Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Arrecife (Lanzarote), han detenido a una abogada acusada de participar en una red de fraude documental vinculado a solicitudes de inmigración irregular.
La investigación comenzó tras detectar incongruencias en varios documentos presentados ante la Oficina de Extranjería, especialmente en expedientes relacionados con procesos de reagrupación familiar. Los hechos se remontan a los meses comprendidos entre enero y abril de 2025, cuando los agentes revisaron más de 30 expedientes administrativos.
Falsificación de contratos de arrendamiento
Según fuentes policiales, la letrada utilizaba contratos de arrendamiento falsos para simular que los solicitantes contaban con una vivienda en condiciones adecuadas, requisito imprescindible para obtener autorizaciones de residencia en procesos de reagrupación.
Gracias a su condición de abogada, la sospechosa actuaba como representante legal de los interesados, lo que le permitía dotar de apariencia de legalidad a los expedientes fraudulentos. Esta práctica buscaba eludir los controles establecidos en la legislación vigente en materia de extranjería y facilitar el acceso irregular al sistema.
La abogada ya ha pasado a disposición judicial
Una vez concluidas las diligencias, la detenida fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente, que determinará su responsabilidad penal en el marco del procedimiento abierto.
La Policía Nacional ha subrayado la gravedad del caso, especialmente por el abuso de confianza que supone la conducta de una profesional del Derecho. También ha recordado que mantiene una vigilancia constante para evitar que los mecanismos legales de extranjería sean utilizados con fines ilícitos.
Contexto legal: el control de la reagrupación familiar
El procedimiento de reagrupación familiar permite a los residentes legales en España traer a sus familiares bajo ciertos requisitos, entre ellos, disponer de una vivienda adecuada. Este proceso está regulado por la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como por su reglamento de desarrollo.
Las falsificaciones documentales, como las que se investigan en este caso, suponen un delito penal y están tipificadas en el Código Penal español, pudiendo conllevar penas de prisión.
La Policía Nacional traslada a la ciudadanía que este tipo de fraudes no quedan impunes y que mantiene una vigilancia activa para garantizar que los procedimientos de inmigración se desarrollen con plena legalidad, protegiendo el sistema y evitando que sea instrumentalizado mediante prácticas ilícitas.
