Más de siete años han pasado desde las primeras y diligentes dimisiones que Pedro Sánchez forzó en su Gobierno tras llegar a La Moncloa, protagonizadas por Máximo Huerta y Carmen Montón. Ambas en un periodo de tres meses desde la conformación de aquel Ejecutivo. La más fulgurante fue la del extitular de Cultura y Deporte que dio un paso al lado apenas once horas después de revelarse que había defraudado a Hacienda. Lo hizo entre presiones, en aras de la “ejemplaridad” del recién constituido Gobierno, y ante la amenaza de ser reprobado por el Congreso. Un instrumento simbólico con el que el PSOE había golpeado antes a varios ministros del Gobierno precedente del PP, con la exigencia de dimisión, que se le volvió entonces en contra para no caer en incoherencias. De aquel elevado listón inicial, Sánchez ha pasado a sostener hasta seis miembros del Consejo de Ministros censurados por las Cortes Generales en lo que va de legislatura.
La última, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en las pulseras antimaltrato y a quien el presidente del Gobierno defendió el mismo día que la Cámara baja desaprobó su gestión. Más efusivamente de lo que lo habían hecho horas antes miembros del Gobierno en la sesión de control en el Congreso, al asegurar que “la ministra cuenta con todo mi apoyo y solidaridad”. Un respaldo que tanto Félix Bolaños como María Jesús Montero evitaron verbalizar. Si bien admitió “fallos técnicos”, negó cualquier desprotección a las víctimas durante una comparecencia desde Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.
Finalmente, Sánchez lanzó un dardo a la oposición que desliza sus razones para mostrarse a la defensiva, desoyendo las reprobaciones del Congreso a miembros del Consejo de Ministros: «Lo que no voy a hacer es admitir lecciones de quienes niegan la violencia machista o de quienes pactan con quienes niegan la violencia machista». En este caso fueron las abstenciones de cuatro socios del Gobierno –ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG- las que permitieron que prosperase la moción apoyada por PP, VOX y UPN.
Además de la ministra de Igualdad, el Ejecutivo acumula en los dos últimos años las reprobaciones por parte del Congreso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del de Transportes, Óscar Puente. Este último por partida doble. En el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, se han producido las del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, del titular de Exteriores, José Manuel Albares, y de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata del mismo número de reprobaciones de ministros que las sumadas en los cinco años anteriores de gobiernos de Pedro Sánchez.
La inestabilidad del Gobierno en minoría se ha normalizado no solo por los varapalos del Congreso, sino también por la frecuencia con la que se censura a los ministros y su falta de consecuencias. El baremo se ha ido reduciendo a medida que ha aumentado la fragmentación parlamentaria y la polarización. Al mismo tiempo, se ha reducido la producción legislativa, pasando del medio centenar de leyes aprobadas anualmente de media en otras legislaturas a las 44 desde que comenzó la actual. A todo ello se añade la falta de Presupuestos, con los de 2023 prorrogados por falta de apoyos.
Dimisiones orgánicas
En el plano orgánico, como secretario general, Sánchez se ha mostrado más expeditivo a la hora de forzar dimisiones o expedientes de suspensión de militancia. Antes del comité federal del pasado mes de junio, previsto para remodelar la cúpula por la salida del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, se produjo la renuncia de Francisco Salazar, secretario de Acción Electoral y llamado a ser también adjunto en el área de Organización. Unas horas antes, ‘El Diario’ publicaba una información en la que subalternas denunciaban “acoso sexual”.
Ferraz se anticipó también a la investigación judicial contra José Luis Ábalos, abriéndole expediente de expulsión, mientras que Santos Cerdán dimitió por la publicación del informe de la UCO que lo involucraba en la trama Koldo. Lo hizo pese a aferrarse a la defensa de su inocencia y tras mantener una conversación con Pedro Sánchez en La Moncloa. Cuando se conocieron a finales de mayo los audios contra la UCO protagonizados por la militante Leire Díaz, quien se reunió con un investigado por la Audiencia Nacional para obtener información sensible contra esta unidad de la Guardia Civil, el PSOE también le abrió expediente, aunque sin medidas cautelares. Unos días después Díaz presentaba su baja voluntaria como militante.
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