Ahora sí, la hoja de ruta de las tres comisiones parlamentarias de investigación sobre la dana del 29 de octubre está clara. Puede haber modificaciones con incorporaciones conforme avancen los trabajos, pero la línea está trazada después del pacto de las izquierdas en el Congreso esta semana. Sus 130 comparecientes se unen al casi centenar de las Corts y los 111 del Senado tras añadir de golpe en agosto, tras cinco meses de sesiones y 14 intervinientes, 75 nombres más. Algunos coinciden, otros no, evidenciando la batalla de relatos de cada cámara, no obstante, en todas ellas resuena la misma pregunta: ¿Quién está obligado a ir?
La respuesta sencilla se podría entonar con tono musical: depende. La principal división está entre Congreso y Senado, estatales, y las Corts, autonómica. En el caso de las primeras la obligación es total para todos los que se citen con 15 días de antelación mientras que el parlamento valenciano tiene mucho más restringida esta capacidad, lo que ya ha provocado una ausencia destacada esta semana: la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien justificó su ausencia en que es un ente de carácter estatal sobre el que las Corts no tiene competencias.
Fuentes jurídicas de las Corts recuerdan que esta situación se viene repitiendo desde hace varias legislaturas basándose en un informe del Consejo de Estado que excluye el imperativo de acudir a los cargos tanto del Estado como de la administración local. Esto permitiría que no solo se ausentaran responsables del Gobierno central como Pedro Sánchez o cuatro de sus ministros incluidos en el plan de PP y Vox, sino también significa que podrían decidir no asistir los 17 alcaldes llamados a comparecer, una limitación que no existe en los parlamentos estatales con los cargos autonómicos.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, habla por teléfono móvil durante una sesión en las Corts. / Rober Solsona / Europa Press
Situación distinta es sobre aquellas personas que no ostentan responsabilidad pública alguna. En esos casos, las mismas fuentes jurídicas del parlamento valenciano señalan que sí tienen la obligación de acudir (y decir la verdad), no obstante, hay un vacío legal que permite no responder a las preguntas que se plantean. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la segunda comisión de investigación del accidente del metro, reabierta en 2016, cuando algunos de quienes ocupaban cargos en Ferrocarrils de la Generalitat en la fecha del siniestro ya no lo hacían. Muchos, de hecho, suelen acudir junto a su abogado.
Obligación legal
Esta obligación de particulares a asistir también se da en el caso del Congreso y el Senado, tal y como marca la Ley Orgánica 5/1984, que en su artículo 1 indica: «Todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar, a requerimiento de las Comisiones de Investigación». Este deber de presencia tiene efectos relevantes en el caso de las cámaras estatales ya que en ambas hay varios comparecientes que no ostentan cargos políticos, especialmente en el plan de trabajo del Congreso pactado por las formaciones del bloque de investidura.
La comunicadora Maribel Vilaplana, el responsable del restaurante El Ventorro, bomberos forestales de la Generalitat, funcionarios del Palau, trabajadores de la productora contratada por Emergencias o hasta 13 víctimas forman parte de la lista de comparecientes e igual que Carlos Mazón, Salomé Pradas o Sánchez tendrán la obligación de acudir, aunque no de responder. En el caso de las víctimas, que serán las encargadas de abrir las comparecencias en el Congreso, esta obligación de acudir ha hecho que se haya pactado de antemano quién está dispuesta a contar su testimonio.
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