La Generalitat desmiente su propio relato sobre las obras en la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante y el convenio firmado para sufragar la mitad de los trabajos a través de una subvención de 1,5 millones de euros de la institución autonómica. Según consta en un informe de la Secretaría Autonómica de Economía con fecha de 26 de junio y al que INFORMACIÓN ha tenido acceso, el 28 de marzo una comisión de la Generalitat visitó la instalación para comprobar si los trabajos habían finalizado en plazo, y la conclusión fue que había un incumplimiento del convenio este aspecto y en la carencia de licencia.
Pese a ello, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, afirmó en una visita a Alicante el pasado 9 de mayo, mes y medio después de las comprobaciones, que el convenio de las obras tenía “todos los informes preceptivos favorables” y que “todo” estaba “totalmente justificado”.
Estas declaraciones se produjeron después de que el Consell, en el informe citado, concluyera que quedaba eximido de las obligaciones económicas con la Cámara, y daba por “finalizado” el convenio. El informe procede del expediente de la subvención del Consell a la Cámara que reclamó el grupo socialista en las Cortes y que tuvo que solicitar en dos ocasiones “ante la falta de documentos”, explican fuentes parlamentarias.
Las conclusiones del informe evidencian que el Consell era consciente de las irregularidades en las obras de la futura sede de la Cámara de Comercio, ubicada en el edificio Panoramis del Puerto de Alicante, y que se estaban llevando a cabo sin licencia municipal. La Cámara paralizó las obras cuando ya estaban culminando a raíz de que INFORMACIÓN desvelara que carecían de permiso.
Sobre la falta de licencia, en su visita a Alicante de mayo, Merino le restó importancia y la definió como “una incidencia con el Ayuntamiento de Alicante”, y dijo que estaban “a la espera de que se determine cuál va a ser la situación, si es necesaria esa licencia o una declaración responsable”, a la vez que defendió que el convenio tenía “todos los informes preceptivos favorables”.
El documento de la Secretaría Autonómica de Economía no sólo desmiente estas declaraciones, sino también las del Consell de Mazón, que en boca de la diputada autonómica Mari Carmen Contelles, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda celebrada en las Cortes el 22 de mayo, aseguró que los 1,5 millones de euros del convenio se iban a ingresar “ahora”.
La representante dio esta respuesta ante las propuestas del PSOE y de Compromís, que plantearon desviar a otras finalidades la cantidad económica adjudicada a la Cámara, y además defendió que el convenio era “totalmente legal” y que entraba “en la línea de apoyar líneas de formación para jóvenes y pymes”. Por último, la popular acusó a los partidos de izquierdas de “utilizar la demagogia”, y PP y Vox rechazaron las propuestas de los otros dos grupos.
El contenido del informe
Según desvela el informe al que ha accedido este diario, la firma del convenio de colaboración entre la Generalitat y la Cámara para financiar las obras de adecuación de la sede de la entidad, llevada a cabo el 9 de mayo de 2024, fijaba la vigencia en el 31 de diciembre de ese año sin posibilidad de prórroga.
Tal como se ha sabido ahora, un mes antes del fin del plazo, el 20 de noviembre, la Cámara indicó que la empresa adjudicataria de las obras sufría interrupciones a causa de la dana que asoló Valencia, que había afectado a la cadena de suministros de proveedores, y solicitó constituir una comisión de seguimiento y de control. Ante esta situación, el Consell accedió a la solicitud de la Cámara de alargar el plazo de finalización, que se fijó en el 24 de marzo, justificando que no se trataba de una prórroga, impedida por el convenio (aunque esta era la expresión que figuraba en el acta), sino de un “nuevo plazo”.
También se admitió la propuesta de la Cámara de formar una comisión de seguimiento de los trabajos, constituida el 12 de febrero. El 28 de marzo, superado ya el plazo de vigencia, se llevó a cabo la comprobación in situ de las obras, tal como consta en un informe emitido tres días más tarde, donde se constata que no habían finalizado.
En este último documento se adjuntó además la adenda de un consultor independiente, que advertía de que la obra de la Cámara no contaba con la preceptiva licencia de obra mayor. Este hecho suponía “una incidencia en el cumplimiento de la normativa aplicable”, y la Secretaría Autonómica concluía que no se había cumplido el objeto del expediente “en todos sus extremos” y que, por tanto, “no quedaban pendientes obligaciones económicas derivadas del mismo, por lo que se considera finalizado”.
Contexto y reacciones
INFORMACIÓN ha accedido a esta resolución pocos días después de hacer públicas las intenciones de la Cámara de Comercio de vender a la Diputación su sede del antiguo hotel Palas, en la plaza del Mar de Alicante. El Ayuntamiento es actualmente el inquilino de estas instalaciones.
La resolución del conflicto de las obras en el puerto está a la espera de que la Cámara se avenga a eliminar una planta que construyó de más en la sede de Panoramis para desbloquear la licencia, única vía para restituir la legalidad.
Cabe recordar, también, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fue director gerente de la Cámara de Comercio entre 2009 y 2019, y conserva esta plaza en excedencia. A su vez, el actual presidente de la entidad, Carlos Baño, mantiene una estrecha relación con el jefe del Consell, a quien llegó a definir como su «hermano».
«Plagado de ilegalidades»
José Díaz, diputado del PSPV y portavoz de Hacienda de su grupo en las Cortes, considera que el citado informe de la Secretaría Autonómica de Economía “evidencia que todo el proceso para arreglarle el despachito a Mazón está plagado de ilegalidades”, ya que la comisión de seguimiento de la subvención “se constituyó cuando el convenio ya había caducado”.
Por ello, desde su grupo reclaman la comparecencia tanto de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, como del secretario autonómico de Economía, Jesús Gual, autor del informe, para aclarar “la escandalosa tramitación de la subvención a dedo de Mazón a la entidad donde estaba en nómina» y “el blanqueamiento de la sarta de ilegalidades con un informe del número dos” de la conselleria, “que alega que la prórroga ilegal no fue una prórroga, sino un nuevo plazo”.
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