La UCM compra el marco al juez Peinado tras exculpar meses antes a Begoña Gómez: «El software era gratuito»

El exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, quien incriminó a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, supone ahora un problema para el juez Juan Carlos Peinado, encargado de llevar la investigación, ya que sus declaraciones tirarían por tierra una de las líneas de análisis del magistrado.

Peinado sumó hace un año los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional a las imputaciones que ya recaían en ese momento sobre la esposa del presidente del Gobierno apoyándose en una querella del grupo ultracatólico Hazte Oír. El juez basaba esta idea en que el software de la relacionado con la cátedra que capitaneó la investigada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) era propiedad del centro.

En su tesis, Doadrio, directa o indirectamente consiguió que el juez apuntalara el delito de malversación por el que también se investiga a Gómez al advertir del intercambio de “ciento y pico” correos intercambiados con ella misma o, en su defecto, su asesora Cristina Álvarez. Sin embargo, la condición de la herramienta informática, confirmada por el antiguo vicerrector, podría llevar a exculpar a la mujer del líder del Ejecutivo respecto del delito de apropiación indebida.

“(El software) siempre era gratuito para todos los usuarios. Era un buen proyecto que la Complutense tuviera un software (…) gratuito”, afirmó el pasado mes de enero ante el juez, llegando a decir que precisamente este aspecto era “lo mejor de la cátedra”.

Gómez nunca pudo hacer negocio con la herramienta

El testimonio de Doadrio acaba siendo clave para tumbar una teoría que Peinado mantiene como “verosímil”, dado que se trata de la persona que gestionó el convenio que provocó el nacimiento de la cátedra y el software y recibió comunicaciones que tenían que ver con la gestión de la misma. Al asegurar que la herramienta era gratuita, significa que Gómez nunca pudo hacer negocio con ella.

La Fiscalía, en uno de sus últimos escritos con los que reclama el archivo de la causa, se mueve en la misma dirección al emitir que no pudo haber ningún ánimo de lucro porque no reportó ningún beneficio a la esposa del responsable de Moncloa.

Una idea reforzada por el responsable universitario que, a preguntas de Vox, respondió que Gómez “tenía más que prohibido” cobrar “exceptuando lo que era el máster”. “Ahí hubo unas preguntas porque ella cobraba 15.000 euros (…) por la cátedra no puedo cobrar”, emplazaba. En el mismo orden de cosas, el dinero que recibió la investigada en una década en la UCM -entre 2012 y 2022- fueron 40.000 euros, según cifra el fiscal, de los cuales 8.123 los recibió antes de que su marido se sentara en La Moncloa.

La universidad se ha personado en la causa “para el ejercicio de acción civil de reparación del daño” a pesar de que no haber planteado ningún conflicto. La UCM justifica su decisión al señalar que los hechos que se investigan “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. Cabe destacar que la universidad había pedida que se le permitiera actuar como acusación en caso de detectar un “perjuicio económico” que, más de un año después, no se ha encontrado. Pero la última gestión del magistrado le permite actuar de esta manera.

El software

El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando de esta manera su acceso a ayudas públicas. Por el momento, las acusaciones han sido incapaces de demostrar que las empresas Indra y Google, que la financiaron, recibieran trato preferente con el centro educativo.

A esto, que imposibilitaría la existencia de un delito de corrupción en los negocios, hay que añadir lo relativo al registro de la marca. La defensa de Gómez señala que el término Transformación Social Competitiva fue ideado por ella y que propuso a la Complutense que lo utilizara en la cátedra y otros estudios que impartía. Entretanto, en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) figura que la mujer de Sánchez registró las marcas “TSC transformación Social Competitiva” y “Transforma”. Asimismo, se dieron de alta en una compañía privada de gestión de dominios “transformatsc.es” y “transformatsc.com”, en su caso por una de las colaboradoras de la cátedra. Pero en ningún caso consta, según el fiscal, que se haya utilizado fuera de la UCM ni que se hayan intentado lucrar con ellos.

Con todo, algunas afirmaciones de exvicerrector sí que refuerzan las tesis en relación con el delito de malversación, centrado en este caso en las gestiones de la asesora de Gómez. “Me visitó cuatro o cinco veces, y después casi todo era por correo”, apuntaba. Cabe recordar que Álvarez siempre ha defendido que las actuaciones que pudiera hacer en ese sentido nunca se sobrepasaron con sus funciones, sino que obedecían más a “favores” puntuales.