El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. / EP
Vamos con la vivienda. La falta de casas. La frustración de no tener un presente digno e independiente y de mirar con incertidumbre hacia el futuro de varias generaciones. Un problemón que se extiende por capitales y urbes del mundo que se está desdibujando y perdiendo diversidad y que en España es tema de debate en el seno de las familias, de los centros de trabajo, de los lugares de ocio, de los grupos de amigos. De pronto esta semana el máximo responsable del Banco de España, José Luis Escrivá, ha puesto sobre la mesa una idea que merece ser debatida en estos tiempos de escasez de techos y precios imposibles: que los ayuntamientos españoles puedan utilizar el superávit que acumulan para implicarse en la solución de este agujero negro.
“Hay un problema serio de insuficiencia y muy concentrado en algunas partes del país, pero que empieza a estar cada vez más extendido”, dijo el pasado jueves en una intervención en la comisión de Economía del Senado. Según los datos que maneja el Banco de España faltan 700.000 viviendas en este momento para frenar un problema social, agravado porque tras la traumática experiencia del Covid hay una enorme (y rentable) demanda de pisos y servicios turísticos, ligado al revitalizado concepto del ‘carpe diem’.
En este contexto y tras cuestionar la falta de “calidad institucional” de las tres administraciones que deberían estar volcadas en resolver la falta de vivienda en España de forma “cooperativa y coordinada” –en un Estado tan descentralizado como el nuestro, ¿cómo hacerlo si no?-, lanzó su propuesta, a la que lleva dándole vueltas un tiempo. ¿Por qué no usar el exceso de liquidez o de depósitos con el que cuentan los ayuntamientos en este momento, que ronda los 50.000 millones, en hacer frente a esta urgencia social acuciante y favorecer la normalización de oferta y de precios en el mercado?
Una pareja joven destina el 51% de sus ingresos en Barcelona y el 43% en Madrid a alquilar una vivienda, según la OCU. / Archivo
“Lo vemos en los países donde hay mejores prácticas a la hora de producir vivienda asequible social de alquiler: suelen ser iniciativas donde los ayuntamientos tienen un peso muy grande”, comentó ante los senadores. Pero como bien sabe Escrivá y los parlamentarios que le escuchaban en la Cámara Alta, abordar cambios en el uso que deben y pueden hacer los consistorios de su superávit estructural es tema complejo. Tal y como quedó definida la regla del gasto en tiempos en los que España temblaba mirando a las primas de riesgo y a los mercados por el déficit por lo endeudábamos que estábamos, los consistorios deben usar lo que ahorran para eliminar deuda, sin poder dedicar los sobrantes a otro asunto.
Lo que propone Escrivá es que esa norma de hace años cambie y se actualice a los tiempos en los que faltan hogares, alegando que si se suma que los ayuntamientos son los que tienen suelo, además de competencias municipales sobre planes urbanísticos, se podría intentar cuadrar un círculo si hay voluntad de las administraciones y los políticos, claro, en romper con la dinámica actual: la de falta de vivienda y falta de consensos básicos. “Esto es algo que requiere que el ámbito político de decisión se ponga de acuerdo, porque es algo que se pueda arreglar y se pueden reutilizar recursos financieros y movilización del suelo”, insistió.
Se da la circunstancia de que el pasado jueves, el mismo día que el responsable de Banco central español ponía esta idea sobre la mesa pública, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitaba al Ejecutivo central una reunión urgente de la Comisión Nacional de la Administración Local para analizar la situación financiera de las entidades municipales. A través de sendas cartas remitidas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha pedido “avances inmediatos” para marcar objetivos de estabilidad presupuestaria; techo de gasto y deuda de los ayuntamientos para el 2026. Además se solicita avances a la hora de afrontar el superávit de las entidades locales –lo mismo que sugiere Escrivá-, con el objetivo de que los remanentes puedan dedicarse a inversiones “sostenibles, a políticas de empleo y al fortalecimiento del Estado del bienestar”. ¿Y a vivienda pública? Es obvio que no tener presupuestos generales del Estado ni perspectiva de que vayan a existir complica cualquier reforma de calado en este sentido, pero no debiera desaprovecharse la oportunidad de afrontar el debate con sosiego y ganas de dar soluciones, no solo problemas.
