Madrid mantiene su pulso con el Gobierno central en torno a la creación de un registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Después de que el pasado lunes el presidente del Gobierno enviara una carta instando a cuatro comunidades, la de Madrid entre ellas, a crear este registro, obligatorio por ley, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, manifestó su abierta oposición a la creación de esta lista sin confirmar si se procedería a elaborarla.
«Obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer no parece propio de una democracia liberal«, dijo. Su postura, abundó, ha sido siempre la misma: «Que en España no se persiga ni se señale a nadie por abortar o por no hacerlo ni tampoco que se persiga o se señale a nadie por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud».
Hoy su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha vuelto a referirse al asunto en términos que dejan la puerta abierta a no elaborar ese registro. Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado hoy en Navalcarnero, Matute se ha expresado en términos prácticamente idénticos a los de la presidenta regional. «En esta democracia liberal, en la Comunidad de Madrid, no se va a perseguir ni señalar a nadie ni por hacer ni por no hacer».
Hace unos días, en un desayuno informativo, Matute ya había mostrado su opinión contraria al registro pero fue clara en manifestar que se cumpliría con la obligación legal. «Esa lista no me puede obligar tanto si estoy como objetor o como no objetor a hacer algo», apuntaba. «A lo mejor sería más útil tener una lista de aquellos que proveen el servicio para saber con quién cuentas», señaló Matute. «¿No es más útil sacar una lista de los [centros] que lo quieren hacer? Pero sí que puedo asegurar que vamos a cumplir la ley«, remachaba.
Era antes de que el presidente del Gobierno enviara la carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid, y de que Ayuso replicara que se tomará su tiempo en contestar «para ser certera». El asunto del aborto ha vuelto a la agenda después de que el PP apoyara a principios de la semana pasada en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa presentada por Vox para que en los centros municipales se informara de lo que el texto llamaba «síndrome postaborto».
El choque se ha prolongado con la polémica en torno a la elaboración de los registros de objetores, cuestión a la que mandata la ley orgánica 2/2010, reformada en 2023. Ayer mismo, la ministra de Sanidad, Mónica García, interpelaba directamente a Ayuso. «La ley se cumple, punto, no hay más, y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, normativas y administrativas para que la ley se cumpla. La última persona que se atrevió a echar pulso a mujeres fue el señor Alberto Ruiz Gallardón, y tuvo que hacer las maletas», señalaba tras el Consejo de Ministros.
La práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo en centros públicos es otra de las aristas del enfrentamiento. El Ministerio de Sanidad aspira a que la proporción de las que se parctican en centros privados sea menor. El Servicio Madrileño de Salud deriva a clínicas privadas la mayoría de estas actuaciones. En la última década, de los 162.000 abortos practicados en Madrid solo se hicieron 177 en centros públicos. «A ninguna mujer en la Comunidad de Madrid se le ha negado el aborto», ha zanjado hoy Matute.
