Justo en la semana en que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparece ante el Congreso de los Diputados para informar sobre las políticas de su departamento, los ministros de Sumar han presentado su propio plan.
Con ello, buscan presionar al socio mayoritario del Gobierno e imponer medidas de corte más intervencionista.
Fuentes de Sumar sostienen que el plan de 7.000 millones que Sánchez pretende aplicar hasta 2030 es «claramente insuficiente» y muy inferior a los 10.000 millones de aumento en Defensa que España aprobó durante 2025.
«Es decepcionante«, apuntan en el grupo parlamentario del socio menor de la coalición, donde recuerdan que el precio de la vivienda es la principal preocupación de los españoles y, en especial, del caladero del voto joven.
El plan de Sumar llega en plena caída en las encuestas, ya que el PSOE les está absorbiendo. Ahora busca marcar distancias con el socio mayoritario para recuperar perfil propio.
Para mostrar su alternativa, los ministros de Díaz proponen aprobar un real decreto que confían en poder negociar con el PSOE y que, según fuentes del partido, podría «ser compatible con muchas medidas» que plantea el Ministerio, pero se caracteriza por su carácter marcadamente intervencionista.
Su medida estrella es la congelación de los alquileres durante tres años.
De ahí que Díaz insistiera en que «las políticas que tenemos sirven para especular» y que «el precio de la vivienda se ha convertido en el primer generador de desigualdad», obviando que lleva siete años en el Ejecutivo como vicepresidenta.
Díaz responsabiliza del aumento de los precios al PP, que se «rebela» ante la Ley de Vivienda y pide «su aplicación», en especial en lo referente al control de alquileres en zonas tensionadas.
«Llevamos más de medio siglo con políticas fallidas», dijo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la presentación de un real decreto que ha coordinado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
«Emergencia habitacional»
Desde Sumar explican en privado que la propuesta se inspira en la moratoria aplicada durante la pandemia y que ahora se justificaría por una «emergencia habitacional», con el objetivo de impedir que los precios suban durante ese periodo.
El decreto que Sumar aspira a imponer sería, según sus promotores, de «aplicación inmediata» e incluiría un fuerte componente fiscal, con varias subidas de impuestos dirigidas principalmente a los propietarios de pisos turísticos o de más de cuatro viviendas.
El paquete contempla elevar hasta un 5% anual el tipo aplicado en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para quienes posean cuatro o más viviendas, y eliminar la bonificación del 40% en el Impuesto de Sociedades sobre las rentas del alquiler, salvo en los casos de alquiler asequible.
Además, se restringe la compra de viviendas destinadas al alquiler libre, que solo se permitirá si los precios se ajustan al índice de referencia, lo que en la práctica podría obligar a algunos tenedores a rebajar rentas o asumir una mayor carga fiscal.
El plan también introduce un gravamen adicional sobre los pisos turísticos, al aplicarles el IVA general del 21 % y endurecer su control mediante un registro obligatorio y un régimen sancionador.
«Queremos abrir un camino», afirman fuentes de los ministerios de Sumar, que aseguran que las medidas las habían comunicado previamente con el PSOE. Ahora, queda ver si pueden consensuarlas.
El coordinador del plan, el ministro Pablo Bustinduy, fue más allá y afirmó que «la culpa de la vivienda es una clase rentista», añadiendo que el precio de los pisos y los alquileres constituye «una aspiradora colosal de renta».
Al acto asistieron todos los ministros de Sumar —Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz—, a excepción de la titular de Juventud, Sira Rego, que se encontraba de viaje en Jordania.
