En su último informe, el Consejo Escolar del Estado reclama una medida que, de momento, ningún gobierno ha puesto encima de la mesa: alargar la educación obligatoria y gratuita hasta los 18 años. Es decir, dos más del límite actual: 16 años, cuando termina la ESO. Vigente en Portugal, Inglaterra, Alemania, Austria o Bélgica, la educación extendida implica un modelo flexible y no supone que todo el alumnado curse bachillerato. La mayoría de los especialistas están a favor y pronostican como resultado una importante reducción del abandono escolar temprano, igual que ha ocurrido en Portugal (del 28,3% en 2010 al 6,6% en 2024). Sin embargo, también hay voces contrarias que enarbolan la bandera de la libertad personal y que insisten en que el verdadero debate no está en retener a los chavales en el aula sino en analizar por qué quieren irse. El Ministerio de Educación y FP, de momento, no se pronuncia sobre esta reforma cuyo coste, según estudios publicados, alcanzaría 1.500 millones de euros anuales.
Formado por más de cien miembros que representan a los distintos colectivos implicados (desde el profesorado hasta las familias pasando por las administraciones públicas, las empresas y los sindicatos), el Consejo Escolar del Estado realiza una labor consultiva, de asesoramiento y de propuesta al Gobierno. En 2015, con Francisco López Rupérez como presidente, el organismo ya incluyó entre sus propuestas de mejora la extensión de la educación obligatoria hasta los 18. “Es la vía para reducir el abandono escolar temprano y la brecha formativa. Contribuiría a aumentar la empleabilidad de los jóvenes y mejoraría no solo su salario sino también su salud física y emocional”, explica López Rupérez, director de la cátedra de Políticas Educativas en la Universidad Camilo José Cela. “El sistema educativo no puede ser igual ahora que hace 35 años. El contexto ha cambiado”, añade.
Portugal ha reducido el abandono temprano del 28,3% al 6,6% en 14 años tras instaurar la educación obligatoria hasta los 18
“Es la vía para reducir el abandono escolar y la brecha formativa: ayudaría a aumentar la empleabilidad de los jóvenes y mejoraría desde su salario a su salud”
En su último informe (2024), el Consejo Escolar del Estado vuelve a instar al Ejecutivo a “reflexionar sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años”. El organismo considera que alargar la educación obligatoria y gratuita contribuiría a promover la igualdad de oportunidades y a no dejar a ningún alumno atrás. A pesar de la insistente petición, el Gobierno de Pedro Sánchez, que llegó a garantizar la universalidad de la educación de 0 a 18 años antes de ser presidente, no tiene entre sus planes estudiar la medida. Fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría omiten a este diario cualquier pronunciamiento al respecto.
Abandono temprano
En España, la educación obligatoria cambió en 1990, cuando el equipo de Felipe González aprobó extenderla por ley hasta los 16. La anterior legislación (ley general de educación, 1970) tenía fijado el límite en los 14. En 2011, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que sugería a los estados miembros que extendieran la educación obligatoria hasta los 18 como medida para combatir el abandono escolar temprano. Este se refiere al grueso de ciudadanos entre los 18 y los 24 años que, como mucho, tienen la ESO y no han seguido estudiando (también están incluidos los que ni siquiera la tienen). Actualmente, España detenta uno de los porcentajes más elevados de abandono: 13% frente al 9,3% de la media europea.
«La solución pasa por implantar un bachillerato gratuito y aumentar la oferta de Formación Profesional asequible, ya sea pública o concertada»
Alargar dos años más la educación gratuita y obligatoria no consiste en hacer que todo el alumnado curse el mismo itinerario de ESO y bachillerato. No se trata de mantener a alumnos contra su voluntad en aulas en las que no desean estar, estudiando algo que no quieren estudiar. Los expertos apuestan por modelos flexibles que atraigan a todos los perfiles con un abanico de itinerarios que resulten atractivos tanto para los que apuestan por una enseñanza más académica como los que tiran hacia una formación de carácter más profesional y dirigida al mundo laboral. “La solución pasa por implantar un bachillerato gratuito y aumentar la oferta de Formación Profesional asequible, ya sea pública o concertada”, reflexiona el director del área de educación del centro de Políticas Económicas de ESADE (EsadeEcPol), Lucas Gortazar.
Inversión
La medida, lógicamente, no es gratis. Según los análisis de los investigadores de Funcas, hablamos de unos 1.500 millones de euros al año, lo que significa el 0,1% del PIB. Consciente del gasto para las arcas públicas, el especialista de EsadeEcPol apunta a que los beneficios compensarían la inversión. “La educación es muy rentable no solo a nivel personal sino social. Hay que tener en cuenta los beneficios comunitarios, como la creación de valor y el crecimiento económico”, concluye.
«¿Hasta qué punto el Estado te puede obligar con 16 años a quedarte en el sistema educativo si tú estás a disgusto y te quieres ir?»
Ni segregación ni café para todos
Luis Lizasaoin, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y profesor de la Universidad del País Vasco hasta 2018, recuerda que hay muchos chavales de 16 años, incluso más jóvenes, que renuncian a seguir estudiando. “Se trata de que la escuela no les abandone. Lo importante es que estos alumnos puedan cruzar pasarelas formativas. Un sistema segregador no funciona, pero tampoco el café para todos, no se trata de que todos cursen los mismos estudios obligatorios”, explica.
Experto en métodos de investigación y diagnóstico en educación, Lizasoain se muestra completamente a favor de iniciar el debate para extender la educación obligatoria, pero puntualizada que se tiene que hacer bien. “Un simple brindis al sol no tendría sentido. Este tema merece un debate pausado, sin bronca política. Hay que escuchar a los técnicos”, concluye el profesor, que recuerda que México implantó la obligatoriedad hasta los 18 sin el resultado deseado. “El sistema está mal hecho y solo se aplica, de verdad, al 60% del alumnado. El otro 40% se queda fuera”, se lamenta.
«Un sistema segregador no funciona, pero tampoco el café para todos, no se trata de que todos cursen los mismos estudios obligatorios»
A pesar del entusiasmo de sus colegas, el catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense (Madrid) Mariano Fernández Enguita se muestra contrario a la medida por una cuestión de derechos y libertad personal. “¿Hasta qué punto el Estado te puede obligar con 16 años a quedarte en el sistema educativo si tú estás a disgusto y te quieres ir?”, se pregunta.
Poniendo como ejemplo el caso de los alumnos de etnia gitana (su escolarización ha aumentado, pero el rendimiento escolar se ha reducido y existe mayor abandono), el investigador asegura que la extensión de la educación no garantiza los éxitos escolares que muchos pronostican. No hay que obligar a nadie a estar donde no quiere, sino “hacer que no se quieren ir”, insiste dejando claro que hay que ofrecer “válvulas de salida” a chicos y chicas de 12, 13 y 14 años para los que el sistema no funciona. “Tenemos el sistema educativo que diseñamos en su día, una escuela para que los chicos se fueran cayendo. Hemos heredado un modelo de aula huevera y libros de texto. La ESO estaba concebida como una etapa mucho más comprensiva y no lo ha sido”, concluye haciendo hincapié en otro de los grandes problemas de las aulas: la excesiva repetición de curso, «un vicio de la institución y la profesión».
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