Tan solo un día después de acordar que la esposa del presidente del Gobierno puede acabar siendo juzgada de malversación de caudales públicos ante un jurado popular, el juez Juan Carlos Peinado ha firmado dos diligencias en las que realiza nuevos encargos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entre otros encargos, pide un análisis de los correos que le han sido remitidos por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio que tienen como remitente o destinataria a Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa, así como del contrato con Deloitte para el desarrollo del software de su cátedra en este centro universitario.
La petición se realiza aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ya citaba a los correos del responsable de Relaciones Institucionales de la Complutense, recibidos la pasada semana en el juzgado, como indicio que le había permitido alcanzar «el requisito de la verosimilitud de los hechos» con respecto a la acusación contra Begoña Gómez. Existen «indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos», añadía en la resolución que pone en marcha el procedimiento de la ley del jurado.
En la providencia en la que realiza este encargo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado agrega que la Guardia Civil debe adjuntar a su informe «los archivos de los correos que guardan relación con la causa, para su entrega a las partes una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes». No obstante, lo abogados de la acusación popular y de las defensas los podrán consultar en el juzgado.
Suscríbete para seguir leyendo
