La defensa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido este martes al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que pida explicaciones a la UCO sobre la «revelación» al PP del informe patrimonial sobre el exministro José Luis Ábalos «y se identifique a los responsables» de la supuesta filtración.
El escrito indica que el informe en el que la UCO pone de manifiesto que Ábalos pudo tener «ingresos irregulares y opacos» fue dado por recibido en el Tribunal Supremo a las 12:39 horas del pasado día 3. Así consta en una diligencia extendida por la letrada de la Administración de Justicia.
Según la defensa de Cerdán, ese mismo día, a las 11 de la mañana, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, afirmó en una rueda de prensa en Oviedo que «está al caer un nuevo informe de la UCO que habla de las miserias y de las corruptelas de un Gobierno que roba. Estoy seguro. […] Creo que, en muy pocas horas, lo podremos comprobar».
Los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, recuerdan que la ley procesal penal establece que la fase de instrucción es reservada, en orden a «proteger el debido funcionamiento del procedimiento y la reputación de los investigados, amparada en el Derecho fundamental a la presunción de inocencia», afirman.
«Se trata de limitar las posibilidades de realización de juicios paralelos en medios de comunicación y redes sociales que tanta influencia pueden tener en los magistrados y demás profesionales jurídicos», sostienen.
Para la defensa de Cerdán, las declaraciones del dirigente del PP «demuestran que la UCO reveló al Sr. Miguel Tellado la existencia y contenido del informe antes de que fuera recibido por la letrada de la administración de justicia». Y añaden que «esto muestra la relación fluida entre la Policía Judicial y el Partido Popular, el principal partido de la oposición».
Imparcialidad e independencia
Para los letrados de Cerdán, «esta revelación es inadmisible e incompatible con el derecho fundamental a un proceso debido, al honor y a la propia imagen de los investigados, especialmente teniendo en cuenta el innegable interés mediático y político de esta causa». Además, «dicha revelación pone en tela de juicio la independencia, objetividad e imparcialidad de la Policía Judicial», según dicen.
La defensa pide, «a efectos de depurar las posibles responsabilidades», que el instructor del alto tribunal reclame a la UCO que, «en el plazo de 24 horas, informe sobre qué explicación da de la revelación expuesta y se puedan identificar los responsables de esta revelación».
Afirma que hay que «aclarar» esta cuestión «como garantía para la correcta continuación de este procedimiento y para que los perjudicados, en su caso, dispongan de los elementos necesarios para acudir al Juzgado correspondiente».
La inminencia del informe sobre Ábalos, al igual que sucede ahora con el relativo a las comunicaciones del empresario Aldama con el ministro Ángel Víctor Torres, era de amplio conocimiento en círculos jurídicos, políticos y periodísticos.
