El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por la muerte de la joven de 29 años, María Antonia Sánchez. El ingresado en prisión es el vecino de la víctima, el joven conocido de María Antonia, a quien la investigación atribuye los delitos de homicidio e incendio. Frente al juez, el detenido optó por el silencio, acogiéndose a su derecho a no declarar, mientras la Fiscalía, que solicitaba su ingreso en prisión, veía cumplida su petición frente a la oposición de las defensas.
Mientras este primer capítulo judicial se cerraba con la custodia del principal sospechoso, el segundo, su padre, permanecía en un limbo legal forzado por la salud. Según confirmó su propia abogada, Alicia Correa, en declaraciones a COPE, el hombre se encontraba «tan mal» que no pudo declarar esta mañana. Este quebranto físico obligó a su traslado al hospital Perpetuo Socorro, donde permanece en el módulo de custodia policial. Ante esta situación excepcional, el juez ha prorrogado su detención judicial hasta que su estado permita que sea escuchado por la autoridad, un trámite pendiente que mantiene en vilo el proceso.
La jornada, por tanto, se ha desarrollado con un doble carril: el de la aplicación de la ley sobre uno de los implicados y el de la espera impuesta por la condición del otro. Esta bifurcación añade una capa más de complejidad a un caso que ya de por sí está cargado de horror y consternación social. La decisión del juez de decretar prisión sin fianza para el vecino refleja la gravedad de los indicios que se le imputan y el peligro de fuga o de alteración de las pruebas que el tribunal parece apreciar. Una resolución que, sin duda, será interpretada por los compañeros de la víctima y por la ciudadanía como un primer paso hacia la rendición de cuentas que exigían en la concentración matinal.
Sin embargo, la incertidumbre no se disipa completamente. La no comparecencia del padre, imputado por los mismos cargos de homicidio e incendio, deja pendiente una pieza esencial del rompecabezas judicial. Las declaraciones de ambos detenidos son cruciales para determinar el grado de implicación de cada uno en los hechos y para contrastar la hipótesis investigadora, que apunta a que el autor confesó el crimen a su progenitor y que luego ambos intentaron calcinar la vivienda para borrar las huellas. Ahora, el sistema judicial se ve obligado a pausar su ritmo a la espera de que la salud del segundo investigado permita continuar.
Lo que esta claro es el dolor por la pérdida de María Antonia, una joven que, como recordaban sus compañeros esta mañana en una concentración de repulsa ante su lugar de trabajo, «estaba empezando a vivir», y cuya ausencia sigue pesando más que cualquier trámite judicial en el corazón de lis que la conocían.
