«Que a veces no haya cobertura en un móvil es entendible, pero que falle el dispositivo que protege tu vida, no. Te genera miedo, ansiedad, angustia y te hace revivir los peores momentos. Vivir con una pulsera que pita cada vez que la persona que te ha agredido se supone que se ha acercado, pero también cuando manipula el aparato o lo deja sin batería, te genera un estrés y un miedo constante». Estas son algunas de las reflexiones de las víctimas cuya expareja está controlada con un dispositivo de control telemático y que han llegado a la Fundación Ana Bella.
Su fundadora pone voz a la situación que viven las usuarias del sistema, que estos días siguen con preocupación la polémica que se ha desatado en torno a las pulseras, aunque son reacias a explicar su situación en primera persona, dado que tienen miedo a la reacción de su maltratador y, muchas de ellas, no quieren que su entorno sepa por lo que están pasando.
Ana Bella hace de portavoz y subraya que las quejas sobre los fallos de los dispositivos «no son de ahora», sino desde que se implantaron, en 2009, pero que en el último año se han incrementado, coincidiendo con el cambio de la empresa adjudicataria. Precisamente, la fiscalía ha denunciado, en su última memoria, que un error en el traspaso de datos entre las empresas que gestionan el servicio provocó en 2024 una «gran cantidad» –que no concretan– de absoluciones y sobreseimientos provisionales. Durante unos meses, la falta de datos en los juzgados hizo que no se pudiera corroborar si los agresores habían transgredido las órdenes de alejamiento en los juicios por quebrantamiento de condena.
La polémica ha puesto en cuestión todo el sistema y la gestión de los brazaletes que lleva a cabo el Ministerio de Igualdad
Aunque este fallo no ha puesto en peligro a las víctimas, porque según el Gobierno las pulseras siempre funcionaron, y no ha afectado a los juicios por violencia de género –sino a delitos de quebrantamiento de condena, que luego se reabrieron–, la denuncia fiscal ha levantado tal polémica que se ha puesto en cuestión todo el sistema y la gestión de los brazaletes que lleva a cabo el Ministerio de Igualdad. El PP, de hecho, pide la dimisión de la ministra, Ana Redondo.
«No son fallos puntuales»
En este contexto, Ana Bella, al frente de una de las principales asociaciones de víctimas, asegura que las pulseras son «eficaces» y «salvan vidas», dado que ninguna mujer ha sido asesinada mientras su agresor es controlado por un dispositivo telemático, pero hay que «invertir más» y efectuar algunos cambios para mejorar un sistema que «da fallos a menudo, no puntuales«.
Bella pone algunos ejemplos, como una mujer en Mairena del Aljarafe (Sevilla) que hace unos años tuvo que devolver el dispositivo porque en su municipio no había cobertura. También es frecuente, según su experiencia, que el aparato «pite» aunque el maltratador no haya transgredido la zona de exclusión. Y, además de sonar una fuerte alarma, que puede pillarte en el trabajo o una tienda, te llama la policía a la mínima para comprobar qué ha pasado, por lo que las víctimas con dispositivo viven «con ansiedad, miedo y angustia».
«Una víctima tuvo que llamar tres veces a la policía porque vio a su agresor y los agentes le decían que, según el dispositivo de seguimiento, estaba muy lejos. Se creía más al aparato que a la mujer»
Según Igualdad, el sistema se ha diseñado con un exceso de celo y es preferible que emita, de vez en cuando, falsas alarmas a que no avise cuando, efectivamente, el peligro es real y que lo importante es que, en todos los casos, se active el protocolo de seguridad. Pero Ana Bella también ha tenido conocimiento de una víctima «que tuvo que llamar tres veces a la policía porque vio a su agresor y los agentes le decían que, según el dispositivo de seguimiento, estaba muy lejos». «Se creía más al aparato que a la mujer», denuncia. Este caso se ha dado, según su experiencia, solo una vez.
Uso negligente para atemorizar
Lo que es más frecuente, continúa, es que los aparatos se queden sin batería, porque los maltratadores «no los ponen a cargar a propósito», o que los manipulen o los usen para entrar de vez en cuando en la zona de exclusión y seguir amedrentando a sus exparejas. «Nos llamó una mujer, de madrugada, llorando: la policía la había contactado porque su agresor había salido de prisión y llevaban 48 horas sin localizarle. Se había quedado sin batería y le dijeron que si le veía, que les avisara. La mujer tenía un miedo tremendo», relata.
Igualdad sostiene que en la licitación actual ya se han efectuado algunas mejoras, como que la plataforma y los datos sean del Gobierno y no de las empresas adjudicatarias, para evitar que en futuros traspasos entre empresas se pierdan. También mantienen que los dispositivos han mejorado: tienen baterías que aguantan más y son más sumergibles. Además, el ministerio apunta que, cara a la licitación prevista para 2026, se están estudiando más mejoras, como que las pulseras del maltratador se tengan que instalar obligatoriamente en el tobillo, para que sean más difíciles de quitar o arrancar que en las muñecas.
Peticiones de las víctimas
Ana Bella pide que, de cara a la nueva licitación, se busque un sistema que no requiera que el denunciado tenga que cargar el dispositivo todos los días dado que hay aparatos, como desfibriladores, que tienen baterías de larga duración y cuyo funcionamiento no depende, por tanto, de la voluntad del acusado. Y que a la mínima alerta no se llame a la víctima. En su opinión, los trabajadores del servicio o la policía deberían ponerse primero en contacto con el maltratador y tratar de solucionarlo, antes de alertar a la víctima.
La fundación reclama, además, que los dispositivos no emitan alarmas tan altas, que sean un poco más discretos y que las mujeres no tengan que llevar un dispositivo en forma de móvil consigo, sino que el sistema se pueda instalar, en una aplicación, en sus propios móviles o baste con llevar un reloj, para disimular mejor su situación.
Ana Bella indica, además, que las quejas de las mujeres y las propuestas de mejora se las han hecho llegar, en diversas ocasiones, a las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género.
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