Los canarios que solicitan una prestación en Dependencia esperan por ella una media de 478 días, es decir, que desde que realizan el primer trámite hasta la resolución final pasan casi 16 meses. Aunque esta demora esté bastante por encima del plazo máximo de seis meses establecido en la ley, se trata de un dato que la Consejería de Bienestar Social celebra porque, desde que arrancó la legislatura, han logrado reducirlo en 304 días. Es más, en islas como La Gomera, Fuerteventura, El Hierro —e incluso en algunas zonas de Gran Canaria—, los dependientes reciben sus ayudas dentro de los límites que marca la norma.
Los datos publicados en julio de 2023 por el Ministerio de Derechos Sociales, situaban al Archipiélago como la comunidad con mayor demora del país, con una espera media de 782 días. Dos años y dos meses después, Canarias ha caído hasta el tercer puesto por tiempo medio de resolución, solo por debajo de Andalucía (559 días) y Región de Murcia (563) y bastante por encima de la media nacional (349). Al respecto, la consejera del área, Candelaria Delgado, señaló que el objetivo es ajustarse al plazo máximo de 180 días establecido en la ley antes de que termine su mandato.
Para lograrlo, el Ejecutivo isleño se ha puesto las pilas y, según datos del Imserso, ha otorgado ya más prestaciones -un total de 22.061- que en toda la legislatura anterior, que fueron 20.073. En estos 26 meses, también ha resuelto más programas individuales de atención (PIA) que durante los cuatro años del Pacto de las Flores: 19.039, frente a las 16.343 anteriores. En la misma línea, Delgado comparó el actual ritmo de resoluciones de grado, 873 mensuales, con la media del gobierno anterior, 287.
El nuevo decreto, un impulso
Este acelerón se produjo sobre todo durante los meses de verano, coincidiendo con la entrada en vigor del Decreto 46/2025. El principal avance de este documento, diseñado para simplificar los trámites, es que permite al personal de Bienestar Social determinar el grado de dependencia de la persona solicitante y su Plan Individual de Atención (PIA) en una única visita, para que el beneficiario comience a cobrar la prestación desde el mes siguiente a la valoración. “Esta norma ha sido un impulso definitivo, porque ha permitido que los isleños accedan más rápido a sus derechos”, destacó la Consejera durante la presentación de los datos.
A la implantación del nuevo decreto, se suman otros dos factores que también han contribuido en la mejora de los datos: el incremento de la plantilla y la prioridad otorgada a aquellos expedientes que quedaron en el limbo. Con estas medidas, el Archipiélago ha pasado de resolver 356 expedientes en septiembre de 2024, a 3.740 en el mismo mes de 2025, el dato más alto desde que hay registros. El impulso ha sido tal durante el periodo estival que, de las 19.039 solicitudes tramitadas por Bienestar Social en esta legislatura, más de la mitad se han resuelto entre junio y septiembre.
Una tarea aún pendiente son los 13.741 isleños que tienen el PIA y el grado reconocidos, pero que no han hecho su prestación efectiva. La Consejería contrató una empresa que, entre agosto y septiembre, realizó más de 6.000 llamadas a este grupo, para averiguar por qué no se estaba haciendo uso de esa ayuda y para solucionar las trabas burocráticas con las que hayan podido toparse.
Faltan empresas de ayuda a domicilio
El principal problema que enfrentan ahora tanto el Ejecutivo como estos solicitantes es la falta de empresas de ayuda a domicilio. «El ciudadano tiene dificultades para encontrar entidades que le presten ese servicio y se quedan en un limbo», explicó Delgado.
Para remediar estas carencias, la Dirección General de Dependencia sacó a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializado en Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Tenerife, así como el servicio de supervisión y control de calidad de los servicios domiciliarios, por un importe total de 17 millones de euros.
Teleasistencia avanzada
Canarias también firmó este jueves el contrato con el que implantará la teleasistencia avanzada, un servicio que integra dispositivos móviles, sensores y geolocalización para atender y monitorizar a los mayores dependientes en sus propios domicilios. Se trata de una medida que beneficiará a 20.000 personas y que va en la línea de las directrices europeas, que se alejan cada vez más de las macroresidencias para evitar que este colectivo vulnerable tenga que salir de su entorno.
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