La presentación de cartas, requerimientos, burofaxes y quejas tanto a la Junta Central Fallera como al Ayuntamiento y al Síndic de Greuges, acusando de irregularidades al jurado de falleras mayores de València -focalizado en el de infantiles- se ha convertido en la visibilización de algo que sucede todos los años, la disconformidad con el veredicto, pero en esta ocasión con acusaciones vertidas con nombre y apellido tanto por parte de denunciantes como de denunciados. Un señalamiento al jurado como no se había producido con la profusión de escritos.
Acusaciones de tener relación con familias de candidatas o mala praxis durante el proceso se han acompañado en esta ocasión no con la tradición oral -el «me han dicho» imposible de tener en cuenta- sino con documentos en negro sobre blanco. Hasta ahora, la discrepancia se saldaba en comentarios de redes sociales, pero no en la presentación de una batería de quejas, recurriendo incluso al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, con datos precisos, pendientes, eso sí, de comprobar y evaluar.
La denuncia masiva tenía dos destinos: sacudir los cimientos del sistema o dejarlo pasar un año más, como si nada hubiese pasado. De momento, en esta ocasión han cambiado las cosas y no se sobresee sin más, considerado como queja producto de la frustración. Pero tampoco se va a paralizar el proceso. El mensaje que se transmite desde la Junta Central Fallera -o, por lo menos, desde las instancias de la misma que no han minimizado la cuestión y que, en este caso, la consideran grave– es que son los propios jurados los que, ahora, deben actuar en consecuencia y tomar las decisiones previa escucha a los afectados.
Pero, según ha podido saber Levante-EMV, lo sucedido este año va a llevar a replantear las bases del próximo año, de cara a endurecerlas, habida cuenta que la actual reglamentación hay muchos vacíos, gateras por las que se puede colar la mala praxis. Así como una imposibilidad de tomar medidas -salvo la traumática de detener el proceso y convocar una asamblea extraordinaria que, como poder, daría tiempo para llevarse a cabo antes de final de semana-, que no parece que se vaya a llevar a cabo.
Entre las normas que se pretenden promover desde la concejalía de Santiago Ballester estaría precisamente la de la posibilidad de destituir a un jurado si se demostrara que hay alguna relación que vulnera las bases del concurso -personales, comerciales o laborales-. Y, sobre todo, que no se hubiesen comunicado previamente. Es decir, dar al presidente de la Junta Central Fallera la capacidad para deponer a aquellos que, habiendo hecho una declaración jurada en la que aseguraran no tener relaciones, se evidenciara que el testimonio es falso. Esta declaración podría incluir la existencia de relaciones, pero ser lo suficientemente tangenciales como para, una vez evaluadas, no considerarlas invalidantes. O si no se asistiera a las citas con las candidatas o que el trato dispensado no fuera el correcto.
Un problema de credibilidad
Lo que resulta evidente es que se trata de un proceso altamente emocional (más que el concurso de Fallas) y que tiene -ha tenido siempre- un grave problema de credibilidad. Sobre todo, porque es un trauma que, de 73 candidatas, 60 acaban sin premio. Y aunque hay que purgar una parte importante de esas críticas -por infundadas o por creencias equivocadas o injustas-, no menos cierto es que sí que hay falleros que alcanzan la condición de jurados, con el poder que esto supone, sin haber pasado los filtros mínimos. Que en esta ocasión están a falta de unas explicaciones convincentes.
Hay que recordar tal como ha publicado Levante-EMV que este año son varios los jurados señalados por diferentes malas praxis. Pero en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, los coincidentes son, fundamentalmente, dos: Rosa Ferris, por reiteradas ausencias en las pruebas -documentadas en fechas- y Antonio Carceller -por acusarle, a través de documentos de redes sociales, la existencia de lo que consideran relación invalidante con alguna de las candidatas-.
Legislación laxa
Hasta ahora, la legislación es extraordinariamente laxa. Para ser jurado hay condiciones muy fáciles: ser mayor de edad, no haber sido jurado los últimos cinco años, no pertenecer a una comisión con candidata y pertenecer a algunas de las condiciones estipuladas (haber sido fallera mayor de València o corte de honor, ser presidente de falla, miembro de la JCF o incluso fallero de a pie).
El siguiente requisito es de poca trascendencia: adjuntar un currículum personal y fallero.
Luego están las circunstancias propias: «Los candidatos votados por la Asamblea, así como los jurados designados por el Presidente, no deberán tener relaciones personales o laborales con ninguna candidata, ni tener amistad manifiesta o ser familiar directo«. Esa es la mencionada gatera que no se investiga. No hay declaración jurada sobre este requisito. Ni siquiera una entrevista personal en la que se le pida oralmente a los jurados qué relaciones puede haber para considerar si es inhabilitante o no.
Asombrosamente, las bases no estipulan que haya que asistir a las pruebas, ni un mínimo de sesiones que se puedan ausentar. Que es la acusación contra Rosa Ferris -por haberse perdido la mitad de las pruebas antes del Roig Arena-. Reglamentariamente, no se ha cometido ninguna irregularidad. La cuestión ética es otra cosa.
