Canarias debe prepararse para un incremento sustancial de las tensiones políticas en el conjunto del Estado en relación con el fenómeno migratorio. Es algo que se palpa en este inicio de curso político tras una serie de acontecimientos y de decisiones que ya venían decantándose desde hace meses. No van a ser tensiones solo por la mejor o peor gestión de la cuestión migratoria por parte del Estado, o por el grado de implicación del resto de comunidades para paliar la situación de las Islas y de los otros territorios con mayor índice de llegada de migrantes, sino que serán tensiones de fondo y que afectarán a los principios sobre los que la sociedad y la democracia españolas afrontan este fenómeno, que es universal, que forma parte de la historia de la humanidad y que siempre existirá, también la inmigración irregular, mientras haya tanta desigualdad entre naciones y continentes.
Van a ser los próximos meses, y cada vez más a medida que se acerquen las próximas elecciones, un carrusel de propuestas políticas en esta materia que determinarán el tipo de gestión que se pretende realizar, pero sobre todo el tipo de mirada que se proyecta sobre los miles de personas que llegan a España jugándose la vida buscando un futuro mejor, o sencillamente para intentar salvarla. Se va a recrudecer en este sentido el enfrentamiento político sobre como asumir el fenómeno migratorio y se descarta cualquier atisbo de consenso al respecto. Si hasta ahora, cada vez que se hablaba de inmigración era ya para confrontar posiciones entre los partidos en lugar de para buscar soluciones, en el futuro esta dinámica se va intensificar claramente. Y Canarias sufrirá las consecuencias de que este enfrentamiento afecte a la aplicación efectiva de las medidas que se están adoptando, o que deban adoptarse en el futuro, para paliar su condición de territorio frontera.
Canarias centra ahora su preocupación sobre todo en que se agilice el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, y que el Estado cumpla también la sentencia del Tribunal Supremo para que se haga cargo de más de 1.000 de estos niños y niñas solicitantes de asilo, en ambos casos sin mucho éxito. Pero es muy probable que en los próximos meses, sin dejar de atender a estas urgencias, el debate político sobre la inmigración irregular y su tratamiento desde las administraciones tome unas dimensiones que afectará ya a cuestiones no solo de orden práctico, sino ideológico o moral, y que obligará a todos a retratarse. Y es que el posicionamiento de una parte de la política española (siguiendo los derroteros de otros líderes y partidos europeos y mundiales) y de la sociedad española (asumiendo los miedos de los ciudadanos de otros países) están derivando hacia una estigmatización y criminalización del migrante y una política cada vez más restrictiva respecto de sus derechos y de sus condiciones de vida.
Las Islas se enfrentan a un escenario político en el que la inmigración será usada como arma electoral, con consecuencias directas para su papel como frontera sur
Canarias debe prepararse para un incremento sustancial de las tensiones políticas en el conjunto del Estado en relación con el fenómeno migratorio. Es algo que se palpa en este inicio de curso político tras una serie de acontecimientos y de decisiones que ya venían decantándose desde hace meses. No van a ser tensiones solo por la mejor o peor gestión de la cuestión migratoria por parte del Estado, o por el grado de implicación del resto de comunidades para paliar la situación de las Islas y de los otros territorios con mayor índice de llegada de migrantes, sino que serán tensiones de fondo y que afectarán a los principios sobre los que la sociedad y la democracia españolas afrontan este fenómeno, que es universal, que forma parte de la historia de la humanidad y que siempre existirá, también la inmigración irregular, mientras haya tanta desigualdad entre naciones y continentes.
Van a ser los próximos meses, y cada vez más a medida que se acerquen las próximas elecciones, un carrusel de propuestas políticas en esta materia que determinarán el tipo de gestión que se pretende realizar, pero sobre todo el tipo de mirada que se proyecta sobre los miles de personas que llegan a España jugándose la vida buscando un futuro mejor, o sencillamente para intentar salvarla. Se va a recrudecer en este sentido el enfrentamiento político sobre cómo asumir el fenómeno migratorio y se descarta cualquier atisbo de consenso al respecto. Si hasta ahora, cada vez que se hablaba de inmigración era ya para confrontar posiciones entre los partidos en lugar de para buscar soluciones, en el futuro esta dinámica se va a intensificar claramente. Y Canarias sufrirá las consecuencias de que este enfrentamiento afecte a la aplicación efectiva de las medidas que se están adoptando, o que deban adoptarse en el futuro, para paliar su condición de territorio frontera.
