Estados Unidos se enfrenta a una crisis presupuestaria que amenaza con dejar paralizada gran parte de la Administración federal. Si el Congreso no aprueba antes de la medianoche del martes al miércoles un nuevo presupuesto, se producirá un cierre del Gobierno: la suspensión de la mayoría de actividades públicas, salvo las consideradas esenciales, como las que afectan a la seguridad nacional. Es una herramienta de presión política habitual en Washington, pero con consecuencias inmediatas para millones de ciudadanos y puede que de proporciones históricas en esta ocasión, porque el presidente Donald Trump ya ha revelado que lo temporal puede ser permanente, si sirve a su agenda e ideología.
El cierre federal podría afectar a cientos de miles de empleados públicos, obligados a quedarse en casa sin sueldo o a trabajar sin cobrar hasta nuevo aviso. Sin embargo, lo que antaño eran daños colaterales han pasado a ser un objetivo político principal. La justificación es recortar el gasto público, pero la intención va más allá, ya que los puestos de los que prescinda la Administración Trump serán aquellos que no vayan alineados con la ideología marcada. Todo con tal de que la Casa Blanca tenga un control sin precedentes de una pata más del sector público.
Está previsto que más de 100.000 funcionarios presenten su renuncia formal este martes, obligados por el plan de la Administración Trump con el que prevé eliminar 275.000 puestos de prestadores de servicios públicos, el mayor recorte en un solo año desde la Segunda Guerra Mundial. La Casa Blanca defiende que la medida, en la que de entrada gastará 14.800 millones de dólares, ahorrará 28.000 millones anuales a largo plazo.
Trump sin mayorías suficientes
La lucha partidista se intensificó la semana pasada, cuando el Senado rechazó las medidas provisionales para evitar el cierre de Gobierno, que debía refrendar después de que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobara por un estrecho margen un proyecto de ley de financiación.
Los demócratas del Congreso están bajo presión para que utilicen su influencia para plantar cara a Trump y su Administración. En marzo, los demócratas en el Congreso ya prestaron los votos necesarios para aprobar una medida de financiación a corto plazo redactada por los republicanos sin obtener ninguna concesión, una medida que enfadó a la base del partido.
Trump canceló la semana una reunión con los líderes demócratas de las minorías del Congreso (Hakeem Jeffries) y Senado (Chuck Schumer), alegando que no sería «productiva». El desplante enfureció a sus interlocutores, que le culparon directamente por llevar al límite, a propósito, el riesgo de parálisis federal. Una nueva reunión está prevista este lunes por la tarde en Washington DC.
Esta vez, a cambio de sus votos en el Senado, los demócratas exigen una prórroga de las subvenciones a los seguros médicos de las personas con rentas más bajas y la revocación de los recortes en salud que sacó adelante Trump con su ley ómnibus a la que bautizó como la «ley grande y bella». Este se ha convertido en el buque insignia alrededor del que empieza a articularse una oposición demócrata hasta ahora muy fragmentada.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, habla con los periodistas antes de que él y los principales líderes del Congreso se dirijan a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump y tratar la inminente crisis de financiación del Gobierno, en el Capitolio, en Washington DC / J. Scott Applewhite / AP
Planes de despido permanente
Lo que distingue esta crisis de las anteriores es el giro radical en la estrategia oficial. En un memorando difundido el miércoles, la Oficina de Presupuesto ordenó a las agencias no solo preparar expedientes de excedencia temporal, sino también planes de despidos permanentes en programas que pierdan financiación y «no se ajusten a las prioridades del presidente». Nunca antes una Administración había vinculado un cierre de Gobierno con la eliminación definitiva de empleos federales. Y, además, subordinada a que estos trabajadores públicos se alineen con la ideología del partido en la Casa Blanca.
El senador republicano John Thune defendió que la prioridad debe ser mantener abierto el Gobierno y abordar después las demandas demócratas. Pero tampoco todos los republicanos están de acuerdo. Voces como la de la senadora Susan Collins advirtieron que los trabajadores «no deben ser tratados como peones». Los sindicatos, por su parte, denuncian que el plan de renuncias masivas «socava funciones legales obligatorias» y han llevado el caso a los tribunales.
Efectos sobre ciudadanos y economía
El mayor cierre del Gobierno de la historia fue también bajo Trump, en 2018, y se prolongó 34 días. Se cerraron parques nacionales, museos como el Smithsonian y se ralentizó el transporte aéreo. Esta vez, los analistas advierten de que los daños podrían ir más allá: frenar el crecimiento económico, alterar los mercados y erosionar la confianza ciudadana en el funcionamiento del Estado.
El desenlace dependerá de lo que ocurra en el Senado este martes, pocas horas antes de la fecha límite. Con las dos cámaras más polarizadas que nunca, el acuerdo político parece difícil. Si fracasa el voto, el país entrará en un cierre con características inéditas: el primero que podría transformar recortes temporales en despidos permanentes para cientos de miles de empleados públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
