La Ejecutiva Local del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana muestra su «total y absoluto rechazo» a la reciente autorización que permite la instalación de terrazas sobre la arena en la zona del Centro Comercial Oasis. Desde la formación, califican la medida como un grave precedente de «privatización encubierta» de un espacio de dominio y disfrute público, y acusan al grupo de gobierno de gestionar las playas «como si fueran de su propiedad». La autorización fue otorgada por la Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario.
En un comunicado, la ejecutiva socialista, que califica la decisión como una «agresión al medio ambiente», se ha posicionado frontalmente en contra de esta medida, señalando directamente al concejal de Urbanismo y Turismo, Alejandro Marichal. «Alejandro Marichal gestiona nuestras playas como si fueran de él y las va vendiendo a cachitos», afirman los socialistas, quienes consideran que esta acción demuestra «una vez más, para quién gobiernan».
El CC Oasis Maspalomas vuelve a recuperar las terrazas en la playa tras 35 años. / ANDRES CRUZ
El secretario general del PSOE en San Bartolomé de Tirajana, Carlos Álamo, ha recordado la época de 2011, cuando ciudadanos y ecologistas se manifestaban en esa misma zona para evitar la creación de un carril de servicio sobre la arena. Álamo ha expresado su sorpresa por la «incoherencia de las políticas actuales» y lamenta que hoy el gobierno municipal no solo haya consolidado dicho carril, sino que haya ido un paso más allá, permitiendo la instalación de mesas y sillas sobre la arena.
Una rapidez «sospechosa»
La Ejecutiva local también ha sembrado la duda sobre la transparencia del proceso, al considerar «sospechosa» la rapidez con la que se ha resuelto este expediente. Los socialistas señalan la coincidencia de que el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, y quien ostenta un alto cargo en la dirección de Coalición Canaria en Gran Canaria, sea del mismo partido que el concejal Marichal. Esta situación, afirman, genera un conflicto de intereses que choca con la protección del litoral y pone en evidencia el puro mercantilismo de un bien común.
El Grupo Socialista advierte que esta medida podría ser el primer paso de una privatización total de las playas, y se pregunta qué ocurrirá si los chiringuitos y los establecimientos del Anexo 1 de Playa del Inglés piden las mismas autorizaciones. “Si se abre la veda, nos cargamos la playa”, por lo que exige al grupo de gobierno que sea transparente y explique por qué se ha tomado una decisión que ha generado un gran rechazo social.
