El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado que nunca cometió ningún delito y ha defendido su actuación en defensa del prestigio de la Fiscalía ante una «operación perfectamente orquestada» desde la Comunidad de Madrid para presentar al novio de Isabel Díaz Ayuso como «víctima de una operación política».
La Abogacía del Estado ha remitido al Tribunal Supremo el escrito de defensa de García Ortiz, para quien las acusaciones piden entre 4 y 6 años de cárcel por la filtración de un correo del 2 de febrero de 2024 donde el abogado de Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, admitía en su nombre un fraude a Hacienda para alcanzar un pacto con Fiscalía.
El escrito, al que ha tenido acceso EFE, defiende que «los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno, no existiendo responsabilidad penal por parte del fiscal general» dado que «no ha existido hecho delictivo».
Pide así su absolución del delito de revelación de secretos, al tiempo que plantea citar como testigos a González Amador, a su abogado, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; a fiscales y periodistas.
Defensa de la carrera tras una campaña de desinformación
Las comunicaciones mantenidas por García Ortiz -dice el escrito- responden al «legítimo ejercicio de sus competencias como fiscal general para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía» y sus miembros, «cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación».
Una campaña que forma parte de una «operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional de la Comunidad de Madrid para contrarrestar la repercusión política negativa» que tendría la publicación el 12 de marzo de 2024 de una denuncia contra Alberto González Amador por defraudar 350.951 euros al fisco, subraya.
El objetivo, apunta la Abogacía, era crear un «relato alternativo» que presentara al novio de Ayuso como «la víctima de una operación política» en la que habrían contribuido Hacienda y Fiscalía.
Según la defensa, fue el director de gabinete de la presidenta madrileña quien diseñó esa estrategia de «relato alternativo» que vinculase los problemas de González Amador con Hacienda a «una persecución política» contra Ayuso, y trasladó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por «órdenes de arriba».
Salir al paso de «informaciones inveraces»
El escrito defiende la decisión de García Ortiz de pedir, en base al Estatuto de la carrera, los correos entre el fiscal y el abogado de González Amador y así informar de forma veraz con una nota de prensa tras la difusión de «informaciones inveraces».
Menciona, por ejemplo, la publicación el 13 de marzo del diario El Mundo de una «información tergiversada» que atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto, y subraya las «graves acusaciones» contra la institución de Miguel Ángel Rodríguez, con una «versión manipulada de los hechos» que después apareció en varios medios.
Pero, incide, no fue hasta esa publicación cuando supo de la existencia de correos y subraya que ese día al menos dos periodistas tuvieron acceso antes que él al polémico correo por el que será juzgado.
Un correo al que, además, pudieron haber tenido acceso 600 personas, ya que la defensa de González Amador lo envió a una cuenta genérica de Fiscalía y a un abogado del Estado, rompiendo «cualquier supuesta confidencialidad».
En el foco del juez Ángel Hurtado, que fue quien propuso juzgarle, siempre estuvo la publicación la noche del 13 de marzo en la Cadena Ser del contenido de dicho correo, pero la Abogacía deja claro que no hay «ninguna conexión lógica necesaria» entre dicha información y el envío del correo al fiscal general.
Porque «si ambos hechos están próximos en el tiempo es porque los dos tuvieron una misma causa desencadenante»: las acciones emprendidas «desde la Comunidad de Madrid» para desviar el foco y acusar a la Fiscalía de perseguir políticamente a su presidenta.
El fiscal general justifica el borrado de su móvil «como hacía con regularidad en el desempeño de su función y de manera segura» en atención a documentos oficiales sobre protección de datos; y la eliminación de su cuenta personal de Gmail al recibir mensajes «incómodos y en ocasiones hostiles» tras la filtración de un informe de la UCO con datos personales sin borrar.
