El clima ya no es una variable ambiental más. Debido al avance del cambio climático y al caos que desata a su paso, este factor ya se ha convertido en un eje clave que afecta a la economía, la salud, la seguridad y, en definitiva, la forma en la que España deberá planificar su futuro. Esta es la advertencia que lanza el último «Informe de Riesgos Climáticos Sistémicos y Prioridades de Adaptación para España» en el que, por primera vez, se identifican los 141 riesgos climáticos «graves e interconectados» que amenazan al territorio español y que, debido a su impacto, obligan a redoblar las medidas de adaptación. Sobre todo después de ver cómo en los últimos años el país ha pasado de lidiar con situaciones de sequía extremas a inundaciones repentinas como las que ahora arrasan en el Mediterráneo.
El estudio, al que ha tenido acceso El Periódico, se centra en un análisis del impacto del cambio climático en todas las áreas esenciales del bienestar personal y colectivo, como es el caso de la salud, el patrimonio natural, las actividades económicas y la seguridad nacional. En todas ellas se identifica, en mayor o menor medida, que la crisis climática ya está teniendo un impacto negativo y considerable y que además, de seguir así, los daños irán a más en las próximas décadas.
De los 141 riesgos detectados hay al menos medio centenar que se materializarán de forma significativa en el corto plazo, es decir, en menos de 10 años. De estos, según estima el informe elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (MITECO), «tres de cada cuatro requieren planificación o acción inmediata para mitigar futuros daños graves».
El informe identifica casi 50 áreas estratégicas en las que hay que actuar de forma urgente y, de estas, afirma que en tres de cada cuatro casos urge desplegar medidas de planificación
Uno de los ejemplos más claros, y desgraciadamente cercanos, es el caso de los extremos hídricos en España. El informe afirma que las sequías extremas como las que han vivido Catalunya y Andalucía son el riesgo climático que más impactos adversos puede activar ya que, ante la escasez de agua, se reportan carencias en al menos 25 sectores, desde la caída de la producción agrícola hasta tensiones sociales o energéticas.
En el extremo opuesto, el análisis también señala que las inundaciones actúan como un potente desencadenante ya que, ante la llegada repentina de lluvias torrenciales, se pueden reportar hasta 18 daños adicionales en infraestructuras, viviendas y servicios básicos. En ambos casos, los registros confirman que estos riesgos climáticos no solo preocupan por su impacto individual sino, sobre todo, por su repercusión en múltiples sectores. Y en su potencial para convertir una crisis local en un problema a mayor escala.
Daños en ecosistemas naturales y ciudades
Más allá de los desastres derivados de la falta o el exceso de agua, el informe identifica un abanico de riesgos climáticos graves y cada vez más interconectados que ya están transformando el territorio español y sobre los que urge actuar. Uno de los focos de mayor preocupación es la «degradación del capital natural», que el estudio describe como «un potente motor de riesgo sistémico». La pérdida de biodiversidad, por ejemplo, «repercute directamente en 17 riesgos clave» como la caída de la productividad agrícola y el incremento del riesgo de inundaciones por la desaparición de ecosistemas que amortiguan el impacto de las lluvias. En paralelo, el aumento del riesgo de incendios forestales de gran magnitud, impulsado por las temperaturas extremas y las sequías prolongadas, amenaza no solo los bosques, sino también «entornos urbanos, infraestructuras y la seguridad humana«.
El estudio advierte del peligro que supone la pérdida de biodiversidad, el avance de los grandes incendios forestales y el problema de las olas de calor en las ciudades
También preocupa el impacto del cambio climático en las ciudades, donde reside el grueso de la población humana. Tal y como constata el informe, los entornos urbanos se enfrentan a olas de calor más intensas, al agravamiento del llamado efecto isla térmica y a la «alteración del suministro de servicios básicos» derivados de los diferentes impactos climáticos y desastres naturales, desde las sequías hasta las inundaciones. En el ámbito social, la destrucción de medios de vida y de subsistencia aparece como el riesgo con mayor grado de vulnerabilidad, situando la precariedad y la desigualdad en el epicentro de la amenaza climática en España.
Medidas de adaptación urgentes
El informe afirma que la gravedad de estos riesgos redobla la presión para desplegar medidas de mitigación y adaptación «en todos los sectores afectados» y, sobre todo, «de forma urgente. En este sentido, el análisis identifica un total de 51 riesgos considerados como clave y que requieren «planificación y una respuesta inmediata». De estos, al menos la mitad «forman parte de una red densa de interacciones» que exige una gestión conjunta entre ministerios y administraciones públicas como, por ejemplo, el caso de las políticas hídricas adaptadas a la nueva realidad climática. En palabras del propio documento, España necesita «un instrumento integral de gestión de crisis sistémicas» y no solo un catálogo de medidas aisladas.
«No basta con actuar de forma individual, por separado. Tenemos que alinear esos esfuerzos y garantizar una acción climática que sea estable y sostenida en el tiempo»
«España no es espectadora del cambio climático, sino que está en las primeras líneas de impacto y, por lo tanto, necesitamos una respuesta integrada que abarque todos los niveles de la administración y también a toda la sociedad», ha destacado este lunes la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la primera jornada de la convención de Ponferrada en la que se están poniendo las bases del futuro Pacto de Estado contra el cambio climático. «Necesitamos un acuerdo amplio que aglutine el conocimiento, el talento y los recursos. Un acuerdo que sea sólido y coherente. No basta con actuar de forma individual, por separado. Tenemos que alinear esos esfuerzos y garantizar una acción climática que sea estable y sostenida en el tiempo», ha destacado durante su comparecencia.
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