Los chiringuitos religiosos y antiabortistas han encontrado su casa en la Comunidad de Madrid, especialmente desde que Isabel Díaz Ayuso se sienta en la Puerta del Sol. En 2022 la región anunciaba que triplicaría las ayudas para apoyar a mujeres embarazadas y madres sin recursos, sin embargo, estas subvenciones se han convertida en última instancia en una puerta de entrada para entidades, en ocasiones ultraconservadoras.
En este sentido, entre las últimas firmas que ElPlural.com ha podido conocer como beneficiarias de ayudas presuntamente para este fin se encuentran algunas más lícitas -en tanto en cuanto su marco ideológico escapa a la polémica-, es cierto; pero también las hay que siguen una línea claramente ultrareligiosa y ultraconservadora que, además, no esconden.
Algunas, de hecho, tal y como contaba este periódico en otra información, hacen las veces de receptoras pantalla del refugio Provida, un espacio que hostiga a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo a la clínica Dator -la primera de España acreditada para interrumpir el embarazo de forma segura- para evitar que lo hagan, acosándolas con todo tipo de información que, en su inmensa mayoría, carece de base científica.
Entidades subvencionadas por la Comunidad de Madrid
Así las cosas, este es el conjunto de entidades que, según ha tenido constancia este medio de comunicación a través de unos datos que, por otra parte, son de carácter público, reciben dinero de la región en forma de subvención a través de la línea de ayudas señalada unas líneas más arriba:
- Residencia Mater Admirabilis: 115.346,35 euros.
- Asociación Dual: 54.658 euros.
- Red de Acción Social Evangélica: 30.618,54 euros.
- Fundación Amigó: 22.600 euros.
- Alternativa en marcha: 64.802 euros.
- Asociación Karibu: Amigos del pueblo africano: 34.218,54 euros.
- Fundación Madrina: 51.419,08 euros.
- Fundación Golfín: 117.146,35 euros.
- Aplec: 57.000.000 euros.
- Asociación Red Madre: 66.246,07 euros.
- Asociación en Defensa de la Vida Humana Adevida: 30.618,54 euros.
- Asociación San Ricardo Pampuri: 30.000 euros.
- Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos: 44.044,84 euros.
- Movimiento por la paz, el desarme y la libertad: 59.460,34 euros.
- Asociación Provida Alcalá de Henares: 22.018,53 euros.
- Cáritas diocesana de Madrid: 59.046,07 euros.
- Asociación cultural de ayuda de la comunidad de San Egidio de Madrid: 30.618,54 euros.
- Fundación social Hijas de la Caridad: 57.800 euros.
- Fundación Acogida: 68.046,07 euros.
- Fundación María Ayuda: 66.246,07 euros.
“No parece propio de una democracia liberal”
En su particular cruzada contra el aborto, la administradora de la Puerta del Sol respondía en las últimas horas a la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que varias comunidades autónomas creen y regulen el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto. En concreto, las regiones a las que se dirige el responsable de Moncloa son precisamente Madrid, además de Aragón, Asturias y Baleares.
Ayuso respondía a la petición del dirigente de Moncloa, que calificó la interrupción voluntaria del embarazo como “una enorme tristeza y un fracaso como sociedad”. “Ahora toca hablar de esto con tanta frivolidad porque estamos en una campaña para tapar todos los escándalos que rodean al presidente”, emitía.
La política del Partido Popular detallaba que España no debe perseguir ni señalar a nadie “por practicar un aborto o no querer practicarlo como profesional de la salud”, si bien aseguraba que se tomará “con tiempo la respuesta” a la misiva para que ésta sea “certera”, al tiempo que inducía a no “estigmatizar” a nadie. “No parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o no hacerlo”, consideraba.
Almeida reabre el debate sobre el aborto, Ayuso lo aviva y Feijóo no puede cerrarlo
Las palabras de la lideresa metían en un nuevo problema al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y es que la dirección de la formación quería cerrar cuanto antes el debate que reabrió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, adaptando el discurso de Vox en esta materia.
No es ningún secreto que los ‘populares’ se han posicionado históricamente en contra de este derecho que tanto ha costado conquistar a las mujeres, pero la última idea de los conservadores en la ciudad capital ha obligado al propio regidor a retractarse pese a haber sido él mismo quien la había adoptado tras ponerla la ultraderecha sobre la mesa.
En concreto, el equipo de Almeida había dado en primera instancia el visto bueno a informar a las madres sobre el conocido como síndrome post aborto, una especie de patología que no disfruta de ninguna razón médica pero que sirve a las asociaciones provida para defender su postura.
Finalmente, consciente de que había pisado un charco que podía traerle problemas, el alcalde reconoció que “no es una categoría científica reconocida” y que no existe la obligación de informar a las mujeres sobre esto, si bien en caso de que éstas la solicitaran, llegaría vía profesionales del Consistorio. Con todo, no ha concretado todavía la información a la que se refiere.
Con una mano quieren reducir los abortos, pero con otra no hacen nada para que no se produzca el embarazo
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), quien clama contra las ayudas de Ayuso a entidades provida –“antielección” en última instancia- lamenta que algunas de las firmas apoyan “hostigar” a mujeres.
Entretanto, apunta que la Comunidad de Madrid pone el grito en el cielo cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, pero que “no dispone de los recursos necesarios para que no se produzca el embarazo no deseado”. “Falta educación sexoafectiva, es la única región que no financia con recursos propios métodos anticonceptivos modernos, la píldora postcoital, etc”, afianza.
Hay que destacar que destinar dinero público a este tipo de entidades anti aborto contradice la modificación de la ley orgánica de salud sexual y reproductiva del año 2023, sin embargo, estas asociaciones disponen de un paraguas legal que podría justificar sus actuaciones.
Tal y como detallaba un artículo de CRÍTIC sobre este aspecto, «no todas las convocatorias de subvenciones públicas recogen en sus bases el requisito de tener una perspectiva de derechos humanos», por lo que los «discursos oficiales de estas entidades de proteger y acompañar a las maternidades», terminan teniendo cabida con la legalidad.
