Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre –que fue secretario general de Presidencia–; y la asistente en Moncloa Cristina Álvarez no han acudido este sábado al juzgado de Juan Carlos Peinado, quien dictó un auto en el que anunciaba a los investigados que si acaban en una vista oral por un delito de malversación serían juzgados por un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos.
Fuentes del caso explican a esta redacción que acudir a esta citación es un derecho a ser informado directamente, por lo que si no acuden no se influye en el procedimiento.
En este sentido, las citadas fuentes aluden a una circular de la Fiscalía relativa al Tribunal del Jurado que dice, de forma literal: “En la comparecencia tan sólo se van a concretar los términos de tal imputación y siempre ante la presencia de su letrado. La presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia [no se practican …] de instrucción y por tanto, tampoco la declaración del imputado».
Por su parte, fuentes de las acusaciones han anunciado su intención de incluir entre las diligencias la testifical del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
De esta forma, a esta comparecencia, que se celebra el día en el que Peinado cumple 71 años -uno menos de la edad máxima de jubilación de los jueces-, han acudido los abogados de los tres investigados, y los representantes de la Fiscalía y las acusaciones, estas últimas coordinadas por la asociación Hazte Oír.
Las acusaciones atribuyen a los tres investigados un delito de malversación de caudales públicos por la contratación, por parte de Moncloa, de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez. En el mismo sentido, Peinado considera que Álvarez realizó trabajos personales en beneficio de la mujer del presidente del Gobierno.
La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Alberto Ortega – Europa Press
El juez comenzará a escuchar al fiscal, que en todo momento se ha opuesto a seguir adelante con las pesquisas. Después será el turno de las diferentes acusaciones personadas que concretaron la imputación por malversación que inicialmente se atribuye a los tres investigados, y que se centra en los correos y comunicaciones enviadas por la asistente para lograr financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que está codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Finalmente intervendrán los abogados de las defensas, que con toda problabilidad reclamarán el sobreseimiento de las acusaciones.
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