Canarias centra ahora su preocupación sobre todo en que se agilice el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, y que el Estado cumpla también la sentencia del Tribunal Supremo para que se haga cargo de más de 1.000 niños y niñas solicitantes de asilo, en ambos casos sin mucho éxito. Pero es muy probable que en los próximos meses, sin dejar de atender a estas urgencias, el debate político sobre la inmigración irregular y su tratamiento desde las administraciones tome unas dimensiones que afectarán ya a cuestiones no solo de orden práctico, sino ideológico o moral, y que obligará a todos a retratarse.
El posicionamiento de una parte de la política española (siguiendo los derroteros de otros líderes y partidos europeos y mundiales) y de la sociedad española (asumiendo los miedos de los ciudadanos de otros países) está derivando hacia una estigmatización y criminalización del migrante y una política cada vez más restrictiva respecto de sus derechos y de sus condiciones de vida. De esta forma, Canarias, que deberá decidir y definir su sitio en esta dicotomía, afronta esta nueva dimensión con su permanente batalla con el Estado para que asuma sus responsabilidades y agilice y actualice las medidas adoptadas en política migratoria, mientras por otro lado deberá vigilar que el discurso xenófobo no cale en ese debate y acabe mediatizándola en el futuro, con grave afectación a la imagen de las Islas en todo el mundo.
Y eso obliga al actual Ejecutivo regional a resolver una contradicción interna entre los socios, CC y PP, que ya se evidenció durante la negociación del decreto sobre el traslado de menores a otras comunidades, pero que será mucho más profunda en el futuro si el partido de Núñez Feijóo confirma su giro en esta materia para abrazar el relato de la extrema derecha europea y española y su retórica populista y xenófoba.
Plan detallado en Murcia
De momento, el PP no solo ha endurecido en su reciente congreso su programa a este respecto, sino que prepara un plan detallado de actuación de mano dura contra el migrante y todo lo que representa el fenómeno migratorio, incluida la oposición a las regularizaciones masivas como la que el partido sí apoyó en abril en el Congreso para casi medio millón de personas extranjeras, vitales para mantener la actividad económica en determinados sectores y las cuentas de la Seguridad Social.
Dicho plan lo está perfilando el PP este fin de semana en una especie de miniconvención en Murcia, comunidad justamente donde este verano se han vivido episodios de islamofobia, situaciones de persecución a migrantes africanos, y donde ha aprobado junto a Vox, en la localidad de Jumilla, una medida para impedir que la población musulmana del pueblo pueda seguir celebrando la Fiesta del Cordero en sus espacios públicos, como hacía hasta ahora con total normalidad.
En clara competencia con el partido de Abascal, y siguiendo la senda de otros partidos de la derecha europea e internacional (ahí está la vergonzosa intervención de Trump ante la Asamblea de la ONU esta semana), el PP va a centrar las próximas campañas electorales en la cuestión migratoria. Quiere convertirlo en el gran problema de España, y en una de las grandes lacras del Gobierno de Pedro Sánchez.
Junto a deportaciones masivas de migrantes o el controvertido examen de lengua y cultura españolas, no cabe descartar que los populares propongan el despliegue de la Armada en aguas canarias para bloquear los cayucos, como ya reclamó Tellado en julio de 2024. Esa medida militar ha sido una vez más descartada esta semana por el Jefe de la Armada, Antonio Piñeiro, quien ha dejado claro a un dirigente de la ultraderecha algo que tanto en el PP como en Vox deberían saber: que la ley del Mar a la que se ciñe toda embarcación obliga a ésta a auxiliar a cualquier persona en peligro en el mar, una posición legal y moral que sonroja tener que recordar.
En sendos debates esta semana en el Congreso (sobre el frustrado traspaso de esta competencia a Cataluña, y sobre política migratoria del Gobierno) se ha reflejado ya claramente esta dinámica de bloques y de posiciones ideológicas, con matices para cada uno de los casos por parte de algunos partidos, pero dejando claro que será uno de los grandes asuntos sobre los que se centrará en el futuro inmediato las visiones de modelo de país y de sociedad que se busca y se propone.
Porque además de un reto de gestión, el fenómeno migratorio supone sobre todo un reto de comprensión, y eso, por desgracia, parece mucho pedir a algunos en este país.
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