El alcalde de Alicante, Luis Barcala, enfría las pretensiones del Ayuntamiento de consultar a la Generalitat Valenciana sobre las irregularidades en las obras de la sede que la Cámara de Comercio construye sin licencia en el puerto. Para el regidor, este trámite no es más que “una posibilidad”.
En declaraciones a los medios de comunicación, el dirigente popular ha asegurado que Urbanismo aún no ha registrado ningún trámite ante ningún organismo y que no se ha tomado ninguna decisión al respecto. En cuanto a las novedades en el procedimiento, Barcala echa balones fuera y lo fía al futuro: “Cuando haya algo, algo explicaremos, si es que tenemos algo que explicar”.
En la misma línea, fuentes de la Conselleria de Conselleria de Infraestructuras han señalado a INFORMACIÓN que este tipo de trámites son habituales a modo de “consulta” a un organismo superior, pero que en ningún caso supondría la necesidad de emitir un dictamen vinculante respecto a la polémica urbanística, cuya resolución corresponde a la Administración local, competente en materia de urbanismo.
Este mismo jueves, según publicó EFE y confirmó INFORMACIÓN, el Ayuntamiento preparaba un escrito dirigido a la dirección general competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat, confiando en que fuera enviado en los próximos días para conocer la interpretación de la Administración autonómica del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA). Esta consulta municipal sobre la interpretación de parámetros urbanísticos se plantearía al amparo de dicha atribución y debido, en este caso, al carácter excepcional con el que nació el edificio, momento en el cual ya se aplicaron parámetros extraordinarios.
Una decisión que, en la práctica, supondría dejar en manos del Consell de Carlos Mazón (gerente en excedencia de la Cámara, puesto al que puede volver cuando abandone la política) las conclusiones sobre las irregularidades detectadas en la nueva sede de la entidad empresarial que dirige Carlos Baño, estrechamente ligado al dirigente popular.
El caso de la Cámara
El pasado mes de abril, INFORMACIÓN desveló que la nueva sede de la Cámara de Comercio de Alicante se está construyendo sin licencia. Un proyecto de más de tres millones para el que el Consell de Carlos Mazón, que conserva (en excedencia) su plaza como director gerente en la institución cameral, fijó una subvención a dedo de 1,5 millones. Las obras para adecuar 4.800 metros cuadrados de los antiguos cines comenzaron en la primavera del año pasado y, a punto de finalizar, el Ayuntamiento requirió a la Autoridad Portuaria que certificara si los trabajos cumplen con los parámetros de edificación y volumen del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA).
Tras un intercambio de comunicaciones entre Ayuntamiento, Puerto y Cámara, la entidad terminó paralizando voluntariamente las obras mientras se resolvía la situación. Finalmente, Urbanismo comunicó a la corporación que preside Carlos Baño que se había construido una planta «de más», aprovechando la altura de las antiguas salas de proyecciones, y que solo eliminando dicha estructura fuera de ordenación se puede «restituir la legalidad infringida» en las obras que viene realizando sin licencia desde hace más de un año.
Ahora, el último movimiento de la entidad empresarial trata de eludir esa necesidad de derribar la planta construida irregularmente,alegando problemas de seguridad. Mientras, el Ayuntamiento busca fórmulas para dar respuesta a la polémica urbanística, que podría acabar en manos del gobierno autonómico de Carlos Mazón.
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