Las familias afectadas por las incautaciones de bienes que ordenó el franquismo durante la Guerra Civil vivieron con esperanza la aprobación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, ya que abrió la puerta a su restitución. Sin embargo, tres años después, siguen esperando (y desesperando). «Estamos encallados; la gente es mayor y se está muriendo», denuncia Lídia Jiménez, nieta del expresident de la Generalitat catalana Lluís Companys y tesorera de la Asociación de Perjudicados por las incautaciones franquistas (Apigf), cuya lucha empezó hace 25 años. En aquel entonces eran 1.000 familias; hoy, lamenta Jiménez, quedan unas 400.
En una conversación con EL PERIÓDICO, coincidiendo con el aniversario del asesinato de su abuelo, Jiménez insiste una y otra vez que su empeño «no es por el dinero». «Es mínimo lo que nos deben, es calderilla para el Estado, pero para nosotros es un tema de honor«, alega con un enfado evidente al considerar que el Gobierno no les está dando las explicaciones pertinentes. En su caso son poco más 1.000 pesetas lo que le deben, lo que al cambio serían unos seis euros. El importe es menor, pero es lo que sus familiares tuvieron que entregar a las autoridades franquistas a punto de acabar la Guerra Civil y que, a pesar de la insistencia en recuperarlos, nunca más han vuelto a ver. Porque la guerra, también fue económica. En su lugar solo tiene, como el resto de afectados, un recibo que les dio el banco en el que consta la cuantía con el encabezado ‘Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo’.
Desde la aprobación de la ley se han dado algunos pasos, por ejemplo el PNV consiguió recuperar hace poco el palacete de la avenida Marceau de París, pero la gran mayoría de los afectados sigue esperando. Es la situación en la que por ejemplo se encuentra ERC, que aún no ha logrado acordar con el Ejecutivo central su compensación. También la de muchos particulares.
El pasado mes de julio, desde la asociación pidieron una reunión formal con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de quien aseguran que a día de hoy no tienen respuesta. Sí les recibirán este jueves en la Generalitat -se reunirán con el director general encargado de esta cuestión, Xavier Menéndez– después de ya haber picado varias puertas de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso. El pasado mes de abril, la asociación viajó hasta Waterloo para entrevistarse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para pedirle que sus siete diputados en la Cámara baja presionaran con el asunto en sus negociaciones con el Gobierno. Es el ministerio quien tienen la competencia para darles una solución y quien, desde hace meses, está elaborando una auditoría que debería censar todos los bienes expoliados.
Lídia Jiménez / .
«Nadie nos da ninguna explicación del porqué de esta demora», lamenta la nieta de Companys, que denuncia que siempre les tratan con «buenas palabras» pero que los «hechos» no acaban de llegar nunca. «Es muy triste y patético, nos dicen que ‘sí’ como a los locos. Todo son promesas falsas. Es como aquello del ‘vuelva usted mañana'», remata con indignación. Sin embargo, Jiménez garantiza que no piensan rendirse y asegura que ya están pensando en hacer una protesta a las puertas del Congreso en Madrid. Ella, desde luego, no piensa hacerlo. Se lo prometió a su madre, Montserrat Capdevila, en el hospital poco antes de su muerte.
Sin embargo, constata que para ella, como para muchos de los asociados, si algún día sus bienes son restituidos «ya será tarde». La semana pasada, explica con pesar, murió otro asociado. «Siempre llegamos tarde, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados«, remata con energía a pesar de su indignación y desasosiego que le produce la situación.
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