En manos de Mazón. Ahí es donde ha dejado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la decisión sobre las obras sin permiso que la Cámara de Comercio ha realizado en el edificio Panoramis del puerto para acondicionarlo como nueva sede. Unos trabajos, prácticamente finalizados, que la propia institución que preside Carlos Baño paralizó a principios del pasado abril después de que este diario desvelara que se habían venido acometiendo sin licencia.
El Ayuntamiento condicionó el permiso municipal a la eliminación de una planta que la promotora mantuvo y cuya supresión ordenó como condición inexcusable para dar la licencia que permitiera acometer las obras. Pero no se suprimió la planta, una naya que, según concluyeron los técnicos municipales a los que ahora se les aparta del asunto, contravenía la normativa urbanística.
Alegaciones y respuesta
Ante las alegaciones que contra esta decisión presentó la Cámara, Barcala no pudo ser más rotundo. «Corresponde a los técnicos de Urbanismo, y solo a ellos, resolver este expediente urbanístico”, explicó el regidor entonces, quien añadió: “Ahora es el momento de dejar trabajar a esos técnicos sin la más mínima interferencia política o de cualquier otra índole para que la decisión que adopten se ajuste a la normativa legal, como no puede ser de otro modo”.
El dirigente popular insistió en que su equipo de Gobierno había actuado de la misma forma en otros casos relacionados con el urbanismo, “con un respeto absoluto al criterio de los técnicos y a la legalidad, que es como vamos a seguir actuando siempre”.
Donde dijo digo…
Esto ocurría a finales de mayo. Apenas cuatro meses después, la contundencia de Barcala y la confianza en sus técnicos se han esfumado. El alcalde del PP ha decidido ahora elevar a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio una consulta sobre los parámetros urbanísticos de aplicación al edificio donde se encuentra la sede que la Cámara ha acondicionado sin el preceptivo permiso municipal
El escrito estará dirigido, según ha avanzado Efe y ha confirmado este medio, a la dirección general competente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat y será enviado en los próximos días para conocer la interpretación de la Administración autonómica del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA), en desarrollo del Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
Esta consulta municipal sobre la interpretación de parámetros urbanísticos se plantea al amparo de dicha atribución y debido en este caso al carácter excepcional con el que nació el edificio, momento en el cual ya se aplicaron parámetros excepcionales.
Al arbitrio de la Generalitat
Con este cambio de criterio, Barcala deja la decisión de sobre la legalidad estas obras al arbitrio de la Generalitat cuyo presidente, Carlos Mazón, no solo mantiene un estrecha relación con Baño sino que él mismo es personal de esta institución, donde está en excedencia como gerente y a la que puede volver cuando deje la vida pública.
A ello se suma la partida de 1,5 millones que el Consell destinó para estos trabajos, lo que supone la mitad del presupuesto del proyecto.
A mediados del mes de mayo, la Concejalía de Urbanismo, a través del Departamento Técnico de Control de Obras, trasladó a la Cámara un informe donde se concluía que las obras exceden el número de plantas permitidas y que «se deberán adoptar las medidas de restauración de la legalidad infringida y aportar un nuevo proyecto refundido que regularice la situación y elimine la nueva planta».
En pleno verano, la Autoridad Portuaria instó al Ayuntamiento a que se abstuviera de dar licencias en su suelo, requerimiento al que el Consistorio respondió comunicando a la concesionaria del edificio Panoramis que paralizaba todos los expedientes que afectaban al complejo, incluido el de la Cámara.
Con el balón en el tejado del Puerto, llama la atención que el Ayuntamiento se dirija ahora a la Generalitat para consultarle sobre la interpretación de esos parámetros urbanísticos por el «carácter excepcional» del edificio. Una singularidad que viene dada por la zona del inmueble que fue construida en sus inicios para albergar cines, con lo que ello supone en cuanto a su altura. Circunstancia que curiosamente también ha venido alegando la Cámara para jusitificar la construcción de esa naya, cuya eliminación acordó el Ayuntamiento como condición para dar la licencia y permitir el uso del edificio, sin que hasta el momento se haya retractado.
Suscríbete para seguir leyendo
