El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, lamentó ayer durante la comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado la «investigación universal» a la que está siendo sometida la esposa de Pedro Sánchez.
«El hecho de que su marido sea el presidente del Gobierno no puede justificar una investigación universal como la que se está haciendo de su vida personal, de su vida profesional, de todas sus actividades, de su formación académica«, manifestó el letrado.
«Desde que desapareció la Inquisición a principios del siglo XIX no había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que Begoña Gómez está sufriendo», añadió.
El defensor pidió el sobreseimiento libre para la mujer de Sánchez, lo que es, a su juicio «la única opción en Derecho, por no ser los hechos constitutivos de delito».
En este procedimiento, que comenzó en abril de 2024, se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con la cátedra extraordinaria sobre transformación social competitiva que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Antes desarrolló un máster sobre la misma materia, igualmente en la UCM.
Begoña Gómez no ha acudido a la nueva citación del juez Peinado
También se investigan contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, para quien Begoña Gómez escribió dos cartas de apoyo en concursos de Red.es.
Pero, según Camacho, tras un año y medio de pesquisas «no hay ningún resultado».
Por no haber, dijo, no hay ni indicios de delito. «Si acudimos a la resolución del 1 de octubre [en la que el instructor transforma las diligencias en procedimiento ante el jurado] nos encontramos con que en ninguna parte se recogen los indicios que debieran fundamentar esta comparecencia», manifestó.
«Y no se recogen por un hecho que creo que es notorio: es que no existen dichos indicios», señaló.-
«Pensábamos que sería la acusación popular, que es la única que mantiene en este procedimiento la tesis acusatoria, la que recogería los indicios. Pero lo que nos ha relatado es más propio de una novela que del rigor que requiere fijar unos indicios claros de la comisión del delito», agregó.
Las cartas de apoyo a Barrabés
Camacho subrayó que las ofertas a las que Barrabés incorporó dos cartas de apoyo firmadas por Gómez como directora del máster en la UCM codirectora de la cátedra extraordinaria en la UCM obtuvieron contratos que no se investigan en este procedimiento.
Esas adjudicaciones están siendo investigadas por la Fiscalía Europea, que «no investiga a Begoña Gómez».
Las cartas de apoyo al proyecto de Barrabés «no solo fueron solo presentadas por ella, sino también por empresas tan serias y conocidas como Microsoft o IBM»
Esas cartas, explicó, «no recomiendan a las empresas de Barrabés. Cualquiera entiende que Microsoft, que es una tecnológica cuyo producto está presente en todas las empresas, no iba a primar a una empresa en contra de las otras».
Esas cartas «simplemente recomendaban el objeto del contrato, lo que se iba a obtener. Y había un compromiso de colaborar con el mismo, pero no se recomendaba a un empresario en concreto. No lo hacía mi cliente, no lo hacía el Ayuntamiento de Madrid, que también hizo una carta de apoyo, y evidentemente tampoco lo hacía IBM ni Microsoft».
El defensor también destacó que «no se ha acreditado ninguna intervención por parte de Gómez en esos contratos públicos», lo que, a su parecer, disipa la imputación de tráfico de influencias.
Camacho se quejó de que «no sabemos exactamente de qué se apropió indebidamente mi representada: el software de la herramienta creada para la cátedra extraordinaria, las marcas, los dominios…».
En todo caso, Gómez «no se ha apropiado de un software que no ha empezado a funcionar. Y tampoco se ha apropiado del término transformación social competitiva, porque ese término fue inventado por ella«.
«La intención de Begoña Gómez era que esa herramienta fuera absolutamente gratuita y así aparece en la causa de forma machacona», manifestó el letrado para poner de manifiesto que no puede haber apropiación indebida, que es un delito patrimonial y requiere ánimo de lucro.
«Vamos a ver una señora cuyos ingresos anuales ascendían a 15.000 euros, que no cobraba ni un euro por la dirección de la cátedra, de dónde obtenía ese ánimo de lucro», ironizó.
Respecto al supuesto intrusismo, señaló que «uno puede tener muchos objetivos con el procedimiento penal, pero debe tener un condicionamiento importante: debe aplicar la ley. Aquí no estamos haciendo política, se está haciendo derecho. Y cuando se hace derecho, se cita la norma infringida en virtud de la cual se cometió un delito de intrusismo, lo que no se ha hecho».
Según Camacho, el intrusismo es «la más singular» de todas las imputaciones porque «está acreditado documentalmente que mi representada fue instada a firmar los pliegos de prescripciones técnicas» del software.
«Esperábamos oír dónde se encuentra la norma que impone que esos pliegos de prescripciones técnicas tengan que ser firmados por alguien con una formación académica concreta», indicó el defensor, que recordó que la propia interventora de la UCM dijo «con rotunda claridad» que, según las normas de la universidad, el pliego tenía que ser firmado por la responsable de la cátedra extraordinaria.
