Dos decisiones adoptadas esta semana por dos de los jueces que instruyen las causas más sensibles para Gobierno, y que constituyen un fuerte impulso procesal, permiten aventurar la celebración de los primeros juicios por corrupción vinculados al Ejecutivo de Pedro Sánchez en los próximos meses. Una de ellas afecta de forma muy novedosa al futuro del caso abierto contra su esposa, mientras que la segunda permite acelerar la respuesta de la justicia frente a la trama que presuntamente anidó en el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y que ha salpicado al que fuera número tres del PSOE.
El giro procesal más inesperado lo ha protagonizado este miércoles el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña, que seis meses después de abrir una pieza separada para investigar si Gómez hizo un uso privado de su asistente en Moncloa ha decidido dar los primeros pasos para que este asunto se sustancie por un jurado popular. Ello ha provocado una gran sorpresa entre las diferentes partes personadas y una reacción enérgica por parte del Gobierno, que habla de instrucción «surrealista» por parte del juez y de acoso contra la mujer de Sánchez.
Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha acordado «transformar» esta parte de las pesquisas en «procedimiento para el juicio ante el Tribunal Del Jurado» y ha citado el próximo sábado por la tarde a Begoña Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre — que fue director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, año en el que se contrató a Álvarez– para comunicarles esta decisión.
La fecha elegida para el trámite coincide curiosamente con el cumpleaños del juez, al que le quedará ya solo un año antes de alcanzar los 72 y verse forzado a jubilarse en 2006, y tras su cumplimiento la ley señala que pueden realizarse más diligencias de investigación. La norma también prevé la celebración de una vista preliminar como aperitivo a que el asunto pase a ser cosa del jurado popular que corresponda.
La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez (d) sale de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar hoy como investigada a Cristina Á / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
Por el momento, el juez ha llegado a comprobar que Álvarez acompañó a Begoña Gómez encuentros con responsables académicos y envió correos a empresas interesadas en financiar la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según Gómez, esta intervención de Álvarez en su actividad personal fue «puntual». Los hechos se investigan desde el pasado 10 de marzo y las pesquisas están bastante avanzadas por lo que lo previsto es que, de no prosperar los recursos de apelación pendientes y los que aún llegarán, el proceso no se extenderá en el tiempo y los tres imputados acabarán en los próximos meses ante un jurado popular.
Dos juicios para Begoña
A ello se suma que, según han señalado fuentes jurídicas a este diario, Peinado tiene previsto acelerar la instrucción del resto de la causa, en la que investiga otros cuatro delitos relacionados con la actividad profesional de la mujer de Pedro Sánchez. El objetivo vuelve ser el de concluir cuanto antes esta fase del proceso penal y sentar próximamente y por segunda vez a Gómez en el banquillo de los acusados.
Con apenas un día de diferencia, el pasado martes, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dividió en dos la causa que instruía contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el comisionista Víctor de Aldama y desde el pasado mes de junio también contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Adelantar el banquillo para Ábalos
Su decisión permitirá adelantar el enjuiciamiento de la parte más adelantada, que es con la que comenzó el caso Koldo: la compra de mascarillas por entidades dependientes del Ministerio de Transportes y las gestiones que el entonces asesor de Ábalos hizo en esa cartera o en otras del Gobierno de Pedro Sánchez a favor del comisionista Víctor de Aldama. También se podrá juzgar con rapidez la contratación por las empresas públicas Ineco y Tragsatec de Jésica Rodríguez, que fue pareja de Ábalos, y de la Miss Asturias Claudia Montes, en Logirail.
Y mientras eso ocurre el magistrado podrá seguir adelante con las pesquisas que necesitarán más tiempo para dar por concluida la instrucción y, por eso, las desgaja. Se trata de las relativas a las presuntas ilegalidades denunciadas por Aldama en la adjudicación de obra pública, en las que, además de Ábalos, Koldo y Aldama, también está imputado Cerdán y los empresarios adjudicatarios de las obras bajo sospecha.
El juez que instruye el caso Koldo en el Supremo investigará por separado las adjudicaciones que implican a Cerdán y Ábalos / EP
Ambas circunstancias se suman a otras decisiones procesales que cercan aún más al Gobierno, después de que trascendiera que también en el Tribunal Supremo se ultiman los trámites para someter a juicio al fiscal general del Estado el próximo mes de noviembre, acusado de un delito de revelación de secretos que afectó a la presunción de inocencia del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.
Por su parte, la Audiencia de Badajoz ha validado el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente, por lo que ahora ya solo queda fijar fecha para la celebración de un juicio contra él, el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo y otros nueve procesados por prevaricación y tráfico de influencias. En este caso se trata de analizar si el músico obtuvo de forma irregular una plaza de directivo en la Diputación de Badajoz.
