Vecinos en alerta por un peligro silencioso. El parque Juan Pablo II del PAU 1 de Alicante se encuentra en alerta tras la reaparición en los últimos días de comida para perros con anzuelos. Esta acción, que en apariencia podría parecer un acto aislado, en realidad constituye un delito grave, tipificado en el Código Penal, con penas que van desde multas hasta cinco años de prisión, dependiendo de si el veneno (o el elemento empleado) causa lesiones o la muerte de un animal, o incluso si pone en riesgo la salud de las personas. Y es que la combinación de peligro para las mascotas y para la comunidad es un peligro añadido en un espacio verde catalogado por el Ayuntamiento como zona donde no se pueden pasear mascotas.
Pese a la normativa, y con un parque habilitado para perros a apenas unos metros de distancia (cruzar dos carriles), cada vez son más quienes llevan a sus animales a esta zona verde de grandes dimensiones. La situación se agrava con la aparición de trampas que van desde anzuelos ocultos en trozos de carne hasta cebos envenenados, un patrón que los vecinos denuncian que se repite de manera recurrente en la zona. La presidenta de la Asociación de Vecinos del PAU 1, Rosario Buyolo, asegura que la situación se repite con frecuencia y que son los vecinos los que avisan de los hallazgos por los grupos. «Creemos que se trata de la misma persona que ya los puso en otras ocasiones porque los casos que se vienen repitiendo en el tiempo, no es la primera vez que ocurre. Afortunadamente, hasta ahora no ha habido incidentes graves«, afirma Buyolo.
«Creemos que se trata de la misma persona que ya los puso en otras ocasiones porque los casos que se vienen repitiendo en el tiempo»
Riesgo para animales y personas
Aunque la situación puede tener repercusiones legales. El presidente de la Sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Alicante (ICALI) y director de la entidad Aboganimal, Eloi Sarrió, señala que la colocación de cebos con anzuelos o sustancias tóxicas pueden constituir delitos de riesgo para la fauna y el medio ambiente, maltrato a animales domésticos e incluso riesgo grave para la salud de personas. «Un cebo envenenado en el parque es una ruleta rusa: hoy muere un gato o un perro, mañana se intoxica un niño«, apunta Sarrió.
El abogado animalista recuerda que estos hechos pueden constituir hasta tres delitos recogidos en el Código Penal, con penas que van desde los cuatro meses a los cinco años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño causado. «Colocar veneno aunque no haya víctima ya es un delito. Si además un animal resulta herido o muerto, estamos ante maltrato. Y si el tóxico genera un riesgo grave para la salud de las personas, puede aplicarse también el artículo 325 del Código Penal», subraya Sarrió.
«Un cebo envenenado en el parque es una ruleta rusa: hoy muere un gato o un perro, mañana se intoxica un niño»
En la práctica, explica, se aplican diferentes artículos del Código Penal. El artículo 336 castiga el uso de venenos o medios no selectivos, con penas de prisión de hasta dos años. El 340 bis sanciona las lesiones o la muerte de un animal doméstico, con penas de hasta 24 meses de cárcel y la inhabilitación para tener mascotas. Por último, el 325 recoge los delitos contra el medio ambiente cuando estas prácticas suponen un riesgo grave para personas, animales o plantas, y contempla condenas de entre dos y cinco años.
Necesidad de vigilancia
La reiteración de casos ha hecho que los vecinos soliciten mayor presencia de la Policía Local en la zona. «Hace falta más vigilancia. Lo pedimos hace años y seguimos igual», recuerda la presidenta de la asociación vecinal, pese a que en el parque del PAU 1 está prohibida la presencia de perros al existir justo enfrente un área reservada para animales. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y notificar cualquier hallazgo de este tipo a la policía para su análisis y control.
Por su parte, los expertos insisten en que ante la aparición de un cebo sospechoso no debe tocarse ni retirarse de manera individual. La recomendación es fotografiarlo, avisar a la Policía y denunciar, de modo que se preserve la cadena de custodia y se realicen los análisis toxicológicos pertinentes. Sin estas pruebas, subrayan, resulta «muy difícil» que prospere una condena. «La seguridad es un bien común y un envenenador de animales es un peligro para todos», apunta Sarrió.
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