El Gobierno ha comenzado a allanar el terreno para asumir las consecuencias, tanto políticas como económicas, de un hipotético rechazo del Congreso a los Presupuestos Generales de 2026. Los mensajes sobre que se “sudará la camiseta” para “seducir” a los socios se comenzaron a combinar esta semana con el argumento de que el impacto de seguir con las cuentas públicas prorrogadas será reducido. Un escudo preventivo ante la falta de avances en las negociaciones mes y medio después de que Hacienda iniciase los contactos con los grupos. En el plano económico se alude a los buenos datos y las previsiones que sitúan a España como la economía que más crecerá entre los países de la OCDE. En este sentido, se invocan como principal salvaguarda los fondos europeos. Hasta el punto de que Pedro Sánchez los ha definido como unos “Presupuestos bis”. El flujo de los desembolsos rematará a finales de 2026.
El devenir de la legislatura se vincula más a los fondos del plan de recuperación que a los propios Presupuestos. Pedro Sánchez justificaba esta semana su intención de agotar la legislatura, aunque no se aprueben unas nuevas cuentas públicas, en que los actuales le permiten cumplir con su hoja de ruta. Para ello aludía a la gestión de estos fondos porque “permiten crecer y transformar la economía”. De ahí la prioridad en aprobar las reformas y los hitos vinculados a los desembolsos del plan de recuperación.
En el anterior pleno del Congreso, el Gobierno logró salvar la ley de movilidad sostenible, que contenía medidas pactadas con Bruselas supeditadas a un próximo desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos. En total, España ha recibido ya más de 55.000 millones de euros en transferencias.
En el horizonte quedan pendientes por desarrollar hitos del plan como en materia de vivienda. Algunos de los socios de investidura, como ERC y Podemos, azuzaron en la sesión de control al Ejecutivo esta semana “el drama de la vivienda”. El portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, advirtió a Sánchez que podría convertirse en la causa que “acabe con su Gobierno”. Desde Sumar se presiona también para que los créditos blandos del plan de recuperación de la UE se destinen a la construcción de más vivienda social.
El rechazo de Podemos a la subida del impuesto al diésel, junto a PP y Vox, ya tuvo consecuencias el pasado mes de julio. El quinto pago de los fondos se recortó en alrededor de 1.100 millones, principalmente por no cumplir con esta reforma fiscal dentro del calendario pactado con la Comisión Europea. En Hacienda avanzan que no tiran la toalla para sacar adelante este compromiso, aunque reconocen las dificultades por los vetos cruzados entre los socios.
Para la supervivencia del proyecto de este Gobierno de coalición se hace así más acuciante cumplir con las reformas vinculadas a los fondos UE que a aprobar nuevos Presupuestos. De hecho, se enarbola el carácter expansivo de las cuentas prorrogadas de 2023 y la capacidad no solo para mantener, sino para reforzar el Estado de bienestar, normalizando la anomalía parlamentaria de ni siquiera haber presentado unos presupuestos en esta legislatura, pasado su ecuador. «Con estos Presupuestos, que son de una administración progresista, tenemos carriles para garantizar las principales prioridades, en materia social y de modernización del tejido productivo», sostenía Sánchez el pasado martes en los micrófonos de la ‘Cadena Ser’.
Partidas sociales frente a “privatización”
El proyecto de Presupuestos, que ahora se pretende llevar a votación con o sin garantías de ser aprobados, busca también ser un escaparate sobre la hoja de ruta del Gobierno. Contraponer la inversión en servicios públicos, con «partidas históricas», frente a la “privatización” que denuncian en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
En Hacienda avanzan que pondrán sobre la mesa una propuesta de senda fiscal, la primera piedra sobre la que erigir la arquitectura de las cuentas públicas, con “más recursos” para las comunidades autónomas. Con todo, reconocen que no han conseguido alcanzar “por ahora” un acuerdo con sus socios para aprobar los objetivos de déficit. En caso de rechazarse en el Congreso, los presupuestos se elaborarán con la actual senda, más beneficiosa para la Administración General del Estado y con un mayor margen para la pretensión de multiplicar la inversión para la vivienda protegida y las partidas sociales.
Antes de todo ello, deberá materializarse un acuerdo en el seno de la coalición de Gobierno, entre PSOE y Sumar. Aunque Hacienda está cerrando las partidas con los ministerios de Sumar, falta por consensuar el proyecto. Desde Moncloa aseguran tajantes sobre estas conversaciones que “tendremos acuerdo”.
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