Coalición Canaria (CC) solo apoyará en el Congreso el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 si se incorporan las «singularidades» de las Islas. La portavoz de CC en la Cámara Baja, Cristina Valido, reprochó ayer en el pleno a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, su «falta de sensibilidad» con la realidad canaria y que no tenga en cuenta que es una región ultraperiférica (RUP) que requiere un tratamiento específico, como recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Durante su intervención, Valido reclamó ‘canarizar’ el plan estatal, subrayando la necesidad de adaptar las políticas públicas a las condiciones específicas del territorio insular, marcado por los sobrecostes de la lejanía, la escasez de suelo disponible y las dificultades añadidas por la doble insularidad. Para paliar este ‘olvido’, su compañero de partido y consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ya ha remitido una serie de alegaciones al borrador del plan nacional para que se incluyan las especificidades isleñas.
La diputada de Coalición Canaria advirtió que el Plan de Vivienda está elaborado «con un censo poblacional no actualizado, que no responde, en el caso de Canarias, a la población que hoy se tiene, en ninguna de sus dimensiones». Además, criticó las «medidas de talla única para todo el mundo» que plantea el proyecto, sin atender las particularidades del Archipiélago. Valido incidió en que el plan del Ministerio no contempla los sobrecostes derivados de la lejanía, que «hacen que la construcción sea mucho más cara», ni la «doble insularidad» como un obstáculo adicional. Por ello, subrayó que la incorporación de «las singularidades canarias» es la condición de CC para apoyar la iniciativa estatal.
La ministra Isabel Rodríguez defendió durante su intervención que llegar a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal 2026-2030 no es una «asignatura optativa» y avanzó que reunirá de nuevo a las comunidades autónomas para saber si quieren o no continuar adelante. Pidió a las regiones que no se vendan al interés de su partido.
En cualquier caso, si alguna no se quiere adherir, el Ministerio trabaja en otras fórmulas para impulsarlo. Así, explicó que se pueden buscar maneras de que este plan pueda implementarse en esos territorios a través de ayuntamientos, proveedores sociales o entidades del tercer sector, «todo aquel que venga a ayudar y no a poner palos en el camino».
Según explicó, por «colaboración institucional» se expondrá de nuevo el texto en una conferencia sectorial para sondear otra vez a las comunidades autónomas si quieren o no continuar adelante. «Si no quieren, afortunadamente la sociedad española está preparada para asumir el liderazgo de la gestión de estos 7.000 millones» de inversión que prevé el plan estatal, añadió. La ministra acusó a los gobernantes de Madrid de vender su parque de viviendas a extranjeros ricos y de animar a los fondos buitre para que compren edificios enteros.
Políticas “huecas”
Durante la interpelación parlamentaria, el diputado del PP, Sergio Sayas, opinó que el plan es una «imposición de políticas huecas», que está «cargado de frivolidad» y pronosticó que el anuncio de construir viviendas protegidas en suelo de instalaciones penitenciarias «se quedará en otro anuncio de cartón piedra».
El portavoz de Vox en Vivienda, Carlos Hernández Quero, calificó de «pírrica» la apuesta del Gobierno de España.
En nombre de Sumar, Gerardo Pisarello explicó que le «suena bien» la parte del plan que va en contra de los «pelotazos» y la venta de vivienda pública, pero opinó que no basta con incentivar a quien colabore, sino que «hay que censurar a quienes pretendan sabotear» el plan.
Etna Estrems, de ERC, reconoció el «esfuerzo» que supone este plan, pero apuntó que no le «termina de gustar» que pretenda crear una duplicidad de órganos.
Por su parte, Marta Madrenas (Junts) considera que la ley de vivienda ha agravado el problema y que «todavía falta respeto a las competencias de la Generalitat», aunque elogió los aspectos «positivos», como que haya más recursos para vivienda asequible.
