Una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado supondrá completar un «quinenio negro» para la inversión en infraestructuras en la provincia. Así lo advierten desde la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA), que recuerda que las actuales cuentas del Gobierno -que se arrastran desde 2023- condena a la demarcación al último lugar en inversión por habitante entre las provincias españolas.
Ante la perspectiva de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez abogue por una nueva prórroga -el plazo de presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales para 2026 finaliza oficialmente mañana-, desde FOPA alertan del «golpe a la productividad» que supondrá para la provincia en las próximas décadas.
A esto hay que sumar la importante caída en el volumen de licitaciones que se ha producido en el primer semestre del año. En el caso del Gobierno central, el volumen de nuevos proyectos ha pasado de 122,292 millones a solo 37,6; mientras que la Generalitat ha reducido la cifra 71,1 a 29,6 millones de euros.
El presidente de FOPA, Javier Gisbert, considera que estas dos coincidencias pueden ser un «golpe a medio y largo plazo» a la productividad empresarial y a las oportunidades de la provincia de Alicante, que viene arrastrando severos problemas en materia de infraestructuras y de adaptación de sus sistemas de comunicación con respecto al resto de provincias y frente a sus competidores europeos.
Situación inaguantable
La patronal califica de «inaguantable esta situación que se trata como anecdótica, sin darle la importancia social y económica que en verdad supone. No se trata del día de hoy, se trata de que no hay apuesta de futuro para nuestra provincia, mientras el resto del mundo sí se está preparando para otras situaciones económicas. Una situación que pagaremos décadas, tiempo necesario para recuperar el tiempo perdido en este quinquenio negro», añade Gisbert.
Francisco Javier Gisbert, presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante. / RAFA ARJONES
Las empresas del sector en la provincia de Alicante consideran que una prórroga de los presupuestos de 2023 para atender las necesidades de 2026 será «un lastre importante a medio y largo plazo, supondrá la pérdida de oportunidades y – lo que es más importante – evitará que la provincia se prepare para los futuros ciclos económicos, especialmente para cuando los datos macro no sean positivos». Desde su punto de vista, «existe una miopía política que no es consciente de los riesgos de trabajar en precario, sin presupuestos durante toda una legislatura, que tiene un efecto social y económico que no se contabiliza», ha apuntado Gisbert.
Además, recuerda que en la provincia – como en el resto de la Comunidad – invertir en obra pública supone trabajar en seguridad, en protección, en la reducción de riesgos y en salvar vidas ante fenómenos climáticos cada vez más virulentos. Esta situación es más grave en la provincia de Alicante como consecuencia del déficit en inversión que sufre cada año en los Presupuestos Generales del Estado, que la sitúan como la última provincia desde 2022.
Perder el tren
Otra de las preocupaciones de la Federación alicantina son los bajos ritmos de licitaciones de obras, que se han reducido con respecto a los años anteriores, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma. «Son datos preocupantes, que permite deducir que no hay un impulso por no perder el tren de la conectividad, la seguridad y la generación de infraestructuras destinadas a la mejora de la sociedad, que permita una movilidad urbana más sostenible y mejores condiciones para el tejido empresarial de nuestra provincia», ha comentado.
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