El Gobierno ha anunciado su intención de garantizar el derecho al aborto en la Constitución.
¿Garantizar qué, exactamente? ¿Un derecho que ya está garantizado por ley? Todo muy raro. ¿O no? Veamos dónde está la bolita.
Comparémoslo con la vivienda. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna, pero lo hace dentro del bloque de los principios rectores, igual que el artículo 43, donde el PSOE quiere colocar ahora el aborto.
Y eso tiene una consecuencia muy concreta: un principio rector no se puede reclamar ante un tribunal. Su función es marcar el rumbo de las políticas públicas, no otorgar derechos individuales exigibles. Por eso, aunque el derecho a la vivienda figure en la Constitución, nadie puede ir a un juzgado a decir «me tienen que dar una casa». Solo cuando una ley lo desarrolla , como ocurre con la Ley de Vivienda impulsada por Ione Belarra, se crean mecanismos y obligaciones reales.
Con el aborto pasaría lo mismo, dejaría de estar garantizado por una ley que ya existe, que obliga a cumplirlo, para convertirse en una declaración política sin fuerza jurídica.
Para que nos entendamos. Lo único que puedes exigir a un juez ,y que esté obligado a darte, son los derechos fundamentales, como el derecho de igualdad o de libertad. Y la ley del aborto existente, la Ley Orgánica 1/2023, está directamente ligada a tres de ellos: la libertad, la intimidad y la integridad física y moral, y se fundamenta de forma transversal en el artículo 10.1 sobre la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Voilà. Hemos encontrado la bolita del PSOE. Se llama humo.
Quizás el Gobierno debería centrar sus esfuerzos en hacer cumplir las leyes que ya garantizan derechos como el aborto y la vivienda, en lugar de sacar rédito haciéndole el juego al PP y a Vox con gestos simbólicos y titulares electorales. Y aquí conviene recordarlo, fue Podemos, en el Gobierno de coalición, quien promovió la última gran reforma de la ley, en 2023. Esa reforma , la Ley Orgánica 1/2023 impulsada por Irene Montero, rebajó por primera vez la edad legal para decidir a los 16 años, reconociendo que entre los 16 y los 18 una joven puede abortar sin autorización paterna, precisamente porque se trata de un derecho fundamental ligado a la libertad, la intimidad y la integridad física y moral, recogido en la Constitución. No es una excepción ni un privilegio, es coherencia jurídica. Casarse o trabajar sí requiere autorización paterna porque afecta a terceros.
El registro de objetores no se creó para señalar a nadie, sino para evitar la objeción institucional encubierta que tantas veces impide ejercer el derecho.
Sirve para organizar los servicios públicos, asegurar equipos dispuestos y, sobre todo, impedir que quienes se declaran objetores en la pública practiquen abortos en la privada, lucrándose del dinero que debería garantizar la sanidad universal, tal y como se está denunciando que ocurre.
Pero comunidades como Madrid, Balears, Aragón o Asturias siguen sin poner en marcha ese registro, incumpliendo la ley estatal.
Y lo más grave, en el caso de Díaz Ayuso, presume de hacerlo. Mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid, el PP apoya una moción de Vox que difunde el falso «síndrome postaborto», una invención sin base científica. Madrid es hoy un laboratorio de la extrema derecha, como lo son Argentina con Milei o Italia con Meloni, laboratorios desde los que se ensayan los discursos de odio, el desprecio a los derechos humanos y la deshumanización del dolor.
Esta misma semana lo hemos visto, 68.000 muertos ya no son nada. Nada. Esa es la escala moral del mundo que están construyendo.
Cada vez que avanzamos un poco, la respuesta es brutal. Esa es la lógica de la ola reaccionaria, cuando los derechos se amplían, el poder patriarcal contraataca con más fuerza.
Y aquí cabe hacerse la pregunta que formula Rita Segato:
¿Por qué los grandes poderes económicos y políticos, los que concentran la riqueza y con- trolan el mundo, temen tanto el aborto?
No es por moral ni por natalismo para mano de obra. Es porque, cuando una mujer conquista soberanía sobre su cuerpo, demuestra que la soberanía es posible. Demuestra que los límites del poder pueden moverse, que la dominación no es natural, que la libertad puede ejercerse.
Y eso, como recuerda Segato, es lo que el poder no puede tolerar. Porque cada cuerpo libre lanza un mensaje político: que la emancipación es posible, que la obediencia tiene fin y que otra forma de vivir, de amar y de gobernar es posible.
Por eso, el feminismo no ha perdido vigencia. Al contrario, nunca fue tan urgente. Porque defender el derecho al aborto es defender la idea misma de libertad. Y eso, en tiempos como los que vivimos, es el mayor acto de resistencia que existe.
