Santiago no logra por el momento que la Xunta recapacite sobre su negativa a declarar la ciudad como zona de alquiler tensionado. La Consellería de Vivenda ha rechazado ya el recurso de reposición interpuesto por el Concello en el que pedía que reconsiderase su decisión. A principios de agosto el Gobierno autonómico dio por «desistida» la solicitud presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poner tope a los precios del arrendamiento en determinadas circunstancias. La Xunta nunca ha visto con buenos ojos esta figura impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez dado que considera que no solucionará el problema de los elevados precios del alquiler. Pese a todo sí la ha autorizado en A Coruña, mientras que se la ha negado a Santiago argumentando que no entregó correctamente la documentación solicitada.
Fuentes de la Conselllería de Vivenda confirman que «se ha desestimado» el recurso del Concello de Santiago. Tras una reunión mantenida a principios de septiembre entre técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y del Concello de Santiago, Raxoi anunció que no tiraba la toalla para intentar que la ciudad fuese declarada como zona de alquiler tensionado. Para ello activó una doble vía. Una de las medidas fue la de remitir el recurso de reposición a la Xunta, pero no ha sido aceptado. La otra es reformular el informe de diagnóstico presentado ante el IGVS para tratar de que sea aceptado por la Xunta. «Estamos preparando la documentación para presentar una nueva solicitud e iniciar de nuevo el procedimiento», confirman fuentes del Gobierno de Goretti Sanmartín.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) había solicitado al Concello a principios de julio la elaboración de un nuevo documento de diagnosis de la situación del tensionamiento en el mercado residencial del municipio y la corrección de otras «deficiencias». EL IGVS reprochó al Ayuntamiento que el informe, realizado en la Universidade de A Coruña, aportase datos de un conocido portal inmobiliario para justificar la subida de precios. El Concello se negó en principio a reformular el estudio. Argumentó que el documento hacía referencia a las cifras que publica Idealista, pero también contenía datos extraídos de fuentes oficiales como el Observatorio Galego da Vivenda dependiente de la propia Xunta que demostraban que la subida de los precios del alquiler en Santiago había sido suficientemente alta como para cumplir los requisitos y ser declarada zona de alquiler tensionado.
En enero de este año, el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, presentó el estudio encargado por el Concello al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña (UDC). El informe de diagnóstico concluyó que todos los distritos del concello de Santiago cumplían los requisitos que se establecen en la Ley de Vivenda.
En el periodo analizado, entre 2018 y 2023, el IPC gallego creció un 20,8%, mientras que los alquileres en Santiago lo hicieron un 46,2%. La legislación determina que para la declaración de zona tensionada basta con que la diferencia sea de tres puntos.
Sin embargo, en julio el IGVS se mostró muy crítico con el informe y reclamó que se corrigiese el documento. La reformulación obligaría a volver a sacar a información pública el documento lo que retrasaría el proceso. El Concello se negó a rehacer el informe de diagnóstico y a principios de agosto el IGVS confirmó su negativa a declarar la ciudad como zona de alquiler tensionado. Raxoi volverá ahora a intentarlo con una nueva solicitud a la Xunta, que tardará meses en resolverse.
Los precios del arrendamiento suben casi cien euros al mes en los dos últimos años
Los precios del alquiler en Santiago siguen su imparable tendencia al alza. Según los últimos datos oficiales del Observatorio Galego de Vivenda e Solo, en septiembre pasado arrendar un piso en la capital gallega costaba 657,5 euros. Son casi cien euros más de los 563,9 euros que se pagaban en 2023, el último año analizado por los expertos de la Universidade de A Coruña que realizaron el informe de diagnóstico para solicitar la zona de mercado de alquiler tensionado a la Xunta. El documento inicia el recuento en 2018. Según el organismo de la Xunta, ese año el coste mensual del arrendamiento en la capital gallega era de 424,2 euros.
El alza de los precios es generalizada en las principales ciudades gallegas. A Coruña con 732 euros es la urbe con los alquileres más caros de la comunidad, seguida por Vigo con 693 y Pontevedra 663 euros. Santiago se encuentra en la cuarta posición. Sin embargo asciende a la tercera si se analiza el precio por metro cuadrado, que se sitúa en 7,2 euros frente a los 6,7 de Pontevedra.
En caso de que finalmente Santiago sea declarada zona de alquiler tensionado, el tope a los precios de las viviendas no se aplicará para todos los contratos. La ley de Vivienda solo contempla límites en dos casos. Por un lado se establece para los grandes tenedores, que en principio deben de tener 10 o más casas, aunque Santiago pidió en su solicitud aplicar esta categoría a los dueños de cinco. Por otro lado también se establecería en las nuevas viviendas en alquiler (las que no habían estado arrendadas en los últimos cinco años). Para determinar cuánto podrán pedir por cada casa, el Gobierno ha creado una base de datos pública de contratos de alquiler, actualizada periódicamente con diferentes fuentes de información estatales, autonómicas y locales. Son los conocidos como índices de precios de referencia, que se pueden consultar en la web del Ministerio. Según este portal, un piso en el barrio de Vite de 86 metros cuadrados en buen estado podría tener un coste máximo de 554 euros.
