El cordobés Javier Marañón y el granadino David Rodríguez llevan meses encarcelados en una de las prisiones más temidas del continente africano. Su nombre: Black Beach. Familiares y amigos están recogiendo firmas para reforzar los apoyos institucionales y lograr que se respeten sus derechos. El asunto llegó hasta la Comisión Europea, que pidió el pasado 10 de octubre investigar el caso en profundidad.
Ubicada en la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, en la isla de Bioko, en pleno golfo de Guinea y próxima a la playa del mismo nombre, la prisión de Black Beach se ha ganado una siniestra reputación como símbolo de brutalidad, represión y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Hoy, vuelve a estar en el foco internacional por ser el lugar donde permanecen retenidos los dos ciudadanos españoles acusados por las autoridades guineanas de fraude, corrupción y evasión fiscal, en el marco de un fallido proyecto tecnológico.
Una historia marcada por la represión
Construida en los años 40 bajo el dominio colonial español, Black Beach ha sido desde sus orígenes un espacio de reclusión ligado al poder político. Tras la independencia en 1968, la cárcel se convirtió en uno de los principales instrumentos de represión de la dictadura de Francisco Macías Nguema.
Entre sus muros fueron encarcelados y asesinados opositores políticos, incluidos figuras clave de la historia del país como Bonifacio Ondó Edu, primer y único presidente del Consejo de Gobierno de Guinea Española antes de la independencia, o Edmundo Bossio Dioko, el primer vicepresidente del país tras la ruptura con España.
Paradójicamente, el propio Macías fue ejecutado en Black Beach en 1979, tras un golpe de Estado liderado por su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, quien aún hoy -con más de 45 años en el poder- sigue dirigiendo el país. Antes de su ascenso, Obiang fue precisamente alcaide de Black Beach.
Algunas organizaciones internacionales han documentado las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos en Black Beach: alimentación escasa, negación de asistencia médica, aislamiento, torturas, violaciones, trabajos forzados, juicios sin garantías… Entre los nombres que han pasado por sus celdas están opositores como Severo Moto, Felipe Ondo o Martín Puye, así como el ilustrador y activista Ramón Esono, cuyo caso fue también muy mediático.
Un infierno también para españoles
Los empresarios andaluces Javier Marañón y David Rodríguez fueron detenidos en enero de 2025 y trasladados en abril a esta cárcel. Desde entonces, sus familias y allegados denuncian que se encuentran en situación de prisión preventiva sin garantías jurídicas. Según denuncian sus familiares, ambos habrían sido víctimas de una detención arbitraria.
No es la primera vez que ciudadanos españoles acaban en Black Beach. En 2022, otros dos empresarios, Luis Edú Acevedo y Juan Carlos Cano, fueron encarcelados provisionalmente durante más de seis meses en circunstancias similares.
Relación tensa con España
Las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial han estado marcadas por los choques diplomáticos. En 2004, tras un intento de golpe de Estado, el presidente Obiang llegó a acusar a los servicios secretos de España, Reino Unido y Estados Unidos de conspirar contra él. En 2023, el gobierno guineano retiró a su embajador en Madrid tras conocerse que la Audiencia Nacional investigaba a Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente, por su supuesta implicación en el secuestro de opositores con nacionalidad española.
En 2023, se confirmó la muerte en prisión de Julio Obama, ciudadano hispano-guineano y miembro del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial. El propio partido explicó que era uno de los desaparecidos en 2019.
Llamamientos internacionales
El caso de los andaluces ha llegado hasta Bruselas, que ha solicitado una investigación en profundidad. El pasado jueves, los miembros de la Eurocámara votaron una resolución para presionar al régimen ecuatoguineano. Elena Nevado del Campo, del Partido Popular Europeo, denunció que «no podemos aceptar que ningún ciudadano europeo sea privado de su libertad» y exigió la «inmediata liberación de los detenidos».
También la socialista Laura Ballarín pidió a las autoridades africanas «acciones inmediatas e incondicionales». Michal Wiezik, eurodiputado eslovaco de los liberales de Renew, consideró los arrestos de los españoles como «detenciones arbitrarias» que parecen «motivadas políticamente» y pidió un «juicio justo».
El estado de los dos andaluces
Mientras tanto, la preocupación aumenta, sobre todo por el deterioro de los detenidos. Uno de ellos, Javier Marañón, se encuentra en huelga de hambre y, según se expresa en la recogida de firmas, ha perdido más de 20 kilogramos y se encuentra en estado crítico. No es mejor el estado de salud del granadino José Rodríguez, que se encuentra «gravemente enfermo».
