Canarias dispone de siete técnicos de Securitas encargados de la instalación de los dispositivos telemáticos de control para maltratadores. Estos profesionales se encuentran distribuidos en cinco islas, mientras que en La Gomera y El Hierro los desplazamientos se realizan desde Tenerife cuando se recibe una petición.
El número de personal técnico no se exige de manera específica en el contrato, sino que debe ser el adecuado para garantizar que las pulseras se instalen en un plazo inferior a 24 horas. Según el acuerdo de nivel de servicio, se intenta que la instalación se realice en un máximo de 12 horas desde que se recibe la notificación judicial, informa la Delegación del Gobierno en Canarias en respuesta al Ejecutivo regional.
Escasez de técnicos
La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que preside Nieves Lady Barreto, había alertado al Ministerio de Igualdad en febrero de 2024 sobre la escasez de técnicos y los problemas en la implantación de las pulseras, especialmente en las islas no capitalinas. Hace 19 meses denunció que solo había dos técnicos por provincia, lo que generaba retrasos en la colocación de los dispositivos a los acusados de violencia de género, así como que el Archipiélago no contaba con suficientes pulseras.
El 4 de marzo de 2024, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género contestó que los desajustes detectados se debieron a «una retención aduanera de los dispositivos enviados», según la empresa adjudicataria Vodafone-Securitas, encargada de la gestión del sistema de pulseras Cometa desde octubre de 2023. El Ministerio aseguró que el desajuste ya había sido subsanado y que estaban atentos para prevenir que pudiera repetirse.
Respecto al personal técnico, indicaron que se había desplegado un equipo suficiente para cubrir las necesidades y que, si fuera necesario ampliarlo, se haría antes incluso de detectar una carencia. La Delegación del Gobierno en Canarias indica ahora que son siete los técnicos para todas las islas.
Sin respuesta
Nieves Lady Barreto remitió una segunda carta a Igualdad hace el jueves de la semana pasada en la que pide explicaciones sobre las deficiencias del sistema que garantiza la separación de la víctima de su agresor o presunto agresor. Barreto manifestó su malestar por la opacidad informativa del Gobierno de Pedro Sánchez, por tener que enterarse por los medios de comunicación de que esta red de seguridad no había funcionado durante un tiempo y, además, no se sabía nada al respecto tras desatarse la polémica en el ámbito nacional sobre el funcionamiento de los dispositivos.
La consejera no escondió su enfado cuando, también a través de los medios de comunicación, conoció que una de las zonas más afectadas es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde los dispositivos están registrando fallos de cobertura, aunque admitió que no tiene datos certeros sobre esta situación. A día de hoy aún no cuenta con una respuesta del Ministerio, que está ocupado en dar explicaciones en el Congreso sobre la gestión de las pulseras antimaltrato.
392 maltratadores con pulseras en Canarias
Según el último informe del Ministerio de Igualdad, de agosto, uno de cada doce maltratadores controlados con pulsera telemática en España reside en Canarias. En el Archipiélago estaban activos 392 de los 4.570 dispositivos que funcionan en todo el país, nueve más que en el mes de julio, situando a la comunidad en el tercer puesto en número de pulseras por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Carla Vallejo, magistrada y exviceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, quien hasta febrero de este año trabajó reforzando los juzgados de Violencia de Género y actualmente desempeña funciones en Vigilancia Penitenciaria, defendió el funcionamiento del protocolo de instalación de las pulseras: es estricto y se cumple de manera generalizada, expuso.
Basándose en su experiencia directa, Vallejo detalló que una vez que el juez acuerda el uso del dispositivo, el plazo para instalar los dispositivos se cumple, y aunque desconoce si hay técnicos en las islas no capitalinas, tampoco le han llegado quejas sobre la colocación en tiempo y forma de las pulseras.
Un sistema efectivo
La instalación del dispositivo al investigado se realiza normalmente en el juzgado, mientras que la víctima recibe formación sobre el funcionamiento de la pulsera en su domicilio, con alertas a su móvil. La magistrada subrayó que el sistema es efectivo y protege a las víctimas, ya que las alarmas se activan inmediatamente en caso de quebrantamiento de la orden de alejamiento o intento de manipulación de la pulsera.
Vallejo puntualizó que la reciente controversia no se debe a fallos en el funcionamiento de las pulseras, sino a problemas de acceso a datos históricos necesarios para la prueba judicial. Durante cinco meses en 2024, la documentación del histórico de los dispositivos no estuvo disponible, lo que dificultó acreditar en juicio que se había cometido un quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Reprobación de Ana Redondo
El Congreso de los Diputados reprobó el pasado miércoles a la ministra del área, Ana Redondo, por el fallo en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024. La Cámara Baja, con los votos a favor de PP, Vox y UPN, y la abstención de ERC, Junts, Coalición Canaria y BNG, aprobó una moción de los populares que calificaba de «negligente» su gestión al frente del ministerio.
El pasado jueves, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, por primera vez y de forma pública, reconoció en el Congreso «fallos» en las pulseras antimaltratadores, aunque no ahondó en detalles, y pidió «disculpas» a las mujeres supervivientes de la violencia machista.
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