El Gobierno ha logrado sacar adelante la ley de movilidad sostenible con 174 votos a favor y 170 en contra gracias a la abstención inesperada y de última hora de Podemos tras un acuerdo con el Ministerio de Transportes para “ aplazar las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat al menos hasta 2031”.
El auxilio morado llegó tras votar a favor del embargo de armas a Israel pese a amenazar con tumbarlo. En total, 178 a favor y 169 en contra.
El movimiento de los morados no solo permitió aprobar la norma y convalidar el Real Decreto sino que también evitó un bochorno al PP, que se quedó a un voto de tumbar la Ley de Movilidad Sostenible. Uno de sus diputados, Guillermo Mariscal, no acudió al pleno porque se encuentra en México de luna de miel, tras casarse el pasado sábado.
El PP solicitó el voto telemático este martes, pero la petición fue denegada por la Mesa del Congreso, ya que los viajes postnupciales no figuran entre los supuestos legalmente autorizados (como embarazo, paternidad, maternidad, enfermedad o cuidado de familiares).
En el Gobierno sabían desde el martes que podían sacar adelante la ley. Mariscal no asistió ni a la reunión de la Mesa —de la que es secretario tercero— ni al debate parlamentario sobre el embargo de armas a Israel, ni a las votaciones previas relacionadas con la ley de movilidad.
Consciente de que la votación podía terminar con una victoria por la mínima, Moncloa movilizó al presidente Pedro Sánchez para asegurar su voto presencial. El PSOE necesitaba exactamente 175 apoyos y no podía permitirse ni una sola ausencia o error. Aún así. Un diputado no votó de forma correcta y, al final, fueron 174 votos.
Un resultado que frustró la expectativa de una victoria ajustada, pese a que PSOE y Sumar habían insistido a sus diputados en extremar la precaución al votar.
La norma reconoce la movilidad como “un derecho social” de toda la ciudadanía y, entre otras medidas, prohíbe los vuelos nacionales de menos de 2,5 horas cuando exista una alternativa ferroviaria adecuada.
La ley ha sufrido varios cambios a lo largo de su tramitación parlamentaria, como reconocía el portavoz del PSOE: “No es la misma ley que entró hace 18 meses. Es mucho mejor”, afirmaba el diputado socialista Ignacio López Cano que recordaba que Europa vincula la aprobación de la ley a 10.000 millones de fondos europeos.
Desde el Partido Popular, se habían mostrado en contra porque se habían rechazo sus enmiendas transaccionales a favor de mantener paradas de autobús en zonas despobladas. “Si no se aprueban esas enmiendas, ustedes serán los responsables de explicar a los abulenses y turolenses que nuestros pueblos han perdido la dignidad”, advertía el diputado popular José Alberto Herrero Bono.
Ni siquiera con estas concesiones el Gobierno ha logrado atraer el apoyo de Podemos, que considera la ley “insuficiente” e “inútil” y ha acusado al Ejecutivo de “promover un modelo de economía fósil”. Como condición para respaldara, el grupo morado ha exigido la retirada del plan de ampliación del aeropuerto del Prat y la paralización de las obras del puerto de Valencia.
Una exigencia inasumible para Moncloa, dado que la ampliación del aeródromo barcelonés es uno de los proyectos estrella no solo del Ministerio de Transportes, sino también del presidente catalán, Salvador Illa.
Por ello, los reproches más duros desde la izquierda han ido dirigidos a Podemos por su oposición. “Estrategia a corto plazo”, criticaba el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, quien acusaba a los morados de llevar a cabo “una campaña electoral de lo cutre” por oponerse a la ley.
Durante los últimos días, el Gobierno intentó amarrar el apoyo de algún diputado, ya que el resto de grupos –salvo PP, Vox y Podemos– estaban a favor. Una de las opciones que barajaba el Ejecutivo era la abstención o el apoyo de UPN, pero según fuentes del partido foralista, nadie del Gobierno se puso en contacto con ellos para negociar.
Desde Vox, Carina Mejías denunciaba que la ley “solo busca imponer una ideología concreta” para “proteger a los ecopijos”. “Recorta derechos fundamentales y añade más burocracia”, reprochaba la diputada.
