Más allá de las diferencias en cuanto a la intensidad de las lluvias y sus consecuencias, la gestión de Emergencias de la Generalitat en el temporal del 29 y el 30 de septiembre ha puesto de manifiesto notables correcciones respecto a la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024. Y en algunos casos deja en evidencia, también, la estrategia de defensa de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, principal investigada junto a su exnúmero dos, Emilio Argüeso, además de la línea argumental que ha mantenido el Consell de Carlos Mazón durante los últimos meses.
El Es Alert
Es la principal diferencia: el envío de la alerta masiva en la sobremesa del pasado domingo, doce horas antes de que comenzara lo peor del episodio en Valencia. El manifiesto retraso en el envío el día de la dana (a las 20.11 horas, con la mayoría de fallecidos ya) lo ha convertido en el núcleo de la investigación de la jueza de Catarroja.
Ha habido ruido en torno a aquel envío. Desde la Generalitat se trató de corresponsabilizar al Gobierno de España desde el primer minuto. El propio Carlos Mazón, el día 30 de octubre, ya deslizaba que quien coordinaba el envío era la administración central, a través de la Dirección General de Protección Civil. En un escrito a la jueza del pasado mes de febrero, el Consell señala que la decisión de emitir la alerta se debatió en el Cecopi que tiene un «comité de dirección» que presidía la titular de la Conselleria de Justicia e Interior, y desliza que dicho «comité de dirección» del Cecopi está «formado por la citada consellera y la delegada del Gobierno». Además, apunta que ese Cecopi reunió a representantes de veintiocho instituciones estatales y autonómicos.
Al margen de esto, se ha insistido en que el sistema de aviso a la población, que el Ministerio del Interior puso a disposición de las autonomías en 2022, era provisional, e incluso el PP ha deslizado que “requiere la autorización del Gobierno central”.
Nada de eso se vio el pasado domingo, doce horas antes de que comenzara el aviso rojo. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, envió el mensaje dentro de sus competencias, sin hacer partícipe a la delegada del Gobierno, que a las 15.28 horas se encontraba de camino al centro de emergencias de l’Eliana, donde había convocada a las 16 horas una reunión entre administraciones para coordinar las actuaciones preventivas ante el temporal. Ni siquiera esperó Valderrama esos minutos, donde iba a tener información precisa de Aemet o de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). De hecho, la jueza ha pedido esta semana a la conselleria que explique las gestiones que realizó y que dieron lugar al envío del mensaje de alerta este pasado domingo.
Desde el Consell, en privado, reconocen respecto a esa agilidad en el envío que, tras la dana se han rodado en el uso de esa herramienta y eso se nota. Además, se ha perdido el miedo que había a enviarlo por las reticencias empresariales a sus efectos sobre la ciudadanía.
La vigilancia
En su último escrito a la jueza, en el que pide el archivo de las diligencias, la defensa de la exconsellera Pradas mantiene la estrategia de la falta de información, compartida con el Consell de Mazón. Pradas se apoya en la reciente declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, para respaldar que en el Cecopi no se manejó información sobre el barranco del Poyo.
Se omite, no obstante, que desde esa mañana existía una alerta hidrológica sobre esta rambla, que se había enviado una patrulla a medir los cauces y se retiró aunque permanecía la alerta, que desde Emergencias se reconocía a las 15 horas en À Punt que estaban pendientes de la situación de ese barranco o que había información sobre las lluvias en cabecera y noticias sobre los problemas en aquellas poblaciones desde primera hora. El propio Mazón informó de «vehículos atrapados», de una «vivienda inundada en Turís con cabras ahogadas» y del desalojo de una residencia de mayores en Carlet.
En el último temporal, pese a no pasar de la fase de preemergencia, se han movilizado múltiples recursos de vigilancia de manera preventiva, sin necesidad de que hubiera alertas hidrológicas y antes incluso de que empezara a llover. El domingo, en la citada reunión de coordinación con todas las agencias y cuerpos de seguridad, se mapearon puntos sensibles y se enviaron efectivos.
Fuentes del Consorcio apuntan que desde la noche del domingo 28 de septiembre y hasta el mediodía del 30 de septiembre la vigilancia de la rambla de El Poyo se ha realizado en las escalas de la zona de la A-3 en Riba-roja de Túria y del polígono industrial Mas del Jutge en Torrent. En total cada día entre 10 y 12 brigadistas forestales de las Brigadas Forestales del Consorcio han estado revisando esos puntos, repitiéndose las mediciones domingo, lunes y martes, y relevándose a lo largo del día con otros cuerpos que han vigilado también la rambla del Poyo, como los bomberos forestales de Generalitat (entre 8 y 10 componentes al día), así como otros cuerpos, por lo que se ha vigilado durante todo el día con las alternancias correspondientes entre intervinientes.
La Generalitat, no obstante, ha tratado de sacudirse sus competencias y poner el foco de nuevo en la CHJ como responsable de vigilar cauces. El conseller Valderrama ha pedido a la Confederación información sobre cuántos agentes y en qué puntos fueron desplegados, así como qué información recabaron. Desde la CHJ señalan que “todos los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Júcar desplegados sobre el territorio cumplieron, como siempre, con las funciones de inspección y vigilancia de cauces”.
Con todo, apunta que son 55 agentes repartidos por todo el territorio de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (más de 46.000 km de cauces) y que “la CHJ no es un servicio de intervención ni tiene competencias en la gestión de emergencias”. “Ni los agentes medioambientales de la CHJ ni los datos suministrados a tiempo real a través del SAIH suplen en ningún caso la vigilancia que deben llevar a cabo los servicios de intervención desplegados en el territorio, dependientes de las autoridades que sí son competentes en la gestión de emergencias”.
La coordinación
A diferencia de la dana de hace un año, la gestión de la preemergencia ha estado marcada por la comunicación y la coordinación entre las dos principales administraciones. La portavoz del Consell, Susana Camarero, ha mantenido esta semana la tesis de la falta de información para justificar la diferente actuación.»En esta ocasión [Aemet] ha avisado con antelación y eso permite tomar medidas preventivas y actuar», dijo el pasado lunes.
Esta defensa contrasta con el hecho de que en la dana de 2024, la propia Generalitat activó el plan especial ante el riesgo de inundaciones el 24 de octubre, cinco días antes de que llegara lo peor de la dana que asoló Valencia. En ese lapso, sin embargo, ni se convocó ninguna reunión de coordinación ni aparentemente se activaron recursos extraordinarios. Tampoco se celebró ninguna reunión después de que se activaran los avisos rojos, a partir de las 7 y media de la mañana del 29-O.
La delegada del Gobierno convocó a las agencias estatales, y ofreció esa mañana a la UME a Pradas, pero Emergencias de la Generalitat no movió ficha hasta diez horas después, con la convocatoria del Cecopi (17 horas) tras activarse la situación 2 en la plana de Utiel-Requena a las 15 horas y movilizar a la UME.
En este caso, Emergencias activó el plan de inundaciones el sábado a partir de los boletines de Aemet, con aviso amarillo. Primero se activó para Castellón, y dos horas después, para Valencia y Alicante. Todo eso durante la mañana del sábado. Esa tarde, el conseller coincidió con la delegada del Gobierno y ya le adelantó que al día siguiente se convocaría una reunión de coordinación. Esa reunión se celebraría ya con el aviso rojo activo y con el Es Alert enviado. Se tomaron decisiones como el refuerzo del 112 o la movilización de efectivos de todas las administraciones para vigilar cauces.
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