La Audiencia Nacional ha archivado la denuncia de la organización opositora Los Rusos Libres contra la Casa de Rusia en Alicante al no haber sido incorporada todavía, en el Código Penal español, una directiva europea aprobada el pasado año que aborda las consecuencias de la violación de las represalias aprobadas por la UE contra Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. En una serie de documentos enviados a Moscú que llevan estampada su firma, Aleksándr Chepurnoy, el director de la institución, admite haber recibido fondos de Pravfond, una organización gubernamental rusa sancionada desde la primavera de 2023, y se vanagloria de una serie de logros destinados a influir en la opinión pública española respecto a la guerra de Ucrania, según una investigación internacional en la que participó EL PERIÓDICO.
«La directiva (UE) 2024 / 1226 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018 / 1673 no ha sido traspuesta a España y las conductas descritas no han sido incorporadas aún como delito al Código Penal«, reza el escrito firmado por Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
Aleksándr Chepurnoy recibió financiación de Pravfond, una entidad gubernamental rusa con sede en Moscú sancionada por la UE incluso después de la entrada en vigor de las sanciones
La denuncia de la oposición rusa instaba también a la justicia española a investigar algunas afirmaciones vertidas por Chepurnoy en sus informes y cartas enviadas a Moscú que, según su opinión, podrían tener implicaciones para la seguridad nacional de España, tales como fijar como objetivo la creación de una red de periodistas y juristas «leales a la Federación Rusa«, o el lanzamiento de campañas contra la OTAN «sin llamar la atención». La Audiencia Nacional responde que dicha actividad «no es subsumible en las conductas tipificadas en algunos de los tipos del Título XXII del Libro II del Código Penal» referentes «a los delitos de traición y contra la paz y la independencia del Estado, y relativos a la defensa nacional».
Amplia investigación
Las revelaciones de EL PERIÓDICO forman parte de una amplia investigación internacional en la que participaron una treintena de medios de diferentes países y que demostraron cómo Pravfond, una organización en principio dedicada a la defensa jurídica de los ciudadanos rusos en el extranjero, ha seguido financiando actividades en territorio europeo pese a la imposición de sanciones. En concreto, las pesquisas demostraron que, durante una década, la institución había concedido un millar de subvenciones, por valor de varios millones de dólares, y que incluso tras su inclusión en la lista negra comunitaria, había continuado haciendo llegar dinero a sus destinatarios a través de medios no convencionales. Y cita como ejemplo el caso de Tatjana Solkova, detenida en la frontera entre Rusia y Estonia con 50.000 euros en su poder.
En algunos casos, el dinero de Pravfond ha servido para ayudar en la defensa y posterior evasión a la acción de la justicia europea a paramilitares implicados en la anexión de Crimea en 2014, como Aleksándr Franchetti, arrestado en 2021 en la República Checa, en la actualidad en situación de busca y captura tras haber huido del país. En otros, para impulsar campañas de influencia para fomentar una «imagen positiva» de Rusia, como se deduce de los contratos con el ‘Dialogos club’, una asociación grecorrusa.
Suscríbete para seguir leyendo
