El Gobierno de Ecuador ha alcanzado este miércoles una tregua con los dirigentes indígenas que lideraban las protestas contra el presidente Daniel Noboa en la norteña provincia de Imbabura, el epicentro de las movilizaciones iniciadas tras la eliminación del subsidio al diésel.
Sin embargo, la tregua no ha sido avalada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande y que convocó el «paro nacional indefinido», que ha asegurado que seguirán en «la lucha» hasta que Noboa y su Gobierno tomen medidas para mejorar la vida de los indígenas. De hecho, ya han anunciado que mantendrán los bloqueos en carreteras.
Hasta el momento, y tras casi un mes de movilizaciones, las protestas dejan tres muertos por armas de fuego, 350 manifestantes heridos y más de 170 detenidos, 20 de ellos en prisión preventiva con cargos por terrorismo.
Pese a no ser una tregua completa en el país, que tiene el índice de homicidios más alto de Latinoamérica, las negociaciones de Daniel Noboa son un paso importante, sobre todo en la región norte, donde se han concentrado las mayores protestas.
En esta zona los dirigentes indígenas aceptaron levantar los bloqueos de carreteras que se mantenían hasta hacía 23 días a cambio de conformar mesas de diálogo con el Gobierno para tratar las demandas de la población, algo que no ha sido bien recibido por parte de las comunidades de esta provincia del norte de los Andes ecuatorianos, quienes se manifestaron en contra de estos acuerdos.
La división entre los grupos indígenas es total en estos momentos. De hecho, Conaie no ha sido parte de las conversaciones llevadas a cabo en Otavalo, la ciudad que inició hace más de tres semanas los disturbios más fuertes con el ataque a una comisaría y el incendio de vehículos allí estacionados.
El anuncio de este acuerdo lo han dado los representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y el ministro del Interior, John Reimberg.
En una reunión previa, estos grupos indígenas han aceptado levantar los bloqueos en Imbabura a cambio de que el Gobierno se comprometa a investigar debidamente las muertes de los dos manifestantes fallecidos, a liberar a los protestantes enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo y a retirar a las Fuerzas Armadas de la provincia.
Noboa firma una tregua con los indígenas del norte de Ecuador tras tres muertos en las protestas
«No somos terroristas ni vagos»
«No somos terroristas, ni vagos ni secuestradores como ha dicho el Gobierno. Somos un pueblo unido que siempre ha luchado por sus derechos, que deben ser respaldados con unidad y colectividad», ha afirmado la presidenta de la Unorcac, Martha Tuquerres.
Aunque la demanda inicial de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada por Noboa, los dirigentes indígenas de Imbabura anticiparon que se conformarían con que el Gobierno aceptase congelar el precio de este combustible, que tras retirar la subvención pasó de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Por su parte, el ministro del Interior celebró que «hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías», y anticipó que el Gobierno va a «trabajar inmediatamente en abastecer la provincia», donde desde el lunes van a llevarse a cabo unas mesas técnicas para «trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir».
Tres muertos
Estos acuerdos se alcanzaron después de un convulso inicio de semana donde las autoridades del Gobierno llegaron a Ibarra en un convoy militar, denominado «humanitario» por el Gobierno, que se abrió paso sin miramientos a través de los bloqueos, lo que llevó a enfrentamientos donde los militares no escatimaron en hacer uso del gas lacrimógeno, entre otros métodos más lesivos.
En uno de estos enfrentamientos se produjo la muerte de José Guamán, de 30 años, quien recibió un disparo en el pecho, según denunció la Conaie, lo que se sumó a Efraín Fuérez, quien falleció el pasado 28 de septiembre, durante una ofensiva militar contra uno de los bloqueos.
La Confederación indígena también denunció el martes la muerte de una mujer indígena de 62 años en la sureña provincia de Loja aparentemente por un paro cardiorrespiratorio causado por el gas lacrimógeno.
