El Gobierno ha tratado de desvincularse del exministro José Luis Ábalos desde su expulsión del grupo socialista en el Congreso. La posibilidad de que se decretase su entrada en prisión tras la comparecencia en el Supremo este miércoles, algo que finalmente acabó descartando el juez, llevó a Moncloa a alegar preventivamente que el PSOE ya actuó en su momento con toda contundencia, “antes de su imputación”, y que ahora son los tiempos de la justicia. “Máximo respeto a la justicia” y “máxima tranquilidad” por su parte, insistían fuentes de Moncloa para negar cualquier tipo de preocupación porque el procedimiento ya no sería de su incumbencia. El expediente de expulsión de Ábalos, con todo, no se resolvió hasta el pasado mes de junio, casi año y medio después de su apertura.
“Su voto ya no es del PSOE”, subrayaban tajantes las mismas fuentes ante la posibilidad de que se suspendiesen sus derechos como diputado y no renunciase al escaño. Aunque sin estar sometido a la disciplina de voto desde el grupo mixto, el exsecretario de Organización del PSOE ha coincidido a la hora de votar con la formación por la que tomó posesión de su escaño. En el grupo socialista indican al respecto que siempre han tratado de trabajar las votaciones con un margen más amplio para no depender de lo que hiciese Ábalos.
En privado, algún ministro socialista sí trasladaba que no veía claros los motivos para justificar su entrada en prisión preventiva a estas alturas del procedimiento judicial. Con cierta resignación y la pretensión de echar tierra de por medio con el que fuera el número dos de Pedro Sánchez en Ferraz, uno de los colaboradores del presidente del Gobierno minimizaba el efecto político de esta causa al asegurar que “el impacto ya lo ha tenido”. Si bien, deslizaba que “nunca es agradable que nadie entre prisión” para añadir que no se deja de lamentar la realidad del ‘caso Koldo’ por el daño hecho al Gobierno, al partido y al propio jefe del Ejecutivo.
A lo que se aferran en Moncloa y Ferraz ahora es a tratar de negar financiación irregular. Una línea roja para los socios parlamentarios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. “Se ha demostrado que no hay una caja B, no hay ninguna prueba”, replicaban desde el Ejecutivo a las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo, quien en la sesión de control al Gobierno volvió acusar a Sánchez de estar salpicado por la corrupción. “Deje de hablar de la ‘caja B’ que, si ha existido, ha sido en su partido», le contestó el jefe del Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo protestan por el hecho de que “un inocente tenga que demostrar su inocencia” y le dan la vuelta a la tortilla para cuestionar que Feijóo no haya hecho públicos sus ingresos por gastos de representación del PP. El uso de dinero en efectivo, no es irregular, sostienen.
Pagos en efectivo
Sánchez ya se apoyó en el propio informe de la UCO sobre José Luis Ábalos para negar financiación irregular del PSOE, como sí interpretan desde la oposición. “No hay ningún indicio que lo apunte, todos los gastos están acreditados, auditados y no hay descuadres”, subrayó durante una entrevista esta martes en la ‘Cadena Ser’ a respecto de los sobres entregados a exsecretario de Organización, por liquidaciones de gastos.
Una práctica que tildó de “legal” y normalizó “como hacen todas empresas”. Es más, Sánchez reconoció que en su caso, como secretario general, no era habitual que recibiese estos ingresos en efectivo, pero sí manifestó que “seguro en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gastos”. El informe de 285 páginas de extensión desvela que el PSOE entregó entre 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros a Ábalos, sumas que se entregaron en algunas ocasiones en sobres.
Tras conocerse el informe de la UCO, fuentes de Moncloa trasladaban que la propia imagen de los sobres con los pagos serían la muestra de que “no hay nada oscuro detrás”. Se refieren a las cantidades que portan, incluidos céntimos. «Una prueba palmaria» de que no hay nada, según concluían.
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