Varapalo del Tribunal de Cuentas a Sepes, actual entidad estatal del suelo dependiente del Ministerio de Vivienda llamada a ser el nuevo casero nacional que desarrolle la política de vivienda del Gobierno. En su último informe, en el que audita la actividad de la entidad entre 2018 y 2023, tiempo en el que Pedro Sánchez ha estado al frente del Ejecutivo —con José Luis Ábalos y Raquel Sánchez como ministros de Transportes, cartera de la que dependía esta empresa—, el organismo fiscalizador cuestiona «la eficacia» de las intervenciones de la empresa pública, ya que muchas de ellas acusan «retrasos en los plazos de venta de las viviendas y las parcelas residenciales», que «le ocasionan costes de mantenimiento y conservación de los inmuebles».
En un documento de más de doscientas páginas, el Tribunal de Cuentas evalúa el cumplimiento normativo y la eficacia de la gestión de Sepes de su patrimonio y de los convenios y contratos suscritos para el desarrollo de su actividad o la eficacia y eficiencia de sus actuaciones en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, este informe ha perdido cierta validez, ya que la estrategia de la empresa pública está en plena transformación, que culminará con la creación de una sociedad capaz tanto de desarrollar suelo, actividad que ya llevaba a cabo Sepes, como de construir, alquilar y gestionar viviendas.
El organismo fiscalizador es especialmente duro en su análisis con lo que guarda relación con los desarrollos urbanísticos que tiene en marcha Sepes. Sobre estos, el informe asegura: «A la fecha de finalización de los trabajos de fiscalización, ninguna de las actuaciones analizadas había finalizado y en todas ellas se han producido incidencias y demoras importantes en su desarrollo, que derivan, en general, de la complejidad de la tramitación de las actuaciones urbanísticas de acuerdo con su normativa reguladora y de la distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas intervinientes. Los tiempos transcurridos en la ejecución de estas actuaciones permiten cuestionar la eficacia de los resultados pretendidos, consistentes en la puesta a disposición de vivienda pública en respuesta a la demanda existente en zonas geográficas tensionadas». Los retrasos en la tramitación también es uno de los lastres de promotores y propietarios de suelo privados.
El órgano de control externo pone la lupa sobre los plazos en algunas de sus actuaciones, como la Operación Campamento, donde han pasado más de veinte años desde el inicio de las actividades, el Regimiento de Artillería de Sevilla, donde han transcurrido más de dieciséis años, más de catorce años en las actuaciones del Parque Central de Ingenieros y Cuartel y Maestranza de Artillería, ambas en Valencia. «La dilación de plazos de ejecución está dando lugar, además, a que se produzca un incremento global de los costes del 18 % en la estimación de finales de 2024 respecto de la realizada a finales de 2022″, añade.
Ocurre lo mismo en aquellas ocho actuaciones anteriores, cuyos suelos o viviendas están en fase de comercialización, con «plazos muy dilatados o inconclusas». «En una promoción en Mieres (Asturias), tras catorce años desde el inicio de su comercialización, de las 131 viviendas iniciales quedan por vender 40; en Aguas Vivas Ampliación en Guadalajara, de las 17 parcelas residenciales puestas a la venta, pasados quince años desde el inicio de su comercialización, quedan por vender once; en Loma de Colmenar (Ceuta), de las cinco parcelas iniciales quedan por vender cuatro; en Celadilla en Utiel (Valencia) de las 35 parcelas comercializadas en 2000 quedan por vender cinco; en el polígono 2 de Cornes en Santiago de Compostela y Campolongo en Pontevedra todas las parcelas residenciales puestas a la venta, están pendientes de venta; y en la promoción del Barrio de San Isidro en Navalcarnero (Madrid), desde 2009, de las siete parcelas residenciales se habían vendido cinco y las dos restantes se habían adjudicado. Los importantes retrasos en los plazos de venta de las viviendas y parcelas residenciales afectan a la eficacia de la intervención de Sepes y le ocasionan costes de mantenimiento y conservación de los inmuebles pendientes de venta«, desarrollan.
Suspenso en protección de datos e inversión en TIC
El Tribunal de Cuentas ha analizado los sistemas y aplicaciones informáticas y asegura que «los sistemas de información presentan limitaciones en cuanto a su evolución e integración» y «hay flujos de validaciones de procesos fuera de los sistemas, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones e incrementa los riesgos en el tratamiento de datos», en parte porque el presupuesto en TIC es «insuficiente para cubrir las necesidades». El tribunal recuerda que Sepes no está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad, obligación legal para las entidades del sector público, ni cuenta con un registro actualizado y publicado de actividades de tratamiento de datos, materia que tampoco ha auditado.
Recomienda más coordinación
El Tribunal de Cuentas ha lanzado varias recomendaciones a Sepes para mejorar su gestión y agilizar la promoción de vivienda pública asequible. Entre ellas, propone reforzar la coordinación con las administraciones a través de reuniones periódicas, decidir el destino de los inmuebles que no están vinculados a proyectos urbanísticos y estudiar indemnizaciones en casos de incumplimientos contractuales.
El organismo también insta a modernizar la inversión en tecnología para garantizar la seguridad y el cumplimiento legal, y a mejorar los convenios urbanísticos con obligaciones claras, plazos definidos y mecanismos de coordinación más eficaces. Asimismo, pide que cada actuación incorpore estudios de demanda, criterios de priorización y plazos realistas, además de un seguimiento riguroso. Finalmente, reclama un plan para dar salida al stock de viviendas y suelos en comercialización.
