Promesas incumplidas y expectativas rotas. La situación de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo sigue lejos de mejorar. El Gobierno de España ha dejado sin cumplir el 79% de los traslados comprometidos hacia la Península en las últimas doce semanas, desde que arrancaron las reuniones bilaterales con Canarias. De los 587 menores prometidos, solo 128 han salido de las Islas, una cifra insuficiente para aliviar la presión en los centros de acogida. El problema se agrava con los 764 menores con protección internacional que aún permanecen en el Archipiélago a la espera de ser derivados, un escenario que el Ejecutivo autonómico califica ya de «insostenible». A ello se añade que, en la reunión de la semana pasada, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, presentó como un logro que a finales de octubre se habrán reubicado medio millar de menores refugiados en recursos de otras regiones.
Mientras el Estado mantiene un ritmo de derivaciones a cuentagotas, entre el 1 de junio y el 15 de septiembre se formalizaron 403 solicitudes de protección internacional de menores bajo tutela de Canarias. La cifra choca con los apenas 128 traslados efectivos en el mismo periodo. Pese a haber iniciado el procedimiento, ninguno de esos 403 expedientes cuenta aún con una resolución expresa de la Secretaría de Estado de Migraciones que permita su incorporación al sistema. La ausencia de respuesta prolonga su estancia en centros ya desbordados.
«Quieren engañar a la opinión pública y seguir incumpliendo el auto del Tribunal Supremo», denunció ayer el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, tras el Consejo de Gobierno. Sus palabras reflejan el hartazgo acumulado seis meses después del fallo que obligaba al Estado a asumir la tutela de más de un millar de menores solicitantes de asilo acogidos en las Islas. «El Estado, sin duda, podría hacer más. En lugar de enredarse en una disputa de cifras, la ministra debería centrarse en cumplir con Canarias y aliviar el hacinamiento«, recalcó.
El lento ritmo del Estado amenaza con prolongar la presión migratoria que sufren las Islas. Canarias triplica ya su capacidad de acogida y, en lugar de acelerar, el Gobierno central parece pisar el freno en los traslados. La semana pasada apenas se derivaron 15 menores a la Península, muy lejos de los 37 comprometidos. Otro compromiso que se desvanece y que, según el Ejecutivo autonómico, contribuye a «resquebrajar la confianza» en el Estado.
El ‘Canarias 50’
Entretanto, el tiempo no se detiene para los niños que demandan asilo: 48 jóvenes han alcanzado la mayoría de edad mientras permanecían a la espera de ser derivados al territorio peninsular, por lo que serán atendidos en la red de protección para adultos. Una plaza a la que serán derivados sin haber recibido la atención estatal requerida cuando eran menores. «Esto no puede ser considerado un cumplimiento de la medida cautelar, sino la irreversible frustración de la ejecución de la misma», denuncian desde el Gobierno canario.
La crítica toma aún más peso si se tiene en cuenta que 147 menores permanecen en el centro Canarias 50 a la espera de ser evaluados para su reubicación en dispositivos del Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI). Un hecho que incumple el compromiso estatal de limitar la estancia en el recurso a un máximo de 15 días, ya que, según lo acordado el lugar solo era un paso previo al traslado a la Península.
«Hay una realidad: la situación del Archipiélago es de hacinamiento», criticó Cabello quien además sostuvo que el Gobierno de España «podría transferir las partidas económicas pendientes, ya que Canarias continúa asumiendo mensualmente, con fondos propios, unos gastos que deberían estar cubiertos por el Estado. Recursos que, en realidad, tendrían que destinarse a otros asuntos prioritarios para la Comunidad Autónoma«.
La demanda por parte del Ejecutivo regional es clara: el Estado «tiene que hacer cumplir la ley». Esta petición también atañe a los traslados exprés de los menores migrantes. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, firmó ayer la derivación del primer menor que llegó a las Islas tras la declaración de contingencia migratoria. Un trámite que concluye casi 20 días después de que el joven, de 17 años, alcanzase la costa de Lanzarote. A partir de este momento, se abre un plazo de cinco días para que Canarias coordine la derivación del chico con la comunidad autónoma de destino. El procedimiento se prolongarán hasta los 25 días, pese a que el protocolo establece un máximo de 15. Para el Gobierno canario «sobran excusas y faltan respuestas. Nadie asume la responsabilidad ante la situación de Canarias», reprochó Cabello.
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