El Consejo General del Poder Judicial ha acordado implantar «medidas de apoyo» para reforzar 23 juzgados de violencia sobre la mujer a petición de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de siete comunidades autónomas. La decisión viene motivada en que este viernes los juzgados especializados asumen también las denuncias de violencia sexual cometidas fuera del ámbito de la pareja o expareja, en cumplimiento de la ley del ‘solo sí es sí’ y la ley de eficiencia de la justicia.
Los jueces que atienden casos de violencia de género han protestado porque ya de por sí están muy sobrecargados y la asunción de nuevas competencias va a multiplicar su carga de trabajo. 135 magistrados han avisado del riesgo de que se produzca un «colapso total«, dado que el Gobierno ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces especializados, lo que supone incrementar un 42% la plantilla, pero la mayoría de las incorporaciones se harán efectivas el 31 de diciembre de este año.
Por eso, el CGPJ ha acordado reforzar 23 juzgados de violencia sobre la mujer, en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Comunidad Valenciana y Galicia, y los refuerzos durarán, inicialmente, hasta que el 31 de diciembre lleguen las nuevas incorporaciones. El refuerzo ha recibido el visto bueno del servicio de inspección del Poder Judicial y cuenta con la autorización económica del Ministerio de Justicia.
La ley del ‘sí es sí’
La asunción de las nuevas competencias de los delitos sexuales por parte de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que dejarán de ser unipersonales para pasar a ser tribunales de instancia (órgano colegiado), es una de las medidas recogidas en la ley del ‘solo sí es sí’ que estaban todavía pendientes de ejecución. Además, el cumplimiento de este traspaso de competencias desde los juzgados de instrucción a los de violencia sobre la mujer está recogido en la ley de eficiencia de la justicia, que se está desplegando durante este 2025 y con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modernizar y dar agilidad a la administración de Justicia.
La normativa otorga a los órganos judiciales de violencia sobre la mujer no solo las causas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos fuera de la pareja, sino también la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y el acoso con connotación sexual cuando la ofendida sea mujer. La ley de eficiencia incorpora otra medida de la ley del ‘solo sí es sí’, como es que las víctimas de delitos sexuales tengan derecho al asesoramiento previo y a asistencia jurídica gratuita en los procesos. Además, se reconoce este derecho a las afectadas por mutilación genital, matrimonio forzado o acoso con connotación sexual.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha argumentado recientemente en EL PERIÓDICO que «las nuevas atribuciones competenciales garantizan una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, puesto que se asegura la completa especialización de los jueces para conocer de unos delitos en los que la formación en perspectivas de género es esencial».
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