El pasado 23 de septiembre, el PSOE y sus socios dieron luz verde a una proposición de ley que pasó algo inadvertida, pero cuya aprobación puede tener cierta trascendencia política en un futuro próximo, pues supondrá arrebatar al Tribunal Supremo la última palabra a la hora de decidir sobre los traspasos de competencias a las comunidades autónomas en favor del Tribunal Constitucional. La propuesta sale adelante además en plena polémica por la negociación para el traspaso a Cataluña de competencias migratorias.
La propuesta del PNV, que salió adelante con mayoría absoluta, está dirigida según sus impulsores a evitar que las decisiones del alto tribunal bloqueen acuerdos políticos y la aplicación de reales decretos como ocurrió con traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad de Navarra en abril de 2024 o, más recientemente, el que atribuía al Ejecutivo autonómico vasco la homologación de títulos universitarios.
La aprobación de esta proposición de ley, que ahora deberá concretarse, ha levantado recelos en el Supremo, desde donde se apunta a su intencionalidad política como consecuencia las decisiones concretas que ha ido adoptando su Sala de lo Contencioso Administrativo. Por su parte, fuentes del Tribunal Constitucional se dividen entre quienes consideran que el órgano de garantías es el más adecuado para arbitrar los conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas y quienes advierten de que el cambio sugerido precisaría una reforma de la propia Constitución, al afectar a la estructura funcional del propio Supremo.
La última palabra
Las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO en el alto tribunal prefieren esperar a ver en qué se concreta la propuesta que ha recibido un primer aval del Congreso, si bien consideran «evidente» que al Ejecutivo de Pedro Sánchez parece gustarle más el actual Tribunal Constitucional que el Supremo. «El objetivo es puramente político, evitar que la última palabra la tengan la jurisdicción ordinaria«, señalan fuentes consultadas, que lo enmarcan en «un esfuerzo más de esta legislatura por disminuir o limitar la capacidad de control jurisdiccional».
Fachada de la sede del Tribunal Supremo, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra – Europa Press
De hecho, eso parece desprenderse de lo que dentro de la Sala Contencioso Administrativa del alto tribunal sitúan como origen de la propuesta del PNV. «Lo que ha planteado el PNV surge porque hemos dictado sentencias anulando transferencias acordadas en las comisiones mixtas de transferencias, y lo hemos hecho con base a lo previsto en la Constitución y estatutos de autonomía, más en la doctrina del Constitucional».
Así lo revelan a este diario varios magistrados consultados sobre esta reforma, que agregan que las sentencias de la Sala de lo Contencioso que anularon la cesión de competencias fueron muy criticadas por los nacionalistas «de ahí que quieran una vía específica que les garantice el acceso a un tribunal que ellos consideran más propicio, como es el actual tribunal.
Además, en casos como los resueltos sobre la presencia de la Guardia Civil en Navarra o la homologación de títulos no hay actualmente posibilidad de recurso «ni siquiera ante el Constitucional, al que se podría ir en amparo, pero únicamente por violación de derechos y libertades fundamentales, lo que no se da en estos casos, pues lo que se discute es la interpretación es el reparto competencial», agregan las mismas fuentes.
Nueva disposición adicional
Concretamente, la propuesta de ley que salió adelante con 179 votos frente a 170, propone añadir una nueva disposición adicional sexta a la ley orgánica que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional para crear un «recurso subsidiario sobre acuerdos de delimitación competencial y cuestiones prejudiciales en relación con acuerdos de delimitación competencial» de cuyo conocimiento se encargará el órgano de garantías una vez agotada la vía judicial en el Supremo.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido / Gustavo Valiente – Europa Press
Desde algunos sectores del propio Tribunal Constitucional, pese a que la reforma apunta dudas sobre si un cambio de este tipo pueda requerir una reforma de la propia Constitución, la propuesta del PNV es vista con mejores ojos. «Es cierto que al Tribunal Constitucional le corresponde arbitrar entre el Estado y las Comunidades Autónomas y forma parte de nuestra jurisdicción resolver los conflictos competenciales entre ambos, por lo cual tenemos una abundante jurisprudencia sobre esta materia, este sentido no sería extraño que esta competencia se atribuyese al Constitucional, pero es una decisión que corresponde al Legislador», argumentan las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.
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