobierno?
No. Yo no he sentido tensión particular porque es una propuesta en clave constructiva que, además, no se trata de ideas en general sino que hemos preparado un decreto ley con toda la fundamentación jurídica y las herramientas para aprobarlo y lo que hay que hacer ahora es negociarlo. Es completamente normal que como espacio político tengamos una propuesta propia y la elevemos dentro de la coalición de Gobierno a negociación. No es incompatible ni contradictorio con nada que esté haciendo el Ministerio de Vivienda y estoy convencido de que podremos encontrar un acuerdo porque hay que intervenir para solucionar la crisis de vivienda.
El ministro Pablo Bustinduy en la redacción de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA / Alba Prieto / LZA
Desde Consumo han puesto en marcha una campaña de inspecciones y expedientes sancionadores para acabar con anuncios online de pisos turísticos ilegales.
¿Alguien se imaginaría que en España hubiera decenas de miles de restaurantes, de taxis o de comercios que operaran ilegalmente? Sería un escándalo. Entonces, ¿por qué se ha consentido que haya decenas de miles de viviendas turísticas sin licencia que operan ilegalmente y que en su gran mayoría la alquilan empresas que poseen cientos y, en ocasiones, miles de pisos? Es algo que está afectando a la vida de nuestras ciudades y hemos actuado para aplicar la ley y gracias a nuestras actuaciones hemos vencido a Airbnb dos veces en los tribunales y han tenido que retirar 65.000 anuncios ilegales, pero tenemos un expediente sancionador abierto y varias actuaciones también para que en España quien no cumpla la ley, pague por ello.
El Gobierno está trabajando actualmente en la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, ¿qué objetivos tiene?
Queremos cambiar el modelo porque en la pandemia todo el mundo descubrió que el modelo que se había seguido en España de construir macro residencias, muchas veces aisladas, no es lo que queremos para nuestra vejez. Hasta el 90% de la gente cuando le preguntan cómo quieren envejecer dice que en su casa, en su barrio, en su pueblo y en sus ciudades. Entonces queremos cambiar el sistema centrado en construir grandes residencias a uno que ofrezca los servicios y los apoyos necesarios para que la gente pueda permanecer en sus domicilios el máximo posible con una ayuda a domicilio, la teleasistencia, centros de día, la implantación de la tecnología para fomentar los vínculos comunitarios… También queremos que las prestaciones para el cuidado no sólo las puedan solicitar los familiares sino también allegados, explorar nuevos modelos de convivencia como el cohousing o las viviendas colaborativas y que la ayuda a domicilio no sea sólo para las tareas en el hogar sino que permita, por ejemplo, el acompañamiento para actividades como hacer la compra o ir al médico. Ese es el compromiso: mejorar el modelo y la financiación de la dependencia.
Respecto a la Estrategia Estatal de Soledades que quieren impulsar, ¿cuáles son las medidas clave que va a tener?
Lo importante es que es en plural. Hay muchas formas de soledad y la soledad no siempre es algo negativo, puede ser algo deseado y eso hay que respetarlo. Lo que queremos es crear una estrategia para entender qué es lo que está pasando porque es un problema que va a más porque cuando no es deseada, se convierte en un problema de aislamiento y tiene un impacto sobre el bienestar emocional y físico. Queremos elaborar una estrategia que implique a todas las administraciones y a todos los agentes sociales, políticos y económicos para ver cómo podemos reconstruir vínculos comunitarios porque está demostrado que cuanta más vida social y arraigo tenemos, en mejores condiciones se envejece.
¿Qué otros proyectos más inmediatos tiene su Ministerio?
Unos cuantos la verdad. Estamos trabajando en una ley de Consumo Sostenible que lo que busca es transformar la manera en la que consumimos, queremos que podamos garantizar que nuestra economía y nuestro consumo, no afecta a la libertad y a las capacidades de las próximas generaciones y queremos hacerlo desde una perspectiva que empodere a los consumidores, que refuerce sus derechos. Además, yo la principal bandera que tengo en esta legislatura es trabajar para la adopción de una prestación universal por crianza para acabar con la pobreza infantil que es algo que existe en 17 países europeos, que funciona y que permitiría que redujéramos la tasa de pobreza infantil que hay en España, que es escandalosamente alta, casi de un 30%, a la mitad. Además, reduciría la intensidad de esa pobreza en un 50%. Es una medida que significaría un antes y un después para los niños y las niñas en España. Luego hay otro tema importante que tiene que ver con un decreto para regular la calidad de la alimentación de los menús que se sirven en hospitales y en residencias que también es un clamor porque tenemos derecho a comer bien cuando estamos en esa situación.
