Dice el refrán popular que ‘Dios da pan para quien no tiene dientes’ y con el sistema público de pensiones pasa algo parecido en España. Y es que mientras el 30% de las personas que hoy están jubiladas volvería a trabajar para poder así ampliar sus ingresos, casi el 90% de los hoy ocupados está abiertamente en contra de retrasar la edad de jubilación y una gran mayoría de ellos se jubilaría incluso antes. Así lo recoge una encuesta elaborada por la casa de estudios Funcas, presentada este jueves y que constata que existe una amplia preocupación, que no alarma, sobre la suficiencia de las pensiones a futuro y rebaja los indicios de que exista hoy un conflicto intergeneracional entre abuelos y nietos.
El sistema público de pensiones se encamina a su particular prueba de fuego, una vez los ‘baby boomers‘ han comenzado ya a jubilarse y detrás de ellos vienen unas generaciones menos numerosas y, en general, con peores sueldos. Lo que promete tensionar durante las próximas décadas la balanza entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Algo que, a tenor de los datos recopilados por Funcas, preocupa a una amplia mayoría de españoles, pero a la vez les pilla con un nivel de información bajo sobre cómo funciona el sistema y qué medidas serán suficientes, hábiles o con unas consecuencias u otras para gestionar esa transición demográfica.
Los datos del sondeo elaborado por esta organización sin ánimo de lucro financiada por la CECA (asociación de cajas de ahorros y bancos), en base a 1.200 encuestados, revela un amplio temor entre la población trabajadora sobre la suficiencia de sus pensiones. Y ello pese a las recientes reformas del Gobierno, que ha querido con ellas transmitir el mensaje del sistema público de pensiones es sólido y está asegurado. «El sistema es sostenible y las reformas están dando resultado», repite y repite la actual ministra de Inclusión, Elma Saiz.
A dos de cada tres encuestados le preocupa mucho o bastante la posibilidad de que su pensión de jubilación no sea suficiente para vivir sin aprietos. Y ello contrasta con la reforma que aplicó el Gobierno en 2021 mediante la que indexaba las prestaciones contributivas a la inflación. No en vano, el primer año en el que rigió dicha medida las pensiones subieron un 8,4%, debido al pico inflacionista. Pero, pese a ello, esa preocupación sobre la suficiencia de las pensiones persiste y siete de cada 10 encuestados vive con la idea de que, a lo largo de la próxima década, quien esté en el Gobierno recortará las prestaciones.
En parte, ese choque entre percepciones y reformas se puede explicar por el amplio desconocimiento que existe entre la ciudadanía sobre cómo funciona el sistema de pensiones. Según los datos de Funcas, solo uno de cada ocho encuestados adultos sabe cómo se financian las pensiones y tiene una idea aproximada de la prestación media de jubilación.
La jubilación reversible del Gobierno tiene adeptos
Entre la población encuestada existe un amplio consenso de que va a haber problemas para pagar las pensiones al nivel actual, pero esas mismas personas también tienen muy claro que no quieren trabajar más años para compensarlo. Casi nueve de cada 10 ocupados afirma estar en contra de retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años de edad, tal como están planteando ya algunos países europeos, como Dinamarca. Actualmente, la edad legal de jubilación en España está entre los 65 y 67 años, dependiendo de los años cotizados.
Aquí el Gobierno rechaza medidas de ese estilo, consciente de la amplia impopularidad que generan y prefiere apuntalar la sostenibilidad del sistema tirando de otros nichos de opinión que revela la encuesta. Funcas señala que el 30% de los actuales jubilados volvería a trabajar y, tal como avanzó ya EL PERIÓDICO, el Gobierno negocia con los agentes sociales medidas para promover los ‘mini jobs‘ entre los pensionistas. La idea es una especie de jubilación reversible, con incentivos para compaginar parte de la pensión con el salario de un empleo a tiempo parcial.
Es esa vía, la de dar incentivos para alargar la carrera profesional de los trabajadores, donde está insistiendo el Gobierno, ya sea con ese proyecto de jubilación reversible, así como reformas ya aprobadas y en vigor, como la jubilación activa, entre otros. Reformas que ya están dando sus frutos, tal como demuestra la evolución de la edad real y efectiva de jubilación, que este verano superó por primera vez los 65 años de edad.
Sin indicios de guerra intergeneracional
Uno de los debates entorno a las pensiones que ha ido cogiendo fuerza recientemente es una presunta guerra intergeneracional, entre unos jóvenes que consideran que los «privilegios» de los ‘boomers’ lastran su futuro. Un dato que recoge la encuesta y que va en contra de esa tesis es la percepción que hay del importe que cobra un pensionista y el salario mínimo vigente. Desde Funcas consideran que de haber un fuerte sentimiento de desigualdad intergeneracional, al menos por la vía de los ingresos, las prestaciones de los jubilados serían percibidas como mucho más altas que el SMI, un salario que muchos jóvenes perciben.
Pero los datos no muestran eso. Solo el 17% de los encuestados considera que la pensión media de jubilación es mayor que el SMI. Y la realidad es que la pensión contributiva media que paga la Seguridad Social es de 1.428 euros, frente a un salario mínimo que está en los 1.184 euros, es decir, casi 300 euros más bajo. «Los jóvenes no creen que los pensionistas estén cobrando mucho más que ellos», ha afirmado la investigadora de Funcas Elisa Chuliá, en rueda de prensa.
